martes, 8 de agosto de 2017

¿La salida a la crisis venezolana pasa por una insurrección ciudadana?

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En la medida en que pasan los días, la crisis política que vive Venezuela se agudiza y hasta la fecha las partes en conflicto no logran avizorar la solución para recuperar la institucionalidad democrática ni la gobernabilidad. Mientras el régimen avanza con la imposición de un modelo de dictadura al estilo cubano, la oposición convencional -reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- no consigue restablecer la confianza de una parte de la población que clama desde las calles por una salida rápida de Nicolás Maduro del poder y un cambio general del sistema que impera actualmente en en el país suramericano.
La MUD ha sentido en los últimas horas el rechazo de la gente que ha permanecido en protestas callejeras más de 125 días y que ha resultado en más de 155 asesinados por parte de las fuerzas militares y paramilitares del régimen. 

Algunos líderes opositores, luego de la instalación de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente  y del llamado del CNE a elecciones regionales decidieron expresar públicamente su intención de participar en los comicios para elegir gobernadores y alcaldes, alegando que de no hacerlo podrían perder los espacios que por ahora mantienen. El colectivo, dividido entre los que siguen la MUD y aquellos que se auto denominan resistencia, pareciera no estar de acuerdo que la oposición acepte la invitación del régimen  para participar en un nuevo proceso electoral viciado y controlado por un Consejo Nacional Electoral que a todas luces está al servicio de la dictadura y, que ha sido capaz de usar los métodos más inusuales y fraudulentos para mantener a la actual casta política en el poder. 


La llamada Resistencia no cree en la transparencia de los procesos demócratas convencionales y crítica al liderazgo que a cuentagotas ha dejado saber sus intenciones de lanzar candidaturas para preservar migajas de poder.  Para nadie es un secreto el fraude electoral del 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue confirmado por la misma empresa que regula las máquinas electorales Smartmatic. 

Para muchos es absolutamente irresponsable que la Mesa de la Unidad trate de crear falsas esperanzas al pueblo con elecciones que de antemano se conocen que serán fraudulentas, motivado a los últimos eventos en el Consejo Nacional Electoral y la grosera manipulación del padrón de electores que prevé inclusive que miles de ciudadanos fallecidos participen en los comicios, cuyos votos son acreditados al partido oficialista. 


Una mayoría en la calle también ha mostrado su desacuerdo a el hecho que la MUD no haya dado el justo valor a la consulta popular realizada el 16 de julio de 2017, donde más de 7 millones y medio de venezolanos se pronunció contra el llamado a una Constituyente hecho por Maduro y que logró imponerse gracias a un gigantesco fraude electoral, probablemente el más grande de la historia del hemisferio occidental.


La Unidad, sin embargo, cree que puede inscribirse en las elecciones regionales, seguir los protocolos del CNE y a la vez mantener el apoyo a la resistencia en la calle. 


Por su parte, Maduro hizo caso omiso los resultados del plebiscito  y al llamado de más de 50 países que advirtieron que no reconocen las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 


Mientras el mundo entero desconoce al régimen de Maduro y condena su feroz represión, la gente en la calle que se declara en desobediencia civil no entiende que la oposición siga insistiendo en elecciones bajo un sistema electoral construido para legitimar a una dictadura acusada de violación reiterada de los derechos humanos de la disidencia, de una monumental corrupción, de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Para justificar ir a las elecciones en un ambiente de absoluta desconfianza, la MUD ha planteado participar bajo sus propias condiciones, con la presencia de testigos en cada mesa, observadores internacionales y las auditorías con cuaderno en mano. Obviamente, la sociedad  que ha permanecido en las calles y que ha aguantado la brutal represión de las fuerzas legítimas e ilegítimas del régimen consideran que el planteamiento de la oposición convencional es inocente o utópico, y que dichas condiciones no se darán bajo la actual dictadura de corte militar castrista.


Ante la negativa expresada por una parte de la sociedad a la participación de la oposición en las elecciones regionales la MUD ha informado que los principales partidos designaron a los dirigentes que se inscribirán sus candidatos en el Poder Electoral cuya credibilidad está en el piso. Las fuerzas políticas unidas en la MUD acordaron  pelear en el campo electoral  y mantener la campaña en la calle, en las protestas contra el gobierno.


Uno de los dirigentes políticos que ha sido más criticado por su anuncio de participar en los comicios regionales a celebrarse el 10 de diciembre de 2017 es el representante del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup. Para muchos es incomprensible que con tanto apoyo internacional y con un pueblo dispuesto a dar su vida por derrocar la dictadura existan líderes opositores que sigan legitimando al régimen en elecciones tuteladas por un órgano electoral corrompido como el CNE. 


La mayoría de los ciudadanos concuerdan que en Venezuela los votos no van hacer nada y ven como única salida la desobediencia civil y la resistencia. Uno de los expertos que coincide con este planteamiento es el exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria quien sostiene que la solución de la crisis en Venezuela no será electoral.

Arria ha declarado en varias oportunidades que cuando la oposición venezolana ganó la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, el régimen se neutralizó al parlamento. 

Paralelamente, la dictadura crear sin base legal una Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida de manera fraudulenta y donde quedó demostrado por la misma empresa Smartmatic que hubo manipulación electoral.


El exembajador considera que la salida a la crisis que vive Venezuela no puede ser convencional puesto que el poder reside en manos de un régimen ilegítimo, también descarta que la solución venga por un golpe de Estado.  

La única vía que ve este experto en política internacional es a través de la desobediencia civil prevista en la carta magna que Nicolás Maduro pretende cambiar con su constituyente. 

La insurrección ciudadana por etapas

Cuando el régimen de Maduro asomó la convocatoria de una Constituyente fuera de lo establecido en la constitución de 1999, la oposición convocó a un plebiscito para que fueran los venezolanos quienes se pronunciaran acerca de si querían o no una asamblea nacional constituyente, basándose en la disposición constitucional que establece que la decisión de cambiar la constitución reside la soberanía popular. A partir de ese momento, la MUD se declaró  en desobediencia civil, apelando a los artículos 333 y 350 de la Constitucional Nacional.

El 3 de julio el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, actuando como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, presentó a la consideración del país un documento denominado “¡Que sea el pueblo quien decida!” en el contexto del Gran Acuerdo Nacional al que se había llegado, tanto ese movimiento como representantes de diferentes sectores del país. Dicho documento planteaba la convocatoria a los venezolanos a “elegir el futuro del país y defender el mandato que surja de ese proceso activando una fase superior de lucha” sustentada en los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución.

En concreto, se llamó a una consulta plebiscitaria realizada el 16 de julio a objeto de que la población venezolana se pronunciara ante la amenaza que representa la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente, Nicolás Maduro, para la Carta Magna y para la República “porque sabemos que ambas están seriamente amenazadas”. 

Para la MUD y el resto de los convocantes era fundamental que fuera el pueblo venezolano quien decidiera si rechazaba o reconocía la constituyente propuesta por Maduro, así como también el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional y también si convocaban y respaldaban la renovación de los poderes públicos, la conformación de un gobierno de unidad a través de la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la constitución.

