viernes, 25 de mayo de 2018

Un complejo escenario enfrenta demanda de fideicomiso de PDVSA en EEUU contra 44 empresas por 10 billones de dólares

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La inusual y hasta ahora misteriosa demanda entablada en la corte del Distrito Sur de la Florida por el fideicomiso denominado Pdvsa US Litigation Trust contra 44 acusados —entre los cuales se encuentran grandes trasnacionales del petróleo como Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy y otras 15 personas— se vislumbra con un complejo panorama que sugiere un largo proceso  caracterizado por un sin número de obstáculos procedimentales, y una serie de argumentos contradictorios que hacen que la querella esté muy lejos de lograr los objetivos aspirados por el demandante [PDVSA] que es lograr una compensación por más de 10 mil millones de dólares.
La demanda civil del Fideicomiso (The U.S. PDVSA Litigation Trust) fue introducida el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pueda significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA. 

Uno de los obstáculos planteados con la querella es la oposición de los acusados a las principales argumentos de la demanda. Los demandados ya han hecho saber que tiene previsto presentar mociones para desestimar las diversas causas de la acción interpuesta por Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP. La primera es una firma de abogados que tiene en su historial una amplia representación de casos ligados al Estado venezolano y, en particular, a la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Varios de los equipos de defensa cuestionan en el hecho de que la constitución del Fideicomiso presenta lagunas que no han sido aclaradas, por lo que alegan que la creación de PDVSA US Litigation Trust no pareciera poseer real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. Este asunto ha sido explicado claramente por varios expertos del tema, entre quienes destacan los litigantes neoyorquinos, Richard J. Cooper y Boaz S. Morag, de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ambos abogados han escrito varios artículos especializados sobre esta demanda, en los cuales han hecho hincapié en la poca claridad que hay en los estatutos de limitación aplicables en la creación del fideicomiso y, si dicha figura, podría obtener la cooperación de PDVSA necesaria para responder a solicitudes de descubrimiento de este caso.

Cooper y Morag explican en un artículo titulado Actualización sobre PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al., que el caso plantea preguntas sobre si la acción legal "tendrá implicaciones para los acreedores financieros de PDVSA e, incluso, para los acreedores de la República de Venezuela, que pueden reclamar el valor económico de la demanda del Fideicomiso o cualquier recuperación, sobre la teoría de que el Fideicomiso persigue los reclamos para el único beneficio de PDVSA". 

La querella

La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

La trama se conoció en marzo del presente año 2018, cuando el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust acudió al citado tribunal para denunciar la acción de dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

En una audiencia en Miami en el mes de abril, la magistrada federal, Alicia Otazo-Reyes, concedió la moción de los acusados de anular las numerosas citaciones de un fideicomiso relacionado con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. y, también, dijo que permitiría un descubrimiento limitado sobre la cuestión de si la compañía tiene derecho a reclamar.

El principal acusado del caso, Francisco Morillo, ha movido sus piezas afincándose en el argumento que el Fideicomiso tiene graves fallas. De hecho, el acusado presentó el 26 de marzo de 2018 a la corte  una copia del "Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU." del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento. 

Según destacan estos papeles, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, muestra que el Fideicomiso nombra un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época, como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes es Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llama la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017. 

En el documento denominado Acuerdo del Fideicomiso dice que dicha figura fue creada "por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA". Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust. 

Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La demanda


Los demandantes aspiran encausar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, de supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello han presentado un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales que tienen lugar en diversas fiscalías de los Estados Unidos contra la petrolera venezolana por delitos de corrupción y lavado de dinero provenientes de la industria criminal.

La demanda civil que fue presentada específicamente el 5 de marzo de 2018 —fue enmendada— está dirigida a la procura del resarcimiento de los daños supuestamente ocasionados por los demandados al patrimonio de PDVSA.

Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspira obtener unos diez billones de dólares, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual ha levantado muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no hay claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se deja firmemente establecido que PDVSA sea el accionante.

Existen dudas acerca de quién será el beneficiario de la querella y para muchos venezolanos en el exilio resulta inaceptable que el despacho de abogados termine dándole entrada a millones de dólares a su caja registradora, pero el país, Venezuela —la esquilmada, robada y saboteada— no vea un solo centavo de esta demanda.

Ante estas dudas, el despacho de abogados, a través de Davis Boies, en una entrevista aseguró que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y dejó establecido que fue Petróleos de Venezuela, S.A. la que constituyó el mandato.

Sostuvo el abogado que el beneficiario de los 10 billones de dólares a que aspiran, más el pago triple por daños, será PDVSA Casa Matriz en Caracas.

Agregó Boies que ningún acreedor de la petrolera podrá intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso dado a que “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”[2].

Intimidación y soborno

Sostienen los abogados en la demanda que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

Refieren que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

El sello que mantenía oculta la demanda civil fue levantado por el juez federal del estado de la Florida, Darrin P. Gayles, lo que permitió conocer que la documentación que avala la averiguación revela que los acusados habrían establecido un esquema para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia. Todo ello a través del robo de información clasificada de PDVSA mediante la clonación de los servidores informáticos de la principal empresa venezolana.

La operación

Se conoció, que la operación fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Motivos de la demanda

La motivación de la demanda no parece estar lo suficientemente clara en razón, supuestamente, a que intereses distintos a la obtención de justicia pudieran estar empujando esta acción legal.
Se ha elucubrado que Wilmer Ruperti, empresario chavista que no contaba con la simpatía de Rafael Ramírez, pudiera estar intentando materializar una venganza.

Ruperti y Morillo mantuvieron una larga relación hace más de veinte años, el segundo fue un alto ejecutivo de Trafigure de Venezuela de la cual el primero era representante en esa época. Obtenía información privilegiada de PDVSA y desde esa posición logró importantes contratos en el área petrolera y energética, por los cuales obtenía generosos bonos y porcentajes de las ganancias.

Sin embargo, estos beneficios no resultaron suficientes para Morillo, quien decidió montar tienda aparte e, incluso, poner fin a la amistad que lo unía con Ruperti.

Morillo asumió el negocio para su propio beneficio y Ruperti perdió ascendencia en Petróleos de Venezuela, S.A. dada su mala relación con Rafael Ramírez, lo contrario a Morillo, quien logró acercarse otrora zar petrolero a través del cuñado de este, Baldo Sansó.

Pero cuando la mala racha tocó la puerta de Rafael Ramírez en 2017, Wilmer Ruperti habría entrado en acción y volvió a obtener contratos con PDVSA.

Francisco Morillo —establece la demanda— diseñó un supuesto esquema de corrupción en el que habrían participado varias trasnacionales que actuaron para ganar grandes dividendos en prejuicio de PDVSA, la cual debió afrontar pérdidas mil millonarias.

Así que no pocos estiman que la mano de Wilmer Ruperti se encuentra metida en este asunto y sería el motor de la demanda civil del fideicomiso de Petróleos de Venezuela, S.A. en contra de 40 demandados.

Para asegurar que se trata de una venganza de Ruperti contra Morrillo, los que así lo sostienen alegan que ambos supuestamente mantienen una verdadera guerra desde que rompieron relaciones; la existencia de una supuesta relación entre exesposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman con Ruperti; el nexo entre Ruperti y la firma de abogados Boies Schiller Flexner LLP; y la estrecha relación de Ruperti con Cilia Flores y Nicolás Maduro, que lo llevó a pagar los gastos de representación legal de los sobrinos de la pareja presidencial en el juicio en el que resultaron culpables por delitos de narcotráfico.

