viernes, 24 de noviembre de 2017

Crystallex llega a acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre la deuda de $ 1.2 mil millones de dólares

La cruenta batalla legal y por todos los flancos, sostenida entre la empresa canadiense que en 2002 había obtenido los derechos de explotación de la mina “Las Cristinas” y el estado venezolano, parece haber llegado a su fin en virtud de que las partes habrían llegado a un acuerdo de conciliación cuyos términos son un absoluto secreto. Parte de lo convenido es que con la suscripción del trato, Crystallex debe desistir de todas las acciones legales que ha emprendido contra el gobierno venezolano para la recuperación de sus activos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Bajo términos que nadie conoce, pues permanecen en el más estricto secreto sembrando más dudas que las que despejan, la firma canadiense Crystallex International y el gobierno de Venezuela llegaron a un acuerdo para resolver una disputa de $ 1.2 mil millones generados por la nacionalización de los activos de la empresa en Venezuela.

El juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto Glenn Hainey aprobó el acuerdo el viernes después de que fuera anunciado dos días antes a través de representaciones en Canadá. Las partes del acuerdo permanecen selladas, incluido el monto a pagar.

Crystallex que reclamaba el pago de 1 mil 400 millones de dólares por concepto de la expropiación a su filial minera en Venezuela por la explotación de la mina “Las Cristinas” en oriental Estado Bolívar, luego de que una corte de los Estados Unidos confirmara el fallo de un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) que estableció que el gobierno venezolano debía indemnizar a la empresa por el despojo sufrido en 2008.

El consorcio había obtenido en 2002 los permisos para explotar la mina de oro “Las Cristinas”, un yacimiento con reservas de oro por el orden de los 464 millones de toneladas, estimado como uno de los depósitos más grandes del mundo. Sin embargo la medida adoptada por el gobierno de Hugo Chávez significó el inicio de una pugna que se ha mantenido hasta la fecha. Cabe destacar que luego de haberle retirado los derechos de explotación a la empresa canadiense, Venezuela anunció en 2012 un acuerdo con la estatal china Citic Group.

El misterioso acuerdo

Al trato habrían llegado las partes el pasado 15 de noviembre, cuando Crystallex —por intermedio de Counsel—  y el gobierno venezolano establecieron los términos del acuerdo de conciliación que ahora sus abogados presentan ante un tribunal Superior de Ontario para su aprobación.

Fueron meses de conversaciones y negociaciones que concluyeron cuando el 20 de noviembre, el director de Crystallex, Harry Near, recibió la versión oficial firmada y sellada del Acuerdo.

Near manifestó su beneplácito pues "la cantidad de recuperación que Crystallex alcanzará en virtud del acuerdo de conciliación es extraordinaria en comparación con el monto de la compensación, y entiendo que este puede ser el acuerdo más grande que Venezuela haya acordado en relación con un laudo arbitral".

Lo que se ha podido conocer es que el gobierno de Venezuela pagará a Crystallex una cantidad específica de la compensación más intereses, los cuales serán cancelados en cuotas, la inicial, seguida de unas mensuales, para luego pagar unas cuotas anuales hasta que se haya cubierto totalmente el monto de liquidación.

No se pudo conocer cuándo sería la fecha exacta de la primera cuota a cancelar, sólo que esto procederá únicamente cuando se hayan cumplido algunas condiciones del acuerdo, tras lo cual Crystallex deberá suspender todas las acciones y procedimientos legales que haya iniciado para hacer cumplir el Laudo, comprometiéndose a no tomar nuevas acciones relativas al mismo.

Eso sí, para que esto se cumpla de esta manera, el gobierno venezolano deberá cumplir al pie de la letra sus obligaciones de pago tal como quedaron establecidas en el acuerdo de conciliación, pues de no hacerlo Crystallex recuperaría sus derechos y podría reiniciar todas las acciones legales suspendidas por el referido  acuerdo, así como a comenzar nuevos procedimientos tendentes a lograr el cumplimiento, advirtió Near.

Más allá de estas generalidades ha sido imposible conocer más detalles sobre el acuerdo de conciliación, toda vez que el mismo contiene un conjunto de normas de confidencialidad que deben cumplirse estrictamente e impiden la divulgación de los pormenores de las negociaciones que condujeron al acuerdo y a los términos del mismo.

Venezuela ha tratado de blindarse con todas estas normas de confidencialidad, puesto que aún enfrenta reclamos por cientos de miles de dólares en acreencias.

El secreto ha quedado refrendado con el sello y conformidad de un tribunal que ha emitido una orden de mantener en la reserva las singularidades relativas a la liquidación, las cuales no podrán hacerse públicas por ningún concepto.

Del Acuerdo de liquidación sólo es conocido por las partes interesadas, sus representantes legales y se ha dado a conocer a los titulares de los bonos de la Sociedad y a los accionistas, de conformidad con los términos de los acuerdos de confidencialidad establecidos.

La política agresiva de Crystallex

Crystallex ha mantenido una agresiva política y estrategia contra Venezuela en reclamo de sus acreencias. Sus abogados demandaron en agosto a Venezuela. Petróleos de Venezuela y a Citgo.

La empresa canadiense demandó a PDVSA en una corte de Estados Unidos donde exigió que la estatal petrolera venezolana le cancelara la promesa de colocar las acciones de la filial Citgo como colateral de la emisión de bonos 2020.

Cristalex International venía de ganar el juicio arbitral que la hizo adjudicataria de 1,4 millardos de dólares y acudió a una corte distrital en el estado de Delaware, ante la cual argumentó que la promesa de PDVSA de ofrecer 50,1 por ciento de la acciones de Citgo como garantía del nuevo bono era una transferencia fraudulenta.