“Nicolás Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas. Es una evidencia de que tienen el pleno conocimiento de que son incapaces de ganar una elección, ni siquiera con sus ya conocidos abusos del dinero público y el monopolio comunicacional. Así desconocieron la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que escogieron a sus representantes a la Asamblea Nacional. Así secuestraron el derecho del Pueblo a celebrar un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Así burlaron el mandato constitucional de convocar a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. No conformes con eso, decidieron ir más allá, acosando y amenazando a los Poderes Públicos, como es el caso de la Fiscalía General de la República, por el simple hecho de defender la Constitución y alzar su voz en contra de unas violaciones a los Derechos Humanos que han sido tan evidentes que incluso han obligado a sus autoridades militares a reconocerlas como atrocidades” , expresa el documento.

Manifestaron en ese comunicado publicado a principios del mes de julio que Maduro comprendió que no contaba con los votos y que le la Constitución lo limita en sus pretensiones autoritarias y por eso decidió “hacerse una Carta Magna a la medida de su apetito”. Además advirtieron que si la dictadura llega a concretar este fraude los venezolanos estarán ante la disolución de la república.

En tal sentido, solicitaron a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convocara a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que fuera el pueblo quien decidiera el rumbo que debía asumir el país, decidiera o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional. Quienes suscribieron el documento, articulando una representación en verdad diversa y cohesionada, convocaron a todo el Pueblo de Venezuela a decidir cuál es la vía que debía seguir la Nación en esta encrucijada histórica. En virtud del Artículo 5 y los Artículos 333 y 350 de la Constitución, convocaron así el pasado 16 de julio elegir el futuro del país en ese Proceso Nacional de Decisión Soberana y a partir de ese momento, defender el mandato que surja de ese proceso, activando la fase superior de la lucha”. La consulta se dio, fueron más de 7 millones de personas que participaron en la convocatoria que le otorgó a la dirigencia opositora el mandato, no obstante, ni la Asamblea Nacional ni la MUD cumplieron con lo establecido en la petición firmada por millones en la consulta popular

El movimiento opositor refirió que la decisión que el pueblo venezolano adoptara ellos la harán respetar y, en tal sentido, estarían preparados para adoptar las acciones que se debían iniciar pues, estaban obligados a defender la Constitución. El comunicado rezaba: "Este proceso democrático de rebeldía en ascenso que iniciamos con esta solicitud a la Asamblea Nacional la emprendemos para que podamos construir entre todos el país que merecemos y aspiramos. Una Venezuela donde algo que hoy parece extraordinario, como el encuentro en reconciliación de distintos sectores para defenderla, sea el signo distintivo de su reconstrucción”. Todo quedó en palabras.

Los artículos constitucionales

A saber, los artículos a los que apeló la MUD y los sectores convocantes fueron:

Artículo 71. [Primer aparte] Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor de diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia , la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Las preguntas del plebiscito

Los venezolanos que acudieron a participar en la consulta contestaron las siguientes preguntas:
— ¿Rechaza y desconoce la realización de una asamblea nacional constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

— ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

— ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional?

¿Qué es un plebiscito?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, el término plebiscito deriva del latín plebiscītum y ofrece tres acepciones del mismo, entendiendo la primera de ellas que es la resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. La segunda la define como la consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. La tercera remite a la antigua Roma, y establece que era la ley que la plebe establecía a propuesta de su tribuno, separadamente de las clases superiores de la república, y que obligó al principio solo a los plebeyos, pero más tarde a todo el pueblo.
Se trata de una elección que surge a proposición de los representantes constitucionales en la que, por lo general, a través de un “sí” o un “no”, los votantes responden a un planteamiento formulado por un ente electoral.

El plebiscito es un mecanismo de democracia semi-directa que se utiliza sobre todo en los regímenes de la democracia representativa en los que los dirigentes elegidos por la sociedad consultan al pueblo para adoptar decisiones en materias de alta sensibilidad para la vida social.

Los plebiscitos pueden ser vinculantes o sólo consultivos, siendo que la respuesta de los primeros es obligante, mientras que la de los segundos sólo se tiene el resultado como método de evaluación para que los dirigentes adopten su decisión sobre el asunto en cuestión. 

Hay que advertir que el plebiscito guarda diferencias con el referéndum.

Así tenemos que plebiscito es utilizado por la dirigencia para someter a consideración de la población acciones o decisiones muy importantes para la vida en la ciudad, región o país antes de su ejecución. 

Entretanto, el referéndum permite al pueblo emitir su veredicto sobre materia ya establecida, por ejemplo, aprobar o rechazar la concepción, modificación o derogación de una ley o Constitución.

Así tenemos que el referéndum se usa para que el pueblo tenga la posibilidad de aprobar o rechazar una instrumentos legislativos, en tanto que el plebiscito ofrece la oportunidad a la opinión pública de pronunciarse sobre asuntos administrativos que lo afectan de manera directa.

Plebiscito para reinstitucionalizar el Estado

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, se mostró partidaria de la convocatoria a plebiscito formulada por la MUD pues estimó que ello permitiría cambiar el gobierno y reinstitucionalizar el Estado, algo que considera vital para resolver la crisis política, económica y social que afecta al país.

“Hemos recorrido toda la Constitución y no hemos logrado nada (…) Pero, finalmente, tenemos este último resquicio, para llamarlo de alguna manera. Y creo que después que se hayan recogido todas las firmas y que la inmensa mayoría de la población haya respondido afirmativamente, aquí tienen que cambiar las cabezas de los poderes públicos. Eso debería reconocerse porque el gobierno que nosotros tenemos ya perdió la legitimidad, hace tiempo” .

Mármol de León dijo que está absolutamente segura de que la mayoría de la población emitirá un pronunciamiento afirmativo por la consulta planteada que, entre otras cosas servirá para dejar firmemente establecido que en Venezuela la constituyente convocada por Nicolás Maduro sólo busca imponer el comunismo.

Del mismo modo, consideró que el plebiscito serviría para que la Asamblea Nacional rescate toda su autoridad y se lograría instalar en el país un Gobierno de transición, cosa que no ocurrió (subrayado nuestro).

Fundamento de la desobediencia civil

La desobediencia civil nace de la corriente de pensamiento que estima, al igual que Santo Tomás de Aquino, que sólo debe obedecerse la ley que es justa pues, sencillamente, la legislación que es injusta no debe considerarse como ley. La obediencia a la ley, en pocas palabras, depende de su justicia.

Quien primero formuló la noción de desobediencia civil fue el escritor estadounidense, Henry David Thoreau, a mediados del siglo 19, específicamente en 1849, una doctrina que influenció la conducta y pronunciamientos de figuras como León Tolstoi, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. 
En su ensayo titulado “Desobediencia civil”, Thoreau esgrime que el poder sólo existe si alguien obedece y, en tal sentido, argumenta que de nada valen los recursos con que cuente si nadie está dispuesto a someterse.

Thoreau se muestra convencido de que la conciencia moral del ser humano se encuentra por encima de cualquier legislación o razón de Estado. Para él, si una sociedad está organizada y posee la convicción social suficiente, puede emprender y poner en marcha una desobediencia sistemática capaz de arrollar a cualquier régimen político. La legitimidad de estos se la otorgan quienes obedecen.