Sobre Vanessa Acosta Friedman hay que apuntar que la participación de esta fue fundamental en la demanda, pues ella aportó importantes elementos que revelan la trama y la naturaleza de los negocios de Francisco Morillo de quien obtuvo copia de los archivos contenidos en su computadora y los aportó a los autores de la demanda.

El informático clonador

Detrás de estos hechos estaría un personaje supuestamente responsable, de acuerdo a lo que establece la demanda, de ser el brazo ejecutor de la clonación.

Su nombre es Luis Liendo, quien se desempeñó durante dos décadas en Petróleos de Venezuela, S.A. hasta mayo del año 2015. Allí llegó a ser Administrador de Plataforma y de acuerdo al texto de la acusación presentada por el fideicomiso PDVSA Litigation Trust, fue quien llevó a cabo la clonación del servidor de la unidad de Comercio y Suministro de la empresa.

En la actualidad reside en la comunidad de MetroWest de Orlando, en el estado de Florida, donde se desempeña en la prestación de servicios de soporte en sistemas y como conductor de empresas de delivery y correo.

Luis Liendo, de 41 años, habría instalado un clon del servidor que permitiera el acceso en tiempo real a la información confidencial de la estatal petrolera[3].

En su página web, Liendo asegura que después de laborar por 18 años en PDVSA, se vio forzado a escapar de Venezuela debido a presiones por no estar de acuerdo con las políticas oficialistas. Refiere que decidió mudarse a Miami en razón de haber sido tildado de traidor por el chavismo y temía por su seguridad personal y la de su familia[4].

Sin embargo, los abogados de Boies Schiller Flexner LLP sostienen que Morillo y Baquero contrataron a Luis Liendo y lo trasladaron a Miami para que llevara a cabo la clonación del servidor de PDVSA en unas computadoras propiedad de los demandados.

Otras acciones

Aparte de la demanda de la que hemos dado cuenta en estas líneas, Petróleos de Venezuela, S.A. también presentó una acción judicial contra los ejecutivos de Helsinge Limited, Saint-Hélier cuya sede es Ginebra.

La demanda es por los mismos delitos supuestamente cometidos por los acusados, es decir, legitimación de capitales, soborno a funcionarios públicos extranjeros y los delitos de resta de datos.

La presentación legal de la estatal petrolera en la nación helvética está en manos del bufete suizo Canónica Valticos de Preux (CVP), el cual habría presentado la querella ante el tribunal el 13 de febrero de 2018.

Por esta acusación, las autoridades han emprendido el registro de las oficinas de la empresa el día 2 de marzo, así como el arresto de dos empleados, uno de ellos que trabaja desde Caracas y había viajado a Suiza para una reunión de trabajo, fue liberado luego de dos días de interrogatorios.

El otro empleado es un consultor, quien permaneció por once días tras las rejas en Champ-Dollon.

Ambos manifestaron su deseo de colaborar en la investigación.
Por cierto, fuentes ligadas a las averiguaciones del caso, informaron que supuestamente también Francisco Morillo y Leonardo Baquero han decidido colaborar con las autoridades[5].

Rechazo de la Asamblea Nacional

Ante estos hechos la Asamblea Nacional se pronunció y advirtió que el Poder Legislativo es el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”[7].

Unos sí y otros no

Por otra parte, resulta sumamente curioso el hecho de que la demanda entablada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust se establezca contra las transnacionales petroleras —Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy— así como a quince personas encabezados por Francisco Morillo y Leonardo Baquero, seguidos de otros directivos de las petroleras, pero no acuse a los funcionarios que habrían recibido los sobornos y que habrían permitido realizar las operaciones fraudulentas.

La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP está dirigida a:

Del Grupo Morillo incluye a Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan.

Mientras que las empresas demandadas son: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

Entretanto, los ejecutivos de las empresas acusados son: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paul Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez, Campo Elias Páez[7].

Seguiremos informando...

Notas

[1] Update on PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al. https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/trust-litigation-update-article-4-10-18-pdf.pdf

[2] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 11 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[3] Aporrea. “Informático que clonó servidor para fraude comercial en PDVSA es activista opositor, vive en Florida y trabaja como repartidor de encomiendas”. 12 de marzo de 2018. https://www.aporrea.org/contraloria/n322138.html

[4] Luis Liendo. It tech & amateur photographer. http://luisliendo.com/

[5] Venezuela Política. “Principales acusados en demanda civil de Pdvsa en Miami dispuestos a colaborar con justicia norteamericana”. 14 de marzo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/03/principales-acusados-en-demanda-civil.html?platform=hootsuite

[6] Cuentas Claras Digital. “Caso Pdvsa US Litigation Trust | Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio de Pdvsa en EEUU”. 5 de abril de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/caso-pdvsa-us-litigation-trust-asamblea-rechazo-la-cesion-de-derechos-de-litigio-de-pdvsa-en-eeuu/

[7] Cuentas Claras Digital. “El extraño caso del fideicomiso de PDVSA en EEUU: La petrolera demanda a estafadores y trasnacionales pero no a los funcionarios que aceptaron sobornos”. 22 de abril de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/el-extrano-caso-del-fideicomiso-de-pdvsa-en-eeuu-la-petrolera-demanda-a-estafadores-y-trasnacionales-pero-no-a-los-funcionarios-que-aceptaron-sobornos/

domingo, 20 de mayo de 2018

Demandan por daños y perjuicios a los "Bolichicos" en una corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una nueva demanda, esta vez por daños y perjuicios, fue interpuesta en Nueva York contra los dueños de la empresa Derwick Associates Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López, todos de nacionalidad venezolana y conocidos en la prensa como los "Bolichicos". Asimismo, la querella incluye a dos norteamericanos, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch.

La demanda fue presentada el 10 de mayo de 2018 en la Corte del Distrito Este de Nueva York de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales', conocida como "RICO".  Este tribunal tiene jurisdicción en la totalidad de los condados de Long Island y Staten Island.

El demandante es el activista de derechos humanos, Thor Halvorssen quien acusa a los contratistas venezolanos de haber  incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra  por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por los propietarios de Derwick ante las autoridades federales. 

Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton.

Según el documento legal, Halvorssen tiene una trayectoria como activista de derechos humanos y como defensor de la transparencia en el gobierno y contra la corrupción, es especial en su natal Venezuela. Debido a su posición, ha denunciado los negocios ilícitos de Derwick Associates, una empresa contratista supuestamente dedicada a la construcción de plantas de energía eléctrica. 

Dice la demanda que Derwick es propiedad de Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López y que dichos individuos tomaron represalias contra Harvorssen luego que éste denunciara que los venezolanos habían  supuestamente cometido numerosos crímenes federales junto con Derwick.

Destaca la querella que los demandados contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un  expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights  con sede en Nueva York.  Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO.

La acusación argumenta que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción general sobre Simpson y Fritsch como ciudadanos de los EE. UU. y que la conspiración demandada se inició y se llevó a cabo en el distrito este de Nueva York. Asimismo, alega que la corte también tiene jurisdicción específica sobre los venezolanos en base a que todos poseen contactos significativos con los EE. UU.
En la demanda contra la contratista eléctrica venezolana, Halvorssen asegura que posee una grabación donde Francisco D’Agostino-Casado asegura que es accionista de Derwick.