Crystallex había decidido ampliar sus acciones contra Venezuela al introducir una demanda colectiva contra Petróleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, acusando que la estatal petrolera venezolana llevaba a cabo un conjunto de transacciones fraudulentas  y movimientos accionarios de Citgo para, de esta manera, evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense como consecuencia de la nacionalización de los activos de la compañía en Venezuela.

En la demanda, Crystallex alega que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advertía que sus acciones legales continuarían en los Estados Unidos hasta que  lograra cobrar las deudas mil millonarias que el gobierno venezolano mantenía con la compañía, resultado del fallo emitido en su favor por el Ciadi por 1 mil 400 millones de dólares.

En virtud del incumplimiento por parte de Venezuela, Crystallex decidió ampliar sus acciones legales con miras a cobrarse a través apoderarse de la refinería de petróleo que el país posee en Estados Unidos, a saber, Citgo.

Luego Crystallex presentó otra demanda contra PDV Holding Inc. —intermediario entre las compañías— para revertir una oferta de bonos basura que hizo el gobierno venezolano en un intento de restarle valor a Citgo. Estos procedimientos violan la ley de Delaware.

Sostenía Crystallex que las transacciones de PDVSA y PDVH comprometieron todo el valor de Citgo Holding para evadir la posibilidad que las autoridades puedan actuar sobre Citgo, y que Crystallex y sus otros acreedores puedan cobrar las deudas ordenadas por el laudo.

La demanda enmendada asegura que los estados financieros presentados por la empresa en el tribunal de Delaware demostraban que GLAS America LLC —firma que representa a los tenedores de bonos— acordó dar a PDVSA tres años más para pagar 7 mil millones de dólares en deuda, por lo cual recibió un gravamen sobre el 50.1 por ciento de las acciones de Citgo, mientras que Rosneft Trading SA recibió un gravamen sobre el 49,9 por ciento restante.

Anterior a esto, Crystallex había demandado Citgo en 2015, exigiéndole la devolución de 2,8 millardos de dólares. Reclamaron lo que estimaron un procedimiento poco claro por parte de la refinería al traspasarle a PDVSA dividendos especiales. La decisión del tribunal fue desestimar el reclamo a Citgo, pero permitió que el procedimiento se redireccionara a Petróleos de Venezuela.

Para Crystallex el canje de bonos constituye un fraude, toda vez que al momento de hacerlo aún estaba activa la demanda hecha contra PDVSA. La operación consistía en la transferencia de mil millones de dólares de activos de Citgo a la petrolera estatal rusa.
Una investigación permitió establecer que Venezuela había hipotecado el 49,9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un préstamo de 1 mil 500 millones de dólares.

Los abogados de Crystallex solicitaron una orden que les permitiera apoderarse de PDV Holding, matriz de la unidad Citgo de Venezuela en los Estados Unidos.

El 9 de junio de 2016 el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC, el mismo que confirmó y registró el laudo de arbitraje de 1.4 mil millones de dólares en contra de Venezuela, otorgó a Crystallex la capacidad de iniciar acciones para hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

El tribunal negó en agosto a Venezuela un pedido para suspender la ejecución de la ley pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

Ya en 2017, específicamente el 25 de marzo, el Tribunal Federal en Washington DC confirmó y registró la adjudicación de 1.4 mil millones dólares en contra de Venezuela, pues estimó que los argumentos presentados por el gobierno venezolano son suficientes para anular o modificar el laudo emitido por la Convención de Nueva York.

El antecedente: El juicio del CIADI del Banco Mundial

A raíz de la expropiación de los activos de Crystallex instrumentada por el gobierno del finado, Hugo Chávez, la empresa acudió a las instancias internacionales y en abril de 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial falló a su favor.

El Ciadi decidió que al haber recibido Crystallex un trato injusto por parte de la administración venezolana y la expropiación de sus bienes y la inversión en el proyecto minero “Las Cristinas”, se hacía merecedora del pago de 1 mil 202 millones de dólares más intereses.

Consideró el Ciadi, órgano ante el cual Crystallex acudió el 16 de febrero de 2011, que Venezuela violó un Tratado suscrito entre los gobiernos de Canadá y el país suramericano relativo a la promoción y protección de inversiones.

En tal sentido, la orden del Ciadi fue que Venezuela pagara a Crystallex 1 mil 386 millones de dólares correspondientes a la inversión de 1 mil 202 millones de dólares en la mina el 13 de abril de 2008, fecha cuando el gobierno venezolano negó el permiso ambiental, más daños e intereses anteriores y posteriores a la adjudicación.

El organismo del Banco Mundial consideró que el Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela incurrió en una conducta "arbitraria", "no transparente e incoherente" al negar el permiso a Crystallex.

Estos permisos eran clave para que Crystallex para comenzar las labores de explotación en “Las Cristinas” que la empresa había obtenido en 2002.

Por todos los frentes

Crytallex estaba dispuesta a atacar por todos los frentes al gobierno venezolano con tal de lograr recuperar su dinero.

En tal sentido, en agosto de 2017 consiguió que la Corte del Distrito Sur de Nueva York fallara a su favor al aprobar el embargo de aproximadamente 1 mil 202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela mantiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Se trata de unos fondos que Venezuela tenía destinados a reparar unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

En consecuencia, el juez de distrito, Colleen McMahon, remitió a la oficina de Alguaciles (USA Marshal), la autorización a para ejecutar el mandato de la corte y, así, tomar posesión