Es absolutamente legítima la rebelión ante la autoridad cuando deviene en tiranía o cuando se muestra ineficiente a tal extremo que resulta intolerable para la vida ciudadana. Tal reacción es independiente del número de votos que haya obtenido dicha autoridad, por lo que es completamente lícito que una minoría se decida a defender la verdad y la justicia para cambiar el curso de los acontecimientos que le afectan y dañan.

En la actualidad, una buena cantidad de legislaciones reconoce con restricciones el derecho ciudadano a la desobediencia frente a los regímenes y autoridades que vulneren los derechos fundamentales del hombre. 

Algunos conceptos de desobediencia civil

En este aparte haremos referencia a algunos conceptos  y, en este sentido citaremos en primer lugar a Hugo Adam Bedau, quien sostiene que se está en presencia de desobediencia civil sólo si se cometen actos ilegales, públicos, no violentos, conscientes, cometidos con el objetivo de hacer fracasar leyes, programas o decisiones gubernamentales. 
Por su parte, el filósofo estadounidense, John Rawls, sostiene que la desobediencia civil es “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales, no están siendo respetados”. 

El fin de la desobediencia civil para él es producir un cambio en normas jurídicas o políticas de gobierno que se estiman como ilegítimas. A dicho cambio se arriba a través de la protesta que apela al sentido de justicia de la mayoría, es decir, a los valores que comparte la ciudadanía.

Otra definición de desobediencia civil la ofrece Paul F. Power, quien sostiene que la desobediencia civil “es una violación de las leyes de un sistema determinado, deliberada, pública y en forma articulada, que busca cambiar las leyes o políticas del régimen, no dañina a la integridad de la persona, que respeta los derechos de otros y que se lleva a cabo dentro de la jurisdicción del Estado para expandir y aplicar la ética democrática”. 

Para Power la desobediencia civil es un método especial de oposición, público, no violento, que procura un cambio político.

El deber de desobedecer

La derogada Constitución de 1961 prohibía en su artículo 66 la desobediencia de las leyes, por lo que de estar vigente una norma como esa en la actualidad, quienes promueven la desconocimiento de las actuaciones y actos legislativos promovidos por el gobierno, estarían en serios aprietos. La norma de la vieja carta magna tenía por objetivo el regular la libertad de expresión, algo que lo que se encarga el artículo 57 de la vigente Constitución de 1999 y al no contemplar prohibiciones respecto a la propaganda que invite a desobedecer las leyes, pues sencillamente “prohíbe la prohibición”.

He aquí el texto del referido artículo 66: “Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ella de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito. No se permite el anonimato. Tampoco se permitir la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales”.

Por tanto, en 1999 se constitucionalizó el derecho a la desobediencia civil al otorgarle al pueblo la posibilidad de rebelarse ante normas y actuaciones que sean inmorales, ilegítimas o injustas. 

Además, se puede decir que la desobediencia civil es una forma de participación ciudadana, pues le da la posibilidad al ciudadano de tomar posición ante los asuntos públicos que también promueve el artículo 62 de la vigente Carta Magna, por lo que no podrá tenerse como actividad delictiva o ilícita pues, más bien constituye prácticamente una obligación ciudadana el oponerse el combatir la injusticia de las leyes y las actuaciones de funcionarios públicos.

“Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Así que incurren en un gran error quienes pretenden deslegitimar y sancionar la desobediencia civil, en virtud de que la desobediencia civil es una forma de libertad de expresión consagrada y garantizada constitucionalmente.

Más aún, la desobediencia civil es un imperativo constitucional, una orden al “pueblo de Venezuela (…)[quien] “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Como puede verse, no hay alternativa, pues el artículo 350 le da amparo al desconocimiento de las normas o autoridad que infrinjan lo establecido en la Constitución, por lo que queda descartada toda posibilidad de sanción cuando la desobediencia civil tiene lugar.

Diversos llamados a la desobediencia civil

Son muchos los sectores que se han pronunciado a favor de la desobediencia civil, lo cual desestima la tesis gubernamental de que se trata solamente de una posición política esgrimida únicamente por la MUD.

Uno de las voces más significativas en levantarse ha sido la de la iglesia católica, representada en la Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, la cual el 31 de marzo del presente año formuló un llamado a la ciudadanía a adoptar la desobediencia civil y las manifestaciones pacíficas como estrategia frente al “autogolpe de Estado” que se ha venido gestando en Venezuela por parte del gobierno nacional. Un llamado que surgió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera el 30 de marzo una sentencia que anuló a la Asamblea Nacional y se auto abrogara sus funciones legislativas.

“No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos y/o internacionales y las protestas” , expresó el episcopado venezolano.

Igualmente, la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, manifestó que los artículos 333 y 350 de la Constitución obligan a la ciudadanía a restituir la vigencia de la Carta Magna en virtud de que los procedimientos de defensa de la carta fundacional de la república se encuentran secuestrados.

“La desobediencia civil es un mecanismo informal de participación y al mismo tiempo necesita de la participación para poder presentarse como legítima. La justificación jurídica de la desobediencia y el desconocimiento se inscribe precisamente en el contexto de la falta de legitimidad de los procedimientos de defensa de la Constitución. 
Cuando los procedimientos de defensa de la Constitución no funcionan, están secuestrados, fueron sustituidos por otros, la desobediencia civil es legítima”.

Del mismo modo, para la exmagistrada Sosa la iniciativa de una consulta popular hecha por la Asamblea Nacional tenía válida, pues es un mecanismo de desobediencia civil perfectamente legítimo y corresponde considerar, con toda seriedad, la elaboración de unas preguntas muy determinantes, muy claras, muy precisas, precisamente para que el cambio político se dé en el 2017 como todo venezolano quiere.  A pesar de la clara exposición sobre el tema, la sociedad venezolana no logró a través de sus líderes concretar el acto resultado de esa enorme manifestación de desobediencia civil que tuvo lugar el 16 de julio del presente año.

También por la desobediencia civil se han pronunciado los Colegios de Abogados de toda Venezuela, la Federación de Colegios de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado, instituciones que reaccionaron ante las 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia las cuales “transgreden de manera grave el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley”.

Advirtieron en una declaración que ante el haber estimado que el desacato a sus sentencias era causal de cesación del Poder Legislativo cuando por ley sólo corresponde la imposición de multas, así como por la sumisión del máximo órgano judicial del país ante el Poder Ejecutivo y, además las irregularidades procedimentales y extralimitaciones en que habría incurrido el TSJ que constituyen un golpe de Estado continuado, el gremio de los abogados instó “a los venezolanos, con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución, a la activación de los mecanismos previstos en la Constitución para su propia defensa, de desobediencia civil y pacífica de cualquier acto que menoscabe los valores democráticos vigentes en Venezuela”.

Otras voces que disienten de la posición y pretensiones del gobierno de Nicolás Maduro pero que aún no terminan de ubicarse en la acera de la oposición, han manifestado su disposición a sumarse a la iniciativa del plebiscito, siempre y cuando se hagan algunas reformulaciones.