En lo que respecta a GPS Fusion, el demandante sostiene que D’Agostino contrató a esta empresa perteneciente a Glenn R. Simpson y Peter Fristch, para que desarrollaran una campaña de desprestigio en perjuicio de Thor Halvorseen en razón de que este había dado a conocer informaciones relacionadas a los hechos de corrupción supuestamente cometidos por los directivos de Derwick.
Pero la campaña de desprestigio supuestamente orquestada por Derwick y puesta en marcha por GPS Fusion, no solamente estaría dirigida afectar al presidente de Human Rights Foundation, sino también al comunicador Alek Boyd  , ampliamente conocido por sus denuncias de casos de corrupción. 

En el libelo judicial, Thor Halvorseen exige ser una indemnización de, al menos, USD 15 millones. También demanda que contra Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López se emita orden judicial dirigida a evitar que continúen violando la Ley Rico. Y es que Halvorssen considera que estar involucrado Boyd, quien está radicado en el Reino Unido, los acusados incurren en la violación de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) al estar en presencia de una confabulación entre empresas internacionales con una compañía estadounidense orquestando así un esquema criminal.

Expone Thor Halvorseen que los dirigentes políticos venezolanos, Diosdado Cabello y Henry Ramos Allup —quien es cuñado de Francisco D’Agostino— habrían sido informados por los demandados para que estos también le atacaran desde Venezuela a través de los medios de comunicación. 

La intención de los acusados habría sido evitar que Halvorseen continuara denunciando las supuestas prácticas y esquemas de corrupción en que son señalados los primeros.

Halvorseen aseguró el gobierno de Venezuela supuestamente pagó 2 mil millones de dólares los propietarios de Derwick por unas plantas eléctricas que solamente resultaron ser chatarra obtenida en varios países. Los equipos se habrían comprado entonces, no solamente con sobreprecio, sino siendo estos inservibles.

El caso de los llamados “bolichicos” involucró la suscripción de doce contratos con empresas públicas venezolanas —PDVSA, Sidor, Corpoelec— sin que la empresa contratada, Derwick, tuviera experiencia alguna en el ramo eléctrico. La milmillonaria inversión en nada contribuyó, por tanto, a mejorar la grave crisis eléctrica que padece Venezuela y cuya atención, en aquel momento,  llevó al gobierno a decretar la emergencia y, con ello, permitió la contratación por vía de adjudicación directa sin que se recurriera a procesos de licitación como exige la ley. Hallvorseen dijo que tal inexperiencia quedó en evidencia cuando Derwick recurrió a la subcontratación de la empresa ProEnergy.

Todos estos elementos son utilizados por Halvorseen en la demanda en la que señala que los sujetos objeto de su acusación se valieron de sus influencias y conexiones políticas para la obtención de los contratos para los que no estaban calificados, los cuales les permitieron hacerse de la noche a la mañana de una gran fortuna. 
Según Halvorseen, los empresarios venezolanos supuestamente estructuraron su riqueza a través de ventas con sobreprecio al estado venezolano y lograron hacerse de los referidos contratos mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno responsables de las empresas estatales.

Otras demandas contra los acusados

En 2013,  el exembajador Otto Reich acusó a tres de los empresarios demandados en esta nueva querella por Harvorssen, a saber, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D'Agostino, por haber pagado coimas a funcionarios venezolanos. A cambio, dice la demanda, obtuvieron al menos una decena de contratos en el sector eléctrico valorados en unos USD 1.000 millones. Luego de una larga batalla legal, en 2017, tanto un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Manhattan, como la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, desestimaron la demanda alegando que el tribunal carecía de jurisdicción para tomar el caso. Ver detalles aquí y en este otro enlace.

Esta nueva querella, cuenta un equipo de abogados expertos en la conocida Ley RICO. Fuentes de la corte neoyorquina informaron a esta reportera que el caso es asesorado por quien fuera el autor de la  mencionada legislación y quien actuara como asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, G. Robert Blakey.

sábado, 19 de mayo de 2018

"El Chapo" Guzmán se enfrenta a una 'tortura psicológica', según su defensor

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán dijo que debido a las condiciones de 'tortura psicológica' en las que se encuentra su cliente, no está seguro que el narcotraficante esté en condiciones para ser juzgado en septiembre de 2018.
El abogado, Eduardo Balarezo ha denunciado  en varias oportunidades ante la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York, que el régimen de aislamiento al que está sometido su cliente en el Centro Correccional de Manhattan ha deteriorado su salud.

Balarezo denunció que Guzmán no recibe visitas de sus familiares, sólo de sus abogados y asistentes legales. 

El tribunal ha negado en varias oportunidades la solicitud de la defensa de cambiar las condiciones de encarcelamiento del narcotraficante alegando que capo tiene una amplia conducta criminal y que se ha escapado varias veces de cárceles de máxima seguridad en México.

La próxima audiencia del caso Guzmán tendrá lugar el 26 de junio de 2018, según el calendario anunciado por el juez Brian Cogan. Esta cita estaba prevista inicialmente para el 30 de mayo. 

Balarezo denunció que Guzmán está aislado en su celda por 23 horas al día y sólo tiene una hora para hacer ejercicios, y que algunas ocasiones la seguridad no le permite salir. 

La defensa sostiene que la rigurosidad de las condiciones de detención pueden ser contraproducentes para el acusado quien será sometido a una segunda evaluación sicológica en los próximos días. 

Evidencias 

El 17 de abril de 2018, los fiscales federales informaron al juez la dificultades que han tenido para obtener todas las evidencias que deben entregarse al tribunal antes del juicio del célebre narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, motivado a que muchas de las pruebas vienen del extranjero. 

Cogan fijó como fecha límite para la consignación de los documentos el 19 de mayo de 2018. La defensa pidió al tribunal limitar la cantidad de nuevas pruebas que los fiscales podrían presentar en el caso antes del juicio, diciendo que no las entregaron con la prontitud deseada.

"Según ellos, han estado investigando al Sr. Guzmán desde los años 80", dijo Balarezo, quien advirtió que era ya el tiempo de poner todo lo que tienen sobre la mesa. 

Cogan también informó que tenía previsto convocar entre 800 a 1,000 personas para seleccionar los potenciales jurados para el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El proceso durará al menos tres meses y se prevé que el mismo sea complejo y extremadamente polémico.

En relación con el jurado, el juez advirtió que el proceso de selección será cuidadoso, que se realizará en las próximas tres semanas y que los potenciales jurados llegarían a la corte a fines de julio y principios de agosto para recibir los respectivos cuestionarios. 

El juicio se iniciará en el mes de septiembre de 2018.

El juez explicó que el elevado número de personas a integrar el jurado se debe a la necesidad de seleccionar las personas idóneas para atender un caso de la magnitud del de Joaquín Guzmán Loera.

Desvían millones de fondo de Bandes para lavarlos en Nicaragua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un esquema de corrupción que incluye desvío de fondos del estado venezolano, desacato de órdenes impartidas, usufructo irregular de bienes y personal de una institución pública, otorgamiento indebido de créditos habría tenido lugar en las oficinas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en Nicaragua bajo la gestión del actual director externo de Petróleos de Venezuela, Simón Zerpa Delgado, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2017.  



Una investigación iniciada sobre la base de documentos y testimonios logrados a través de fuentes ligadas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) puso al descubierto el mecanismo utilizado por un grupo de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para hacerse de dinero proveniente del erario público venezolano e invertirlo en un negocio privado que beneficiaría a los involucrados una vez concluyan sus funciones gubernamentales. Las evidencias muestran la participación de quien fuera presidente de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y actual ministro popular para la economía y finanzas,  Zerpa Delgado, en conjunto con la gerente de Bandes, María Auxiliadora Díaz Gómez. He aquí la historia.

Manejos irregulares en Bandes

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela se fundó por iniciativa del gobierno venezolano, para entonces presidido por Hugo Chávez Frías, en 2001 mediante el Decreto N° 1.274 con Rango y Fuerza de Ley de Transformación del que hasta ese entonces había sido el Fondo de Inversiones de Venezuela, FIV. De acuerdo a lo que reza su página web[1], su núcleo de trabajo es “brindar asistencia financiera y técnica para la expansión de la infraestructura social y productiva del país, a fin de contribuir con el desarrollo equilibrado de las distintas regiones. Estos esfuerzos, que requieren grandes despliegues financieros y sostenimiento a largo plazo, encontrarán en Bandes un equipo técnico altamente capacitado para un desenvolvimiento eficiente”. Agrega que “Como eje transformador del modelo rentista venezolano, Bandes tiene el papel de apoyar sectores productivos con potencial para exportaciones, convirtiéndose en el respaldo necesario para los actores que quieren y pueden contribuir a la diversificación de los ingresos de la Nación”.

Para 2008, el Ejecutivo Nacional emitió un nuevo decreto, el N° 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)[2], en razón de desvincularlo de las obligaciones que se le habían adjudicado, las cuales no eran “compatibles con su naturaleza de Banco de Desarrollo”, establece la exposición de motivos.

Allí, el artículo 2 estipula que el “Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) es un banco de desarrollo que tiene por objeto promover el desarrollo económico-social y financiar actividades, a través del apoyo técnico y financiero a las inversiones sociales y productivas nacionales e internacionales de acuerdo con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Asimismo, en el artículo 10 se indica que el Bandes “podrá movilizar depósitos en divisas sin la obligación de convertirlos en moneda nacional y no estará sometido a restricciones en lo que respecta a términos, limitaciones y modalidades de sus operaciones y posiciones en divisas”.

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela contempla, y así es posible verificarlo en el citado sitio web en internet, trabajar en el afianzamiento de sus lazos de “fraternidad, cooperación y financiamiento internacional” y, en tal sentido, prevé la “creación de alianzas que generen una política permanente de financiamiento solidario para el impulso, encadenamiento económico y productivo de nuestra América, así como la construcción de un mundo pluripolar con principios humanos e integradores”.

En atención a esto, ha establecido Bandes Uruguay, mantiene alianza con Prodem Bolivia y el Banco de Desarrollo de América Latina, al tiempo que posee oficinas de representación en Ecuador, China y Nicaragua[3].

De acuerdo a documentos en nuestro poder, existen una serie de irregularidades ocurridas en las oficinas del Bandes en Managua  que se habrían cometido durante la gestión de Simón Zerpa Delgado. De hecho, una fuente de PDVSA La Campiña —que pidió mantenerse en el anonimato— sostiene que "los hechos de corrupción fueron cometidos por el mencionado funcionario tras su decisión de incorporar a la institución a María Auxiliadora Díaz Gómez, aun cuando esta no contaba con la preparación ni la experiencia para ocupar los cargos en que se le ha designado". Agrega que "Zerpa y Díaz Gómez se conocieron cuando el primero cumplía funciones en la Cancillería y, desde entonces, le acompaña en las distintas posiciones que le ha tocado desempeñar en la administración pública".
Testimonios logrados para esta historia señalan que Zerpa y Díaz mantienen, o mantuvieron, una relación sentimental que se inició cuando ella aún se encontraba comprometida con Jesús Alberto Montilla Lugo, hijo del exdiputado y exgobernador del estado Falcón, Jesús Montilla Aponte y Stella Lugo —también exgobernadora de esa entidad— noviazgo que supuestamente se rompió al conocerse la infidelidad.

La fuente consultada asegura que Simón Zerpa Delgado nombró a Díaz, quien es politólogo de profesión, como Gerente de Financiamiento Internacional del Bandes, violando la normativa vigente para los requerimientos de los candidatos a ocupar ese cargo.

El testimonio señala que en marzo de 2016,  Zerpa Delgado habría decidido enviar a María Auxiliadora Díaz a la Oficina de Representación del Bandes en Nicaragua. Quería el presidente de la institución financiera —según refiere uno de nuestros informantes— alejarla del foco de atención de su esposa y de quienes hasta el momento en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en Caracas criticaban y censuraban la gestión de la mujer en la institución financiera.

El plan B

Oficialmente, Díaz Gómez tenía una misión que cumplir en Nicaragua respecto al Bandes: el cierre de la oficina, pues así lo había recomendado el personal especializado del banco en Caracas. Hasta ese entonces, desde su inauguración[4], la institución había funcionado en el piso 5 del Centro Financiero Invercasa, frente al Colegio La Salle, en Managua, afirma las fuentes.
Asimismo, señala que "adicional a la función oficial, el traslado de Díaz Gómez a Managua habría estado motivado por el interés de Simón Zerpa y María Auxiliadora Díaz Gómez —como tantos otros funcionarios del oficialismo venezolano— de buscar nuevos territorios donde resguardar sus fortunas ante la debacle que ha experimentado el proyecto revolucionario venezolano en los últimos tiempos".

En razón de esto, desde su llegada a Managua, la atención de la gerente país del Bandes Nicaragua estaba fija en la materialización del citado plan B y —sostienen las fuentes— se dedicó a hacer negocios, supuestamente con los fondos de financiamiento de la institución bancaria.

Entonces decide cambiar la orden emanada en Venezuela y el cierre de la oficina se convierte en la de reducción de gastos y, en este sentido, muda el Bandes a la sede de Bancorp ubicado en el Centro Financiero BANCORP, S.A.[5] el cual opera desde el 6 de abril del 2015 y es propiedad de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), entidad especializada en fideicomisos[6]. Bancorp es una entidad que es manejada por operadores vinculados a la familia presidencial nicaragüense. La entidad que “administra los fondos del acuerdo petrolero con Venezuela, despuntó este pasado mes de noviembre como prestamista del Estado”[7], asegura una nota del diario la Prensa.

En el punto de cuenta N° 79.1-17 de fecha 24 de febrero de 2017—en nuestro poder— la Gerencia Ejecutiva de Cooperación y Financiamiento Internacional, a cargo de Reiner Merentes, solicita a la presidencia del Bandes la aprobación de la mudanza de la ORBN toda vez que, a la fecha de la petición, los gastos relativos a alquiler, condominio, electricidad e impuesto suman USD 61,889.62, equivalentes al 47 por ciento de las erogaciones de los gastos operativos del año 2016, sin que esto incluya otros gastos indirectos por aproximadamente USD 13.611.06 que representa un 10 por ciento de los gastos operativos la ORBN.
Justifican la mudanza a tres oficinas cedidas en comodato en las instalaciones de Albanisa, específicamente en la sede de Bancorp en Lomas de Monserrat en el segundo piso del Edificio Centro Financiero Bancorp, en el hecho de que permitiría un ahorro de USD 68.078,01.

Esta petición de Merentes obedeció a la solicitud que María Auxiliadora Díaz, Gerente País de la ORBN, le presentó en el memorando N°33 el mismo día 24 de febrero de 2017.

En el memorando N° 32, curiosamente de fecha posterior (3 de marzo de 2017) pese a que la numeración precede al anterior, María Auxiliadora Díaz, le informa a Reiner Merentes que le remite el borrador con las correcciones al contrato de comodato de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Consultoría Jurídica de Bandes Casa Matriz.