Tal es el caso de Nicmer Evans, politólogo y director de la firma Visor 360, exintegrante de Marea Socialista, quien le planteó a la Mesa de la Unidad Democrática cambiar las preguntas del plebiscito para que quienes se identifican con el chavismo pero difieran de la propuesta constituyente de Maduro, se sumen a la iniciativa.

Y es que para Evans las preguntas del plebiscito estaban condicionadas.

“La consulta como concepto tiene absoluta legitimidad. Es necesario que se le consulte el pueblo venezolano. Ahora bien, hay dos problemas, uno de fondo y otro de forma: el primero es cómo se ha convocado, con la ausencia de ciertos sectores de la realidad del país y, segundo, falta técnica en la elaboración necesaria de las preguntas. Incluso, la primera pregunta está sesgada”.

En tal sentido, Nicmer Evans propuso que se formulara una sola pregunta en la que se le consultara a los venezolanos si deseaban participar o no en la asamblea nacional constituyente. 

Estimó que este cambio le permitiría a la oposición acercarse a los chavistas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una intencionalidad con lo que se refiere a las preguntas, la convocatoria termina lamentablemente con muchísimas dificultades para que algunos que venimos de los sectores críticos de la izquierda podamos participar”.  Al final, los chavistas críticos no se sumaron a la consulta popular.

Lo que dice el TSJ

La Sala Constitucional el 22 de enero de 2003 en ponencia de Iván Rincón Urdaneta sentenció (la número 24) de tal manera que le puso una camisa de fuerzas al artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al referir que la “resistencia democrática”, como la denomina, tiene que ver con “la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. 

Es decir, el TSJ sostuvo que el ejercicio de la desobediencia civil se limita al lugar en el que el constitucionalista la ubicó dentro del texto fundamental, a saber, en el Capítulo III, denominado “De la Asamblea Nacional Constituyente”, perteneciente al Título IX atinente a la la Reforma Constitucional. En tal sentido, la Sala Constitucional señala que los constituyentes quisieron que la  norma no fuera interpretada como un derecho a la sublevación contra las instituciones políticas, sino que el propósito era limitar al Poder Constituyente Originario. 

Así, las limitaciones estarían dadas, primero, por la sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia que declaró con lugar la convocatoria  una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999 con el objetivo de redactar una nueva Constitución y le otorgó carácter originario al poder constituyente, incondicionado e ilimitado con relación a los poderes del Estado.

Igualmente, a las bases comiciales que se fijaron para el referendo consultivo que en el aparte octavo establecía que “una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

Otras limitaciones estarían referidas al respeto de los derechos fundamentales del hombre, al principio de la división de los poderes; a la idea de la democracia, a las condiciones existenciales del Estado, por nombrar algunas.

La sentencia Nº 24/2003 estableció que las mismas limitaciones desarrolladas para la Asamblea Nacional Constituyente aplican igualmente a la desobediencia civil consagrada en el artículo 350 de la Constitución.
Advierte la Sala Constitucional que “no puede y no debe interpretarse de otra forma la desobediencia o desconocimiento al cual alude el artículo 350 de la Constitución, ya que ello implicaría sustituir a conveniencia los medios para la obtención de la justicia reconocidos constitucionalmente, generando situaciones de anarquía que eventualmente pudieran resquebrajar el estado de derecho y el marco jurídico para la solución de conflictos fijados por el pueblo al aprobar la Constitución de 1999”.

Lo que no previó la Sala Constitucional fue que dicho argumento que pretendía limitar el ejercicio ciudadano de la desobediencia, sirve perfectamente para oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro en virtud de que contraría “(…) los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

Lo fundamental de todo este debate era que el soberano, el pueblo venezolano, emitiera un veredicto y esa posibilidad se la otorgaba el plebiscito propuesto por la oposición. Una vez dado ese veredicto, los convocantes debieron haberlo ejercido. 

La realidad es otra. La consulta sólo sirvió para que el mundo observara el carácter democrático de la población venezolana y la capacidad que tiene el régimen  para desconocer la voluntad popular y su esfuerzo por imponerse y atornillarse en el poder a pesar de saberse sin respaldo popular.  

Los hechos posteriores demostraron la naturaleza de la dictadura madurista y su capacidad para violar las leyes y la constitución. El pueblo sin dirigente sigue en desobediencia civil y el régimen atascado en sus intenciones de mantenerse en el poder eternamente.




martes, 1 de agosto de 2017

Los viajes de "El piloto" del cártel de los Soles

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Yazenky Antonio Lamas Rondón es probablemente uno de los hombres que mayor información posee sobre las operaciones llevadas a cabo por los cárteles que operan en Venezuela y Colombia, de acuerdo a la acusación del gobierno de los Estados Unidos en su contra. En menos de una década, el militar logró un ascenso que supuestamente lo llevó a convertirse en ficha clave para las organizaciones criminales que operan en la región suramericana, dice un reporte de inteligencia en nuestro poder.

¿Quién es?
Lamas Rondón, cédula de identidad V-14.072.289, nació en un hogar humilde venezolano el 31 de octubre de 1979.  Se enfiló en las Fuerzas Armadas y llegó al grado de capitán de la Guardia Nacional.

Cuando Lamas Rondón era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, supuestamente se convirtió en un servidor de confianza de la familia presidencial venezolana.

Lamas Rondón posee varias propiedades en Venezuela. Una de ellas está ubicada en el estado Miranda, específicamente en la avenida San Pablo CR de la Urbanización Nueva Casarapa, La Rivera, en Guarenas, a unos 45 kilómetros de la capital del país, Caracas. 

Otra de las residencias del ahora colaborador del gobierno de los Estados Unidos, se encuentra en el estado Vargas que hace frente al mar Caribe. Este inmueble se encuentra en la parroquia Carlos Soublette, en la calle Real de Montesano con Principal. Igualmente, el ex oficial posee otra propiedad en la misma parroquia, en el sector 10 de Marzo, frente al Batallón Simón Bolívar del citado estado Vargas.

Este hombre, quien se supone es "El Piloto" del llamado cártel de los Soles, tiene dos hermanas que viven en la región capital y tres hijos producto de dos relaciones con diferentes mujeres.

En sus declaraciones a la policía colombiana al momento de ser arrestado, el sujeto dijo que poseía una empresa que vendía mascotas de pedigree en varios países. En sus redes sociales hay varias fotografías de Lamas Rondón mostrando cachorros de raza de alto valor.

Lamas Rondón fue arrestado el 6 de junio de 2016 y extraditado el 24 de junio de 2017 luego de haber permanecido 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá. Cuando llegó a suelo estadounidense, el acusado autorizó a su abogado defensor para que coordinara con las autoridades norteamericanas un acuerdo de ofrecimiento de prueba y luego habría aceptado colaborar con el gobierno estadounidense.

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, Lamas Rondón habría coordinado los vuelos de aeronaves cargadas de cocaína que salían de Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala para ser recibidas por asociados que descargaban la droga, para ser llevada a los Estados Unidos, Europa y varios países africanos.

La acusación señala además que Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos  que le permitían hacer planes de vuelo que tenían apariencia legal para ser usados en los aviones que transportaban drogas.


"Tal habilidad le permitió el exitoso envió de un centenar de vuelos repletos de drogas desde Apure en Venezuela y desde el Departamento de Santander en Colombia hacia los EEUU", dice el documento.