La alianza Bandes-Bancorp

La mudanza de la Oficina de Representación del Bandes en Nicaragua a la sede de Bancorp hizo levantar las sospechas en Caracas de que se quería retomar un proyecto de alianza entre las dos instituciones que manejaron Simón Zerpa y Francisco López (vicepresidente de Albanisa para entonces) en noviembre de 2015, pero que fue rechazado por la junta directiva del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela por ser lesiva a los intereses venezolanos.
En nuestras manos está una presentación del proyecto de alianza Bandes-Bancorp que para aquella fecha, Zerpa y López, reunidos en Managua, analizaron planteando la posibilidad de instalar una ventanilla de la Oficina de Representación del Bandes en su institución y a objeto de verificar la viabilidad del asunto quedaron en consultar a la Superintendencia de Bancos y Otras  Instituciones Financieras, (SIBOIF), de Nicaragua, si existía alguna limitación legal que impidiera establecer ventanilla o asociación (participación accionaria) con bancos Internacionales.

Vista esta situación, Bandes se dedica a analizar la propuesta de instalación de ventanilla en Bancorp de la Oficina de Representación del Bandes, a fin de alinear visiones y lograr objetivos operativos, legales y financieros estratégicos para el Estado Venezolano.

Las dos instituciones acuerdan, entretanto, de modo de delimitar y facilitar el manejo y comprensión del proyecto, abordar el análisis bajo la figura de alianza estratégica, entendiendo por esta, acuerdos de  cooperación entre Bandes y Bancorp que se unen para lograr y desarrollar ventajas de carácter competitivas que no alcanzarían por sí mismas en un periodo o plazo determinado.

En la citada presentación se definen los posibles objetivos de la alianza estratégica, siendo el objetivo de permanencia del Bandes conseguir la supervivencia de la institución en su expansión internacional. “Se trata de un objetivo dirigido a impedir la pérdida de eficacia recursos financieros, tiempo y esfuerzo. Se basa en capitalizar en lo técnico-financiero su permanencia en Nicaragua brindado apoyo financiero que le originen sostenibilidad, rentabilidad, compartir riesgos, recompensas. (La expectativa debería ser el cambio de su perfil de oficina de representación a una figura que le permita los objetivos antes mencionados)”.
Por su parte, el objetivo de expansión de Bancorp sería “alcanzar una ventaja competitiva a través de la alianza. La finalidad consistiría en el aumento de la eficacia para: lograr experiencia en el ámbito bancario que pretende desarrollar; establecer corresponsalías y obtener líneas de crédito internacionales; hacer frente a sus competidores; compartir riesgos e inversiones; obtener recursos técnicos y habilidades para el desarrollo de sus debilidades estratégicas; lograr aprendizaje organizacional/reducción de incertidumbre”.
El proyecto preveía que Bandes hiciera un aporte de capital a Bancorp el cual provendría de la deuda de Nicaraocoop R.L con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, la cual para el 30 de noviembre de 2015 se situaba en USD 9.165.968,75.
Según la propuesta, esta operación habría garantizado, por un lado, el cobro de la deuda y, por el otro, la inversión de estos recursos en Nicaragua (en Bancorp) y, por ende, el posicionamiento de Bandes en la nación centroamericana, que pasaría de ser una Oficina de Representación a constituirse en un accionista de un banco.

La estrategia de Bandes era capitalizar en lo técnico-financiero su permanencia en Nicaragua de manera de adquirir sostenibilidad, rentabilidad, compartir riesgos y recompensas.

También disponemos de la “Propuesta de Alianza Estratégica y Recuperación de Cartera Bandes-Bancorp”, la cual proponía la “como solución para los proyectos operados por NICARAOCOOP R.L, el pago por subrogación, siendo la Cooperativa CARUNA, R.L., el órgano encargado de realizar los desembolsos que se constituirían en capital accionario en BANCORP: Pago por subrogación: Este procedimiento consiste en que una tercera persona (CARUNA, R.L.), realice el pago en nombre de NICARAOCOOP R.L.”
Más adelante indican que para “materializar la recuperación de la deuda de NICARAOCOOP R. L., previa la evaluación y aprobación del Fondo para la Cooperación Internacional (FCI) se requiere que: 1. El gobierno de Nicaragua, reconozca la deuda de NICARAOCOOP, con base a los acuerdos suscritos en el Acta Final de la I Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – Nicaragua, antes mencionados. 2. El gobierno nicaragüense ejecute el pago de la deuda, a través de su ente financiero CARUNA R.L., o la institución que ellos definan. 3. Con el monto recuperado y previa aprobación de la Junta Directiva de BANCORP, destinar una fracción cercana al 50% a realizar una inversión de capital para compra de acciones en dicha institución y dirigir el monto restante a créditos reembolsables de la ORBN, revisando que las tasas de interés le permitan a la Oficina ser sostenible”.
El proyecto estimaba que para llevar a cabo lo planteado en los puntos 1 y 2 eran suficientes unos 30 días hábiles, mientras que para materializar el punto número tres los estatutos del Banco Corporativo Sociedad Anónima establecen un lapso de un año para el proceso de oferta y adquisición de acciones, tiempo que podía reducirse con el concurso de la junta directiva.

Además, una serie de oficios fechados el 13 de octubre de 2017 y numerados secuencialmente 121, 122, 123, 124 y 125 —también en nuestras manos— en los que se ordena al centro Financiero Lafise Bancentro realizar las transferencias interbancarias de los fondos del ORBN depositados en esa entidad a Bancorp, da cuenta de que en la práctica, la alianza estaba en desarrollo.

Las alarmas se encienden en Venezuela

La mudanza de Bandes a la sede de Bancorp despertó en Caracas las sospechas de que el descartado proyecto de alianza entre las dos instituciones estaba siendo retomado, aun cuando se había advertido que el único beneficiado con esto era el gobierno de Nicaragua.

Yelitza Josefina Guillen Ceballos, auditora en jefe de Bandes, decidió trasladarse a mediados del año 2017 a Managua para constatar in situ lo que estaba aconteciendo, según puede apreciarse en un informe en nuestro poder.
La directora del departamento de auditoría interna del Bandes procedió a auditar la oficina de representación del banco en Nicaragua y del análisis de las cuentas afloraron diversas anomalías en el manejo de los fondos, así como discrepancias en las cifras de la entidad en Managua con respecto a los registros de la entidad en Caracas.

El bloqueo impuesto a Venezuela por los Estados Unidos se convirtió, entonces, en la excusa perfecta para justificar la discordancia.

Las sanciones del gobierno estadounidense sirvieron a los responsables de la Oficina de Representación del Bandes en Nicaragua para explicar la razón de la no repatriación a Venezuela del capital e intereses de los fondos del Alba y el Fondo para la Cooperación Internacional, FCI —unos 10 millones de dólares— entre los que se cuentan el capital, intereses y garantías de los proyectos de la cooperativa Nicaraocoop, los cuales fueron migrados del banco Lafise Bancentro a Bancorp.

Los resultados de la auditoría

Con fecha 14 de noviembre de 2017 la auditora interna encargada del Bandes, Yelitza Josefina Guillén Ceballos, remitió a la Gerente País de la Oficina de Representación Bandes Nicaragua, María Auxiliadora Díaz, el memorando N° Al/CA/214/2017 cuyo asunto era la Remisión Informe Definitivo de Auditoría N° Al/CA/032/2017 con el que se evaluaron las operaciones realizadas llevadas a cabo por la Oficina de Representación de Bandes Nicaragua (ORBN) y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados, así como el cumplimiento de las normas y el control interno durante el período julio 2016 a mayo 2017.

Se solicitó que una vez conocido el citado informe, la ORBN debía presentar las acciones a adoptar y el cronograma de ejecución de las mismas, a fin de atender las sugerencias formuladas a través del que debería ser el "Plan de Acciones Correctivas” en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del memorando.

Se explicaron los procedimientos aplicados durante la auditoría y se indicó que la revisión se efectuó de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Venezuela en materia de control fiscal.

En este sentido, se practicaron pruebas de cumplimiento y demás pruebas de auditoría a los datos disponibles en la ORBN con el objetivo de evaluar la razonabilidad, exactitud y sinceridad de la información financiera.

Se verificaron selectivamente los gastos incurridos por la ORBN, constatando el adecuado registro presupuestario y contable en Bandes.

Se constataron selectivamente los aportes de recursos realizados por Bandes a la ORBN y su adecuada aplicación.

Se verificaron las gestiones de cobranzas realizadas a la cartera de proyectos al momento de la visita, así como los informes de seguimientos efectuados a los mismos por la ORBN, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se constató la existencia y estado de conservación de los bienes de uso asignados a la ORBN, así como las pólizas de seguros contratadas.

Se realizaron visitas de inspección a los proyectos "Financiamiento a Pequeños Productores Agropecuarios" (reembolsable) y "Una Casa Mejor" (no reembolsable).

En informe de auditoría indica que la cartera de créditos administrada y reportada por la ORBN al 31 de mayo de 2017, la conformaban tres proyectos reembolsables otorgados con recursos del Fondo para la Cooperación Internacional, por un total de USD 6.805.320,15 y seis proyectos no reembolsables, otorgados con recursos del FCI y Fondo Alba, por un total de USD 35.368.000,00.
En el informe de auditoría también refirió la constitución de la nómina de la ORBN, conformada por tres funcionarios expatriados (venezolanos) y seis funcionarios nicaragüenses, a saber:
Luego de analizar la información financiera relativa a caja chica, cuentas bancarias, cauciones, garantías de crédito y gestión de cobranzas, gastos de nómina, bienes de uso, el plan operativo anual y los indicadores de gestión, la información presupuestaria, el plan de negocios, los manuales de normas y procedimientos y de haber realizado visitas de inspección a los proyectos financiados, los auditores emitieron sus conclusiones y recomendaciones.

En ese sentido, la auditoría estableció que en la Oficina de Representación de Bandes Nicaragua la información financiera suministrada es razonable, exacta y sincera.

Sin embargo, advierte que la ORBN no concretó el plan de negocios a los fines de que la gestión de la ORBN se lleve a cabo de acuerdo al plan de negocios del Bandes y así asegurar que los recursos financieros asignados sean destinados a proyectos alineados en las políticas de financiamiento y cooperación internacional.

Se determinó que el resultado de la gestión alcanzó un nivel bajo de cumplimiento en las metas establecidas, en detrimento de la eficiencia, eficacia, economía, calidad de las operaciones realizadas en la ORBN.

En materia de control interno se estableció la ausencia de mecanismos de cobranza judicial y extrajudicial expeditos con relación a la cartera de crédito vencida, así como la carencia de acciones oportunas en el desvío de los objetivos de cobranza; gastos de nómina no contemplados en la estructura organizativa de la ORBN en razón de la contratación de dos funcionarios con el mismo cargo de Especialista Administrativo; manuales de normas y procedimientos no actualizados con respecto a la operatividad, estructura organizativa y funcional vigente.

La auditoría detectó debilidades en materia del registro exacto y oportuno de las operaciones de la oficina por parte de las unidades de Bandes en Venezuela.

En este sentido, las cuentas bancarias para el pago de pasivos laborales no están registrada en los Estados Financieros de Bandes.
Las cuentas bancarias correspondientes al FCI presentan diferencias entre los saldos registrados en los libros de la contabilidad del Fondo y los registros contables conciliados por la ORBN.

Los financiamientos otorgados con vencimientos de la primera cuota de más de noventa días aparecen clasificados contablemente como créditos vigentes.

Existen amortizaciones de crédito no registradas contablemente.
Hay partidas presupuestarias que presentan diferencias entre los saldos según libros de la ORBN y el presupuesto consolidado de Bandes.

Los procedimientos aplicados por la Coordinación de Bienes de Uso de Bandes no garantizan el registro exacto y oportuno de los bienes asignados a la ORBN, así como su debida cobertura contra daños o pérdidas.

Existe personal, sujetos de caución, no incorporado en la póliza de fidelidad de Bandes.

En pocas palabras, la ORBN no estaba cumpliendo con su cometido, sobre todo si se toma en cuenta que esta dependencia del Bandes no recibe depósitos del público y su fuente de ingreso depende de la recuperación de su cartera de créditos.

Los auditores recomendaron coordinar las acciones necesarias con las áreas administrativas y contables de Bandes que intervienen en los procesos administrativos, financieros, presupuestarios y contables de las operaciones generadas por la ORBN, con el objetivo de promover los registros, conciliaciones y ajustes pertinentes que garanticen la veracidad y exactitud de la información relacionada con: póliza de fidelidad del personal sujetos de caución; cuentas bancarias; cobranza judicial y extrajudicial; registros presupuestarios; registros de la cartera de crédito; bienes de uso y cobertura contra daños o pérdidas; nómina de personal.

Elaborar un Plan de Negocios de la Oficina de Representación Bandes Nicaragua, con base al Plan Estratégico del Banco, que asegure que los recursos financieros asignados se destinen a proyectos que estén alineados a la política de financiamiento y cooperación internacional y que atienda a las expectativas económicas y sociales de esa nación.

Actualizar los manuales de normas y procedimientos y demás instrumentos de control interno que regulen la operatividad de la ORBN; a los fines de optimizar la gestión de la misma.

Las pérdidas

Esta situación generada hipotéticamente —de acuerdo a la versión esgrimida por María Auxiliadora Díaz— por las sanciones norteamericanas a Venezuela, ha conllevado a que la Oficina de Representación Bandes Nicaragua presente pérdidas, por cuanto, de acuerdo a los indagaciones que hemos llevado a cabo, la repatriación de capitales y los intereses generados sobre los fondos Alba y el Fondo de Cooperación Internacional, así como el capital intereses y garantías de los proyectos de la cooperativa Nicaraocoop, constituyen las ganancias que obtiene el Bandes de sus oficinas en el exterior.

En concreto, el retorno de las inversiones se erige como el beneficio del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

Al concentrarse ahora la custodia de los valores del ORBN en Bancorp sin que puedan ser repatriados a Venezuela, los ingresos del Bandes en la nación centroamericana solamente están beneficiando al gobierno nicaragüense.

Más aún, al constatarse que una serie de proyectos que fueron ampliamente promocionados por los gobierno sandinista y venezolano, como La Fábrica de Sacos de Rafia y el financiamiento de tractores con el programa VenIran, nunca se concretaron en Nicaragua.

Es de hacer notar que el Gerente País que precedió a María Auxiliadora Díaz, Miguel Gómez Amoreti, fue despedido por presiones del gobierno de Daniel Ortega en razón a que en todo momento se opuso a la condonación de la deuda nica con Venezuela. Es posible constatar en memorandos —los números 29 y 30, por ejemplo, de fecha 30 de enero de 2015— en nuestro poder, cómo Amoreti da cuenta de las transferencias de los recursos recuperados de los financiamientos otorgados a la República de Nicaragua del Fondo para la Cooperación Internacional, FCI.

Tampoco Marcial Sánchez, quien también ocupó la gerencia país del ORBN comprometió los intereses venezolanos con alianzas y, mucho menos, la condonación de las acreencias.