Los viajes empiezan en 2007

Lamas Rondón fue requerido para realizar un viaje a París, Francia, en el mes de mayo de 2007.  Aunque se desconoce la razón de su presencia en la capital gala, el venezolano viajó en el vuelo número AFR-461, el 5 de febrero de ese año y regresó a Maiquetía el 19 de febrero en el vuelo AFR-466. El sujeto presentó a las autoridades francesas el pasaporte venezolano N-1693659, de acuerdo al documento.
El 2 de noviembre de 2008, Lamas Rondón hizo un viaje a Medellín en el vuelo de la aerolínea Copa, CMP 639. El sujeto hizo diligencias en Colombia, luego se trasladó a Panamá y regresó a Caracas en el vuelo de la misma línea, número 221 que salió de la capital del istmo panameño el 7 noviembre.

Lamas Rondón viajó nuevamente en un vuelo privado el 9 de julio de 2010, desde San Antonio del Táchira a Bogotá y regresó vía Cúcuta el 14 de julio de ese mismo año. El sujeto estaba acompañado por dos hombres cuya identificación no se conoce. Para este viaje, el acusado por delitos de narcotráfico en los EEUU viajó con un pasaporte diferente al usado anteriormente. El documento V-032773965 fue emitido el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Caracas en ese mismo año.

Los viajes de Lamas Rondón a Colombia fueron rutinarios hasta su detención el 7 de junio de 2016. El 24 de enero de 2012, viajó a Bogotá en un vuelo comercial de la línea Avianca, identifica como N-069 y regresó en la misma línea en el 28 de enero en el vuelo N-078.
El 1 de junio de 2011, Lamas Rondón fue a La Habana y se quedó en la isla por varios días. Llegó a la capital cubana en el vuelo CON 5100 de Conviasa. Luego tomó un vuelo privado que lo llevó nuevamente a Colombia, entró por Cúcuta a San Antonio del Táchira el 12 de junio de ese mismo año.

En 24 de enero de 2012 viajó en el vuelo de Avianca #069 desde Maiquetía a Bogotá, luego volvió al país en un vuelo de la misma línea (#078) el 28 de enero de ese mismo año.

El 16 de abril de 2012 se fue a Bogotá nuevamente por vuelo comercial Avianca (069), desde la capital bogotana viajó de forma privada a Roma, Italia. El 22 de abril tomó un vuelo de la línea aérea Alitalia (AZA-868) que lo condujo a Caracas. 

El 1 de febrero de 2013, Lamas Rondón viajó nuevamente a Bogotá  en un vuelo de Avianca (AVA-081) y regresó a Caracas el 5 de marzo de 2013 en el vuelo (AVA-080). Luego regresó a Bogotá en un vuelo de Conviasa (VCV5100) el 16 de junio de 2013, permaneció por una semana haciendo gestiones en la capital colombiana y volvió a Caracas el 21 de junio de ese mismo año.

El 1ro. de diciembre de 2013, "El Piloto" viajó otra vez a Bogotá por Avianca, pasó dos días, luego se fue a Lima, hizo gestiones no reseñadas y regresó a Caracas de TACA (924) desde Perú.

El último viaje de Lamas Rondón tuvo lugar el 7 de junio de 2016, en el vuelo VO-5108 de la línea del gobierno venezolana Conviasa usando un nuevo pasaporte con el número 129223238. Ese mismo día fue apresado en el aeropuerto El Dorado y trasladado por las autoridades antidrogas de Colombia, cumpliendo con una orden de captura emitida por el gobierno de los Estados Unidos donde fue acusado de estar vinculado con los carteles de Venezuela y Colombia.  

lunes, 31 de julio de 2017

Departamento del Tesoro de los EEUU sanciona al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

@maibortpetit

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, en la lista de sancionados conocida como SDNT.

La orden ejecutiva autoriza sanciones contra funcionarios actuales o antiguos del Gobierno de Venezuela y otros que hayan socavado la democracia en Venezuela. 

Estas sanciones se producen un día después de que el gobierno de Maduro celebrara elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que aspira ilegítimamente usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, reescribir la constitución e imponer un régimen autoritario a través de la carta marga. 

La Asamblea Constituyente representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela. El gobierno de Maduro ha procedido con la elección de ANC a pesar que los venezolanos y los gobiernos democráticos de todo el mundo se han opuesto abrumadoramente, ya que representa un ataque fundamental a las libertades del pueblo venezolano. 

La creación de la ANC es un paso más de los esfuerzos de Maduro para socavar la democracia de Venezuela y el estado de derecho.

Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos están congelados, y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con él.

Las ilegítimas elecciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que no tiene en cuenta la voluntad del pueblo venezolano. Al sancionar a Nicolás Maduro, Estados Unidos deja en claro nuestra oposición a las políticas de su régimen y nuestro apoyo para el pueblo de Venezuela que buscan una democracia plena y próspera ", dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. 

"Cualquiera que participe en la ilegítima ANC  podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por su papel en socavar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela", dijo Mnuchin.

Nicolás Maduro fue elegido Presidente de Venezuela el 14 de abril de 2013, tras la muerte del ex presidente Hugo Chávez. Maduro ocupó cargos anteriores en el gobierno venezolano, incluyendo como Vicepresidente Ejecutivo y Ministro de Relaciones Exteriores.

Bajo el régimen de Maduro, el gobierno venezolano ha abusado deliberadamente y repetidamente de los derechos de los ciudadanos mediante el uso de la violencia, la represión y la criminalización de las manifestaciones. Bajo la dirección de Maduro, las fuerzas de seguridad del régimen han reprimido sistemáticamente y criminalizado a los partidos de oposición a través de detenciones arbitrarias, procesamiento militar de civiles y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Cualquier miembro de la oposición o crítico del régimen corre el riesgo de ser detenido, encarcelado, asaltado, torturado y asesinado.

Además de cometer abusos generalizados contra los derechos humanos, el régimen de Maduro ha manejado mal la economía y se ha involucrado en la corrupción sistémica. A pesar de tener entre las reservas de petróleo más grandes del mundo, decenas de millones de venezolanos están pasando hambre porque el gobierno se niega a importar alimentos suficientes para el pueblo venezolano, se dedica a la corrupción desenfrenada en moneda a través un régimen cambiario y, a su vez, rechaza las ofertas de ayuda humanitaria.

El Gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos democráticos de todo el mundo continúan pidiendo al gobierno venezolano que detenga el proceso del ANC y permita que los procesos e instituciones democráticas de Venezuela funcionen como estaba previsto. Instamos a aquellos que fueron elegidos a la Asamblea Constituyente a declinar tomar su cargo.

sábado, 29 de julio de 2017

Zapatero da como un hecho la instalación de la ANC del régimen y pide respetar "los principios de la República"

@maibortpetit

Un comunicado dado a conocer este sábado 29 de julio, expresa la posición del expresidente español, José Rodríguez Zapatero en relación a sus supuestas gestiones de mediación. En la misiva, Zapatero da como un hecho la instalación de la Asamblea Constituyente convocada por el régimen de Nicolás Maduro y expresa que dicho órgano, debe comprometerse "de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder; y asumir el compromiso de compartir la aprobación inmediata de medidas económicas y sociales, apelando también para ello a la colaboración externa".

He aquí el texto completo:


Comunicado de José Luis Rodríguez Zapatero
sobre la situación en Venezuela.

En las últimas semanas, he mantenido reuniones diversas, unas con actores del Gobierno y otras con representantes de la Oposición, en la búsqueda de una convivencia democrática y para la paz en Venezuela.

Después de lo sucedido en los últimos meses, después de la pérdida de más de un centenar de vidas, después de las conversaciones mantenidas... me reafirmo en que únicamente la negociación, la concertación y el acuerdo pueden dar una salida a la grave crisis que vive Venezuela, la salida acordada y pacífica que desean la inmensa mayoría de los venezolanos.

En las citadas conversaciones, he identificado los temas centrales sobre los que es necesario alcanzar una negociación y un acuerdo. Y entiendo que las posiciones del Gobierno y la Oposición permitirían, con voluntad de acercamiento y esfuerzo de flexibilidad, culminar ese proceso de concertación.

Las cuestiones a definir son: 

1) La fijación de un cronograma electoral con fechas precisas para elecciones a las alcaldías y presidenciales; 

2) Avanzar de manera urgente en la Comisión de la Verdad para tomar medidas amplias e inmediatas sobre liberaciones de presos; 

3) Acordar de manera asimismo urgente el procedimiento para poner fin al desacato de la Asamblea Nacional; 

4) Fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder; y asumir el compromiso de compartir la aprobación inmediata de medidas económicas y sociales, apelando también para ello a la colaboración externa. Todo ello apelando a la paz y al rechazo absoluto de cualquier género de violencia, con pleno respeto al ejercicio de los derechos democráticos de los venezolanos.

Porque el acuerdo debe ser nítida expresión de la soberanía del pueblo de Venezuela. Solo a los venezolanos, a sus líderes y a los representantes de los ciudadanos, compete la determinación de sus bases.

El proceso de concertación debería conducirse a través de la conformación de un Grupo con presencia junto a Gobierno y Oposición de países amigos y acompañantes, y adoptándose las garantías oportunas para su cumplimiento.

Hoy y mañana Venezuela vivirá horas trascendentales. Deben transcurrir en paz. Ese es el compromiso que me han trasladado los diversos responsables políticos.

El derecho a abstenerse, el rechazo a una consulta electoral, son tan incuestionables como el derecho a votar, pero el ejercicio de un derecho sólo es legítimo cuando es pacífico.

En el antagonismo irreductible no hay ni política ni salida de convivencia imaginable, menos aún en la violencia y en el uso público de la fuerza no proporcional. Las sanciones y las previsibles reacciones a las mismas solo empeorarán la situación. Del mismo modo que las propuestas unilaterales nunca propician salidas a los conflictos.

Pido, pues, que se pase de la dinámica de acumular fuerzas a la de hacer esfuerzos decididos de negociación.

El primer responsable es el Gobierno, a él apelo para que la facilite con nuevos gestos, aunque sin la voluntad y la determinación de la Oposición nada será posible. 

Deseo expresar y agradecer la disposición cierta a abordar una salida pacífica y democrática que he podido comprobar en mis rondas de conversaciones. 

A partir de esta constatación, y con el máximo respeto al proceso político venezolano, exhorto a los diversos líderes y actores a que den una respuesta positiva a los anhelos de paz, democracia y convivencia de los ciudadanos de Venezuela.

Resolución Conjunta del Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Interiores para la realización de las votaciones de la ANC














miércoles, 26 de julio de 2017

Denuncian en el Senado de EEUU: Derwick contrató a Fusion GPS para silenciar el escándalo de corrupción en medios de comunicación norteamericanos

La firma Fusion GPS habría sido contratada por Derwick Associates para evitar que el escándalo de corrupción que envuelve la empresa, propiedad de los llamados "bolichicos", saliera desplegada en los medios de comunicación social de los EEUU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El caso de las supuestas prácticas ilícitas de la empresa Derwick Associates, acusada de varios casos de corrupción en Venezuela, salió a relucir durante una audiencia realizada este miércoles 26 de julio en la Comisión Judicial del Senador de los Estados Unidos, titulada: "Supervisión de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Tentativas de Influir en las Elecciones Estadounidenses: Lecciones Aprendidas de las Administraciones presentes y anteriores".

El objetivo de la audiencia -convocada por el presidente del Comité Judicial, Charles E. Grassley (R-Iowa)- era discutir las prácticas ilícitas de la empresa Fusion GPS, una firma de investigación  contratada por el partido demócrata que pagó al ex-espía MI6, Christopher Steele, para recopilar información sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El expediente de Steele contenía numerosas acusaciones sobre Donald Trump y la campaña, algunas de ellas sin fundamento. 

De acuerdo a la agenda del comité del Senado, la audiencia fue establecida para examinar el trabajo separado de la firma en un caso legal que involucra la Ley Magnitsky, una ley para castigar a los violadores rusos de derechos humanos. 

La firma Fusion GPS no está registrada bajo las normas establecidas por  la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)

Caso Derwick sale a relucir en audiencia del Senado sobre Fusion GPS

El presidente de la Fundación de Derechos Humanos HRF con sede en Nueva York, Thor Halvorssen fue invitado a participar en la audiencia en su calidad de defensor de los Derechos Humanos. Durante su testimonio frente a los miembros de la Comisión Judicial del Senado, el activista solicitó formalmente que se investiguen las supuestas actividades criminales de las empresas Derwick Associates y Fusion GPS.

En su exposición frente al presidente de la Comisión Judicial, senador(R) Chuck Grassley, la vicepresidente, senadora (D) Dianne Feinstein y el resto de los miembros presente en la audiencia, Halvorssen acusó a Derwick Associates y a Fusion GPS de pagar a varios periodistas para publicar pruebas infundadas contra las personas que se atrevieron a difundir información sobre las supuestas actividades delictivas cometidas por Derwick Associates, una empresa con sede en los Estados Unidos que consiguió una decena de contratos con el Estado venezolano en base al pago de millonarios sobornos a los funcionarios encargado de otorgar las licitaciones.

Halvorssen  explicó a los senadores norteamericanos que la empresa Fusion GPS cumple un rol fundamental en el multimillonario esquema de corrupción que beneficiaría al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro, en abierta violación a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
El denunciante dijo que desde 2012 empezó a investigar el escándalo de corrupción protagonizado por Derwick Associates, una compañía creada por un grupo de jóvenes venezolanos ligado al gobierno de Hugo Chávez, cuyas actividades ilícitas se realizaron en suelo norteamericano.


De acuerdo a Halvorssen "el esquema de corrupción de Derwick incluyó bancos, empresas e incluso los tribunales de los Estados Unidos. Esta historia debería haber recibido una extensa exposición en las primeras páginas de los periódicos nacionales de Estados Unidos, sin embargo los responsables del esquema de corrupción contrataron a la empresa Fusion GPS para evitar que el caso fuera reseñado por los medios"


Halvorssen dijo que "Fusion GPS actuó como agente de relaciones públicas en nombre de un director extranjero pero dicha empresa nunca fue registrada bajo la ley FARA, lo que le permitió participar en nefastas actividades sin el escrutinio público".

Empresa sin experiencia



En su exposición, Halvorssen aseguró que "el gobierno venezolano (liderado para esa época por el fallecido presidente Hugo Chávez) adjudicó doce contratos de centrales eléctricas a Derwick Associates, una empresa registrada  en Barbados sin experiencia previa en adquisiciones y construcción".


- Los fundadores de Derwick son ciudadanos venezolanos de veintitantos años sin capital, sin ingeniería, sin antecedentes y sin ninguna experiencia de trabajo relevante. Con lo único que contaban era con una disposición a pagar cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Chávez.


Advirtió que "Derwick obtuvo las turbinas para las centrales eléctricas a través de un intermediario que recorrió los astilleros de salvamento alrededor del mundo, incluyendo en Tanzania, Qatar y China. Algunas partes vendidas al gobierno de Venezuela llegaron incluso de plantas de energía desmanteladas hace décadas en California y Mississippi".


En su testimonio frente al Senado norteamericano Halvorssen dijo que "Derwick sobrefacturó al gobierno venezolano por un equipo de segunda mano, cuyo costo superó inclusive al precio de uno nuevo y -además- contrató a otras compañías para hacer el trabajo de construcción. El sobreprecio fue de más de $ 2 mil millones de dólares".



Explicó que "los directores de Derwick, Leopoldo Betancourt-López, Pedro Trebbau-López, Francisco Convit-Guruceaga, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmán-López y Francisco D'Agostino Casado, tienen casas en los Estados Unidos, lavaron la mayor parte de los fondos robados al tesoro venezolano través del banco J.P. Morgan, y pagaron la mayoría de los sobornos por  medio de la Banca Privada d'Andorra, donde establecieron cuentas para cancelar las coimas a los funcionarios del gobierno venezolano en el gabinete de Chávez". 


Estas cuentas bancarias de Andorra -acota- se convirtieron posteriormente en el foco de una investigación. Recordó que la corrupción de Banca Privada d'Andorra produjo un escándalo público en España, a tales extremos que en 2015 el banco fue designado "Una preocupación principal de lavado de dinero" por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).



Aseguró que "los directores de Derwick continúan operando con impunidad en Venezuela y en los Estados Unidos". Asimismo, informó que "bajo los auspicios del gobierno de Maduro, el Estado venezolano provee un aparato de seguridad a Derwick, y que la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) les ha otorgado desde entonces importantes concesiones de petróleo y gas. 

En los Estados Unidos, según se informó el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, estos empresarios están siendo objeto de investigaciones federales por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),  el Departamento del Tesoro, el Fiscal de Distrito de Nueva York, y la Agencia Antidrogas Americana (DEA).

Según el denunciante, "Derwick ha robado diez veces más la cantidad involucrada en el infame escándalo de corrupción que envolvió a los directivos de la FIFA en  2015 y varias veces más que el robo de impuestos en Rusia que llevó al asesinato de Sergey Magnitsky. Sin embargo, no ha habido casi ninguna cobertura de los medios sobre el comunicación y las acciones judiciales se han paralizado"

"Uno de las razones por las cuales no hay cobertura mediática de este caso es el trabajo realizado por la empresa Fusion GPS", explicó.

En 2014, Fusion GPS comenzó a trabajar en nombre de Derwick para asegurar que la evidencia de sus crímenes y la narrativa de su espectacular robo nunca apareciera en los medios de comunicación de los EEUU.

Los medios de comunicación eran una amenaza significativa para Derwick porque, a pesar  que las autoridades tenían a Derwick en su radar, la exposición prominente de la prensa aceleraría una acusación formal.

Los cofundadores de Fusion GPS,  Glenn Simpson y Peter Fritsch  tenía un amplio conocimiento de cómo funcionan los medios, ya que habían trabajado en el Wall Street Journal por un período combinado de más de dos décadas. Durante su tiempo en ese medio, publicaron artículos que precedieron a investigaciones criminales, acusaciones y arrestos.

Halvorssen afirmó que "Fusion GPS entiende cómo funciona el medio, cómo matar una historia, cómo fabricar suficiente elementos para lanzar una investigación periodística, y lo que se necesita para descalificar a un periodista para que deje de escribir sobre una historia. Trabajando junto a su colega Tom Catan, consiguieron el objetivo que era garantizar que los denunciantes en el caso Derwick sufrieran grandes daños en su credibilidad y reputación". 

"Fusion GPS ideó campañas de difamación, preparó expedientes que incluyeran información falsa, noticias de calumnias cuidadosamente colocadas y posiblemente -incluso- organizó una ruptura en el hogar de uno de los principales denunciantes. Tengo conocimiento de primera mano sobre la amplitud y la intensidad de sus actividades porque personalmente experimenté la ira de Fusion GPS", aseguró Halvorssen.

"A finales de 2013, el Wall Street Journal asignó al periodista José de Córdoba, (corresponsal para asuntos Latinoamericanos) para investigar los supuestos crímenes de Derwick Associates. Después de varios meses de investigación, De Córdoba produjo una historia sobre Derwick tan convincente que estaba programada para publicarse en la primera página del periódico. Yo era una de las fuentes principales en ese artículo", dice el denunciante.

Antes de que apareciera la historia, el periodista De Córdoba fue invitado a visitar Venezuela junto a los directores de Derwick. El señor De Córdoba viajó a Caracas en julio de 2014, donde fue saludado en las oficinas de Derwick por  el directivo de Fusion GPS de Peter Fritsch, quien a su vez era el ex supervisor de De Córdoba. De Córdoba describió esta flagrante táctica de intimidación como algo que le hizo sentir incómodo".

"Fritsch envió a De Córdoba un expediente que contenía información falsa y despectiva sobre mí y sobre los otros denunciantes que habían llamado la atención sobre Derwick", afirmó Halvorssen.

"Fritsch también le dijo a De Córdoba que los denunciantes formaban parte de una campaña  de difamación pagada contra los acertados y honrados empresarios venezolanos. Irónicamente, en este cuento, Fritsch invirtió los papeles de su organización y la oposición que había sostenido contra Derwick", argumentó Halvorssen. 

"Fusion GPS fue responsable de la campaña de difamación cuyos objetivos fueron desacreditar un grupo de gente honesta que trataron de exponer la corrupción del régimen de Hugo Chávez y sus aliados de la empresa Derwick. De Córdoba me informó que la información contenida en el expediente sobre mí no era creíble", acotó el denunciante.

Después de su regreso a los Estados Unidos, los supervisores de De Córdoba en el periódico recibieron múltiples cartas  de amenaza enviadas por el abogado contratado por Derwick, Adam Kaufmann del bufete Baach, Robison & Lewis con sede en la ciudad de Nueva York.

Kaufmann tiene una relación de más de 20 años con los principales socios de Fusion GPS. Este abogado fue contratado por Derwick para pagar los honorarios de Fusion GPS y hacer los documentos, incluyendo todas las facturas de servicio que estarían cubiertas por el privilegio de abogado-cliente. 


El Wall Street Journal nunca publicó la historia sobre los crímenes de Derwick gracias a las acciones emprendidas por Fusion GPS. Múltiples historias en varios medios de comunicación también fueron torpedeadas por esa empresa antes de su publicación, incluyendo reportajes en prominentes  medios de comunicación como Bloomberg News y The Economist en Londres.

- Además de proteger a Derwick de los informes de investigación periodística en su contra, Fusion GPS también se dedicó a atacar a Alek Boyd, un prolífico periodista de investigación residenciado en Londres. Boyd había publicado en su blog personal extensos reportajes sobre la corrupción de Derwick. Fusión GPS diseñó una campaña de descalificación con falsas acusaciones en contra de Boyd a quien señaló de ser un notorio pedófilo, un narcotraficante convicto, un ladrón de coches y un extorsionista. 

Tras las acusaciones sin fundamento, Boyd incrementó las publicaciones en línea sobre Derwick y  aumentó su escrutinio sobre los directivos de la empresa. Semanas después de dichas publicaciones, en un crimen no resuelto, tres hombres irrumpieron en la casa del periodista en Londres, robaron su computadora y colocaron fotografías de sus hijas, tomadas con un teleobjetivo, en los bolsillos de su impermeable. 

Boyd recibió posteriormente una carta anónima manuscrita donde lo amenazaban que iban a violar a sus hijas.

Varios meses después de este hecho, Simpson y Fritsch continuaron contactando a periodistas que estuvieran escribiendo historias sobre  Derwick. Esta vez le tocó a Kenneth Silverstein,  a quien le proporcionaron un expediente similar al que le habían dado a De Córdoba. 

Silverstein procedió a escribir mensajes vituperantes en blog y en más de una docena de medios de comunicación social donde afirmaba -falsamente- que yo sufría de adicción a la heroína, que fui enviado a un centro de rehabilitación de drogas en Tennessee, y que Peter Thiel, una ex pareja romántica, había pagado por mi supuesta rehabilitación. También repitió la acusación contra Boyd y contra otros denunciantes. Silverstein me acusó falsamente de pedofilia y escribió sobre el mal uso de las donaciones hechas a la Fundación de Derechos Humanos (HRF) y que asistía a los eventos de trabajo drogado. 

Ninguna de estas terribles acusaciones tienen alguna base de hecho. Fusion GPS arregló para que estas versiones fueran publicadas y difundidas ampliamente para castigarme por ser uno de los principales denunciantes  de Derwick, poniendo de relieve mi credibilidad como defensor de los derechos humanos. 

"Aunque Silverstein ha declarado públicamente ser partidario de Hugo Chávez y de la dictadura de Venezuela, las evidencias también sugieren que Fritsch pagó a Silverstein y que ésta no sería su primera colaboración", aseguró.

"Como dijimos, más allá del señor Boyd y de mí, hay un puñado de otros periodistas involucrados en las denuncias del caso penal Derwick que también han sido sujetos de las tácticas de Fusión GPS", explicó.

Asimismo, Halvorssen citó el caso del ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, quien presentó una querella contra Derwick por difamación basada en la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act -RICO) en un tribunal de Nueva York. "Esta demanda fue recientemente desestimada por motivos jurisdiccionales, aunque los acusados ​​de Derwick han viajado más de cien veces a los Estados Unidos, poseen casas en Miami y Nueva York, el juez encontró que sus contactos con los Estados Unidos no eran suficientes para someterlos a la jurisdicción del tribunal". 

Continuó señalando que "Más allá de calificar a Derwick Asociados como una empresa criminal, prominentes abogados que se especializan en la Ley RICO me han sugerido que los directores de Fusion GPS están operando como una empresa criminal que
viola la Ley RICO por represalia contra los denunciantes que se han puesto en contacto con las agencias de aplicación de la ley".

Más allá de la conducta de sus clientes para vilipendiar y desacreditar a cualquier denunciante, Fusion GPS no ha podido registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), afirmó Halvorssen.

Dijo además que "Los directores de Derwick Asociados han sido investigados por el Departamento de Estado de los EEUU, en el Congreso de Estados Unidos, y en la Casa Blanca como merecedores de sanciones individuales y la imposición de una prohibición de visa".

Advirtió que "Fusion GPS, sin duda, ha intentado influir en la política en nombre de los directivos de Derwick, quienes son parte indistinguibles del gobierno de Venezuela y del abuso del aparato de seguridad venezolano, bases militares nacionales y aeropuertos restringidos; de los altos funcionarios gubernamentales, incluido el Presidente Nicolás Maduro y su familia, y de su capacidad para escapar del enjuiciamiento por sus múltiples crímenes en Venezuela.

Cualquier acto de corrupción en conjunción con la dictadura de Venezuela es por necesidad una acción que faculta a ese gobierno y le permite que siga ofendiendo la responsabilidad democrática y violando los derechos humanos con impunidad.

Los funcionarios corruptos de la dictadura serían impotentes si no tuvieran cómplices en el mundo de los negocios, y estos cómplices, a su vez, serían aliados inútiles sin facilitadores como Fusion GPS, empresa que  está dispuesta a blanquear y a beneficiarse de sus crímenes. 

Halvorssen dijo los siguiente: "Los que han optado por exponer estos abusos de poder no somos las únicas víctimas aquí. Consideren que ninguna de las plantas de energía construidas por Derwick en Venezuela están funcionando correctamente, lo que lleva consigo un enorme costo humano: los apagones ocurren diariamente en toda Venezuela; los hospitales no tienen electricidad y dependen de linternas y teléfonos celulares para encender sus quirófanos; las instalaciones de vivienda pública en edificios de gran altura requieren que los inquilinos ancianos suban múltiples escaleras porque los ascensores no tienen electricidad; en el caso de los alimentos (que es un recurso escaso en Venezuela) se pudren porque en millones de hogares los refrigeradores no funcionan; hay miles de accidentes de tráfico porque las calles y carreteras no tienen iluminación. Imagínese qué horrible debe ser vivir en un país donde durante, varias horas al día, todos los días, la población rural sufre apagones.

Más adelante concretó que "Fusion GPS no es una "investigación de la oposición" o una empresa de comunicaciones de crisis. Fusión GPS es un grupo de expertos -altamente remunerados- que funcionan como un accesorio de los crímenes cometido por Derwick Associates. Como tales, son en parte responsables de la injusticia y el sufrimiento provocados por las acciones de Derwick en Venezuela".

Halvorssen instó a los senadores a que investiguen las actividades de Fusion GPS y -especialmente- su disposición a pagar a los periodistas a cambio de la publicación de pruebas infundadas sobre algunas personas que representan un desafío para sus clientes.

¿Quién es el denunciante?

Thor Halvorssen es presidente de HRF, una organización internacional con 12 años de antigüedad en la defensa de los derechos civiles y políticos en los países autoritarios, integrada -además- por el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel; el presidente checo, Václav Havel; el embajador de las Naciones Unidas, Armando Valladares, y el campeón de ajedrez Garry Kasparov, entre otras personalidades. 

Asimismo, preside el Foro de Libertad de Oslo, una reunión internacional que lucha contra las dictaduras en todo el mundo. Es investigador y escritor especializado en materia de corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

****

Fusion GPS está siendo acusada de hacer lobby en nombre del gobierno ruso sin registrarse como agente extranjero, lo cual violaría la Ley FARA.