Pero a todo lo que no accedieron ni Amoreti ni Sánchez, sí lo hizo María Auxiliadora Díaz, quien procedió a efectuar la mudanza, a transfer los fondos a Bancorp y comenzó los trámites y negociaciones para proceder a perdonar la deuda nicaragüense con la entidad.

El “Happy”

María Auxiliadora Díaz no perdió de vista la ejecución de su plan B, el cual comenzó a materializarse el 28 de abril de 2017, cuando ante la Notario Público Perla Marina Tablada Peralta, se presentaron el acta constitutiva y estatutos de la empresa Happy Restaurant y Bar Sociedad Anónima, quien la inscribió debidamente bajo el Número Único MG00-22-005597, Asiento Primero (1); e inscrita como comerciante bajo el Número Único MG00-22-005597 Asiento Segundo (2) ambos del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua.

Esto se evidencia en un documento que poseemos, el cual fue presentado el 7 de junio de 2017 ante la Notario Público, Johanna Chavarría M. —la misma que figura en la nómina de la ORBN como abogada— por Huankar Martín Espinoza Sánchez en su carácter de presidente de Happy Restaurant y Bar para conferir un poder especial a Luís Ariel Rayo —quien también figura como especialista contable en la nómina de ORBN— para gestionar ante todas las instancias nicaragüenses los asuntos administrativos relativos a la apertura y puesta en funcionamiento de la empresa.

El Happy está ubicado en el segundo piso, módulo 209, de Plaza Centroamérica de Nicaragua, un lujoso centro comercial recién inaugurado en una de las vías más concurridas de Managua, a saber, la carretera a Masaya.

Igualmente nos llegaron todas las facturas de compra de insumos, equipos y accesorios, así como recibos y contratos que se llevaron a cabo para la puesta en funcionamiento.

Ahora bien, mientras María Auxiliadora Díaz concretaba la alianza, la mudanza y la condonación de la deuda nica, como hemos dicho anteriormente, en Bancorp aprobaban un préstamo por 120 mil dólares en favor Espinoza Sánchez, quien también es conocido en la farándula del país centroamericano como Yiuskar Galo[8], un modelo que ostenta el título de “Míster Pacífico Nicaragua”.

María Auxiliadora Díaz y Huankar Martín Espinoza Sánchez —o Yiuskar Galo—  se conocieron en el gimnasio Try Fitness[9] a donde ambos asisten a entrenar regularmente.

Entre las preguntas que surgen entre el colectivo nicaragüense es cómo un banco recién constituido otorgó un préstamo de tal magnitud a un modelo que carece de garantías y solvencia. La respuesta viene de los mismos informantes: Simón Zerpa habría de hacer valer sus influencias. Era necesario concretar el plan B a toda costa, así esto significara pérdidas operativas y gastos por el orden de los 30 millones de dólares para el Bandes.

El restaurante abrió sus puertas al público el 26 de agosto de 2017[10], un evento reseñado por la prensa nicaragüense[11] [12] donde quedó claramente establecido que María Auxiliadora Díaz es socia propietaria del lugar. “Ubicado en la segunda planta del edificio Plaza Centroamérica, Happy Restaurant y Bar tiene mucho que ofrecer a sus clientes. ‘Una vista espectacular del sur de la ciudad en un ambiente ameno, entretenido y con una variedad de platillos únicos harán que quienes nos visiten no se quieran ir’, expresó María Auxiliadora Díaz, una de las socias propietarias del nuevo local inaugurado el domingo reciente”, se lee en la reseña de El Nuevo Diario, de Managua.

La apertura de esta empresa involucra —de acuerdo a la información a que hemos tenido acceso— desde el uso de prestanombres o testaferros, la utilización irregular de fondos del estado venezolano y la existencia de un claro conflicto de intereses al determinarse que en Happy Restaurant y Bar trabaja personal de la Oficina de Representación Bandes Nicaragua que se supone mantiene un contrato de exclusividad con la entidad bancaria venezolana, como ya hemos visto, la abogada y notario, Johana Chavarria Mendoza, el contador Luis Ariel Rayo, quien presta sus servicios contables al ORBN.

Marcial Albeiro Sánchez Valbuena, quien aparece en la nómina de ORBN como Asistente Administrativo —cargo objetado por la auditoría interna del Bandes al haberse contratado dos funcionarios para las mismas labores— también se presenta en el video realizado por el Canal 6 “Nicaragüenses por la gracia de Dios” para reseñar la inauguración del restaurant, como socio de María Auxiliadora Díaz en el restaurant. El nombre de Sánchez Valbuena es posible constatarlo en muchas de las facturas, recibos y documentos que llegaron en nuestras manos relacionados con el Happy Restaurant y Bar.
En esta historia en la que se mezclan hechos de corrupción, cotilleo farandulero y pasión, se dice que María Auxiliadora Díaz se habría involucrado sentimentalmente con su “socio” Yiuskar Galo, lo cual habría desatado la ira de Simón Zerpa, quien la ha llamado a Caracas a una reunión pero sin que esta haya accedido a este requerimiento. Una cita que no se ha concretado a diferencia de otros encuentros que Díaz y Zerpa habrían mantenido en varias oportunidades en PDVSA La Campiña, como nos lo han hecho saber nuestros informantes en la petrolera.

Bien sea por esta situación o por el descontento que la presencia de María Auxiliadora Díaz ha despertado en el Bandes, Simón Zerpa ha decidido comisionar a Gladys María Melo Solórzano —su suegra— quien ya se encargó en Quito[13] del cierre de Oficina de Representación de Bandes Ecuador, para que asuma ahora la clausura de ORBN.

También hemos conocido que María Auxiliadora Díaz, a raíz de los sucesos y protestas en Nicaragua, supuestamente se encontraría tramitando la visa estadounidense, pues su intención sería radicarse en Miami.

La gravedad que las protestas y situación política ha adquirido en Nicaragua, estarían llevando a Díaz Gómez a procurar su salida del país centroamericano y evitar así que se le relacione con el gobierno venezolano y se establezcan sus manejos en Managua. Se nos ha dado a conocer que la mujer estaría estudiando la posibilidad de solicitar asilo político en Estados Unidos ofreciendo a cambio información privilegiada sobre el Bandes e, incluso, sobre el propio Simón Zerpa.

Los protagonistas de esta trama

Comencemos por este último, Simón Zerpa, quien fue designado presidente del Banco de Desarrollo Económica y Social de Venezuela por resolución del ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, aparecida en la Gaceta Oficial N°40.352[14] de fecha 11 de febrero de 2014.

Zerpa Delgado —licenciado en Relaciones Internacionales con posgrado en Derecho Constitucional Internacional— es hijo de Iván Zerpa Guerrero, exsecretario de la Asamblea Nacional durante la gestión de Cilia Flores —de quien es uno de sus más cercanos colaboradores— en el parlamento y actual embajador de Venezuela en China.

A pesar de ya no formar parte de la institución, aún aparece como activo del Bandes en su cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS[15]. Ejerce el sufragio en el Colegio Francia de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda. Fue seleccionado como Miembro de Mesa para el cargo de noveno miembro de reserva de la mesa 3 del citado centro de votación para las elecciones del 20 de mayo de 2018.

De acuerdo al portal Poderopedia[16], Simón Alejandro Zerpa Delgado (28-8-1983) es director externo de Petróleos de Venezuela, PDVSA, según el Decreto N° 3.398 de la Presidencia de la República publicado en la Gaceta 41.389[17] del 3 de mayo de 2018. Igualmente, estuvo encargado de la vicepresidencia de Finanzas de la petrolera estatal (removido en febrero de 2018[18]); fue gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo por Venezuela; preside el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) desde el 30 de octubre de 2014; también se ha desempeñado como viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio para la Economía, Finanzas y Banca Pública. Ha representado a Venezuela en el  Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag); fue secretario Ejecutivo del Fonden, comisionado para el Fondo Conjunto Chino Venezolano, director general (encargado) de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia y funcionario de la Cancillería de la República.

El 26 de julio de 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos[19] [20]. Entre los cargos hay penalizaciones de carácter económico e individual. El 30 de marzo de 2018 también fue sancionado por el gobierno de Panamá al considerársele de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva[21].

Entretanto, María Auxiliadora Díaz Gómez, nacida el 19 de diciembre de 1983, portadora de la Cédula de Identidad N° V-15.999.285 y del pasaporte diplomático N° 045906242, es trabajadora activa del Bandes al que ingresó el 16 de octubre de 2015, de acuerdo a lo que reza su cuenta personal en el IVSS[22]. Su fecha de afiliación fue el 16 de octubre de 2015 y la contingencia será el 19 de diciembre de 2038. Su último salario a la fecha fue de Bs. 90.610.72, tiene 653 semanas cotizadas y en total ha cotizado Bs. 2.882.077,44.

Sufraga en el Centro de Educación Inicial “Lucas Adames”, ubicado en la parroquia San Antonio del Municipio Miranda del estado Falcón. Fue seleccionada como Miembro de Mesa para el cargo de décimo sexto miembro reserva de la mesa 4 del citado centro de votación.

Fue secretaria del Jesús Montilla Aponte cuando este se desempeñaba como diputado a la Asamblea Nacional y gracias a su relación con el hijo de este —como ya apuntamos— ingresó al Poder Legislativo Nacional como “Asistente Parlamentaria”, cargo del que salió cuando fue nombrada Directora del Saime en el estado Falcón por recomendación de su, para entonces, suegra, la exgobernadora Stela Lugo. Díaz Gómez fue destituida cuando la relación amorosa que esta mantenía con el hijo de los Montilla Lugo, concluyó.

Por su parte, Marcial Albeiro Sánchez Valbuena es oriundo del estado Táchira donde nació el 30 de marzo de 1983 y es titular de la cédula de identidad N° V-16.280.819. Su cuenta individual en el  en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales señala como fecha de ingreso al sistema el 1° de noviembre de 2014, con estatus activo en la empresa Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con el número patronal D19890860. Ha cotizado 638 semanas y el total de sus salarios cotizados es de Bs. 2.770.472,92[23].

Según el Registro Electoral Permanente sufraga en la Escuela Técnica Robinsoniana de Ciencias y Artes “Juan Antonio Román Valecillos”, de la parroquia Pedro María Morantes de San Cristóbal, estado Táchira.

DISCLAIMER

Venezuela Política intentó obtener para este reportaje las opiniones de los funcionarios y empresas mencionadas. Correos y mensajes enviados a Simón Zerpa Delgado no fueron devueltos al cierre de esta edición. Intentamos contactarlo a través de su red social Twitter pero no logramos respuesta para una entrevista. Correos enviados a Bandes bandesve@bandes.gob.ve para conocer la versión de esa entidad sobre hechos mencionados en esta nota no fueron respondidos y llamadas al teléfono de contacto 58-212-5058010 tampoco recibieron respuesta. Venezuela Política no pudo enviar cuestionarios María Auxiliadora Díaz Gómez porque el correo electrónico que aparece en el directorio no los aceptó ya que se encuentra desactivado para recibir correos externos  Un cuestionario enviados a Huankar Martín Espinoza Sánchez, presidente del Happy Restaurant y Bar Sociedad Anónima, y a Marcial Sánchez Valbuena -socia del negocio- no habían sido devueltos al cierre de esta edición.


Si alguna de las personas, empresas e instituciones mencionadas en este reportaje quiere ofrecer sus versiones sobre los hechos aquí narrados, puede comunicarse con nuestro portal a través del correo blogvenezuelapolitica@tutanota.com. Igualmente invitamos a toda persona que posea información que pueda ayudar a esclarecer los hechos narrados en este reportaje, a enviarnos sus aportes al mismo correo.

NOTAS Y ENLACES:

[1] Bandes. http://www.bandes.gob.ve/acerca.html

[2] El Universal. Decreto 6.214. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) http://cdn.eluniversal.com/2008/08/04/leyh13.pdf

[3] Bandes. http://www.bandes.gob.ve/bandes-participacion-internacional.html

[4] La Prensa. “Oficina del Bandes abre en Managua”. 1° de abril de 2007. https://www.laprensa.com.ni/2007/04/01/politica/1296503-oficina-del-bandes-abre-en-managua

[5] Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Oficina de Representación Bandes, S.A. http://www.superintendencia.gob.ni/instituciones/oficina-de-representacion-bandes-sa

[6] La Jornada. “Nació el Banco Corporativo Bancorp”. 10 de junio de 2015. https://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2015/junio/10/1.php

[7] La Prensa. “Bancorp, el nuevo prestamista del Estado”. 12 de diciembre de 2016. https://www.laprensa.com.ni/2016/12/12/nacionales/2148868-bancorp-el-nuevo-prestamista-del-estado

[8] Imggram. Galo Yiuskar. https://imggram.com/profile/galoyiuskar/6995153125 https://pbs.twimg.com/media/CaK3C2oUEAAwxde.jpg

[9] Try Fitness. https://tryfitness.online.com.ni/

[10] El Nuevo Diario. “El lugar más “happy” de Managua ya está abierto”. 30 de agosto de 2017. https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/438406-lugar-mas-happy-managua-ya-esta-abierto/

[11] Canal 6, Nicaraguense por la gracia de Dios. https://drive.google.com/file/d/1z3nqwMIGu0xwW7bMKvP9lZco2LLP3Rfj/view

[12] ReadMetro. “Abrió sus puertas el lugar más Happy de Managua”. 30 de agosto de 2017. https://media.readmetro.com/pdf/2017/08/30/20170830_metronicaragua.pdf

[13] Superintendencia de Bancos de Ecuador. http://oidprd.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/2017/resoluciones_SB/resol_SB-DTL-2017-606.pdf

[14] Finanzas Digital, Gaceta Oficial N° 40.352. http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2014/02/Gaceta40352-presidente-bandes.pdf

[15] IVSS. Zerpa Deldao, Simón Alejandro. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[16] Poderopedia. Simón Zerpa Delgado. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Simon_Zerpa_Delgado

[17] Aporrea. Gaceta Oficial N° 41.389. https://www.aporrea.org/media/2018/05/41389.pdf

[18] RunRun.es. “Remueven al sancionado Simón Zerpa de PDVSA”. 15 de febrero de 2018. http://runrun.es/nacional/339290/remueven-al-sancionado-simon-zerpa-de-pdvsa.html

[19] US. Department of the Treasure. Venezuela-related Designations. 26 de Julio de 2017. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170726.aspx

[20] El Nacional. “Las sanciones de EE UU en contra de 13 funcionarios venezolanos”. 26 de julio de 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/las-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos_195239

[21] El Nacional. “Los 55 funcionarios sancionados por Panamá por ‘blanqueo de capitales’”. 30 de marzo de 2018. http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/los-funcionarios-sancionados-por-panama-por-blanqueo-capitales_228903

[22] IVSS. Díaz Gómez, María Auxiliadora. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[23] IVSS. Sánchez Valbuena, Marcial Albeiro. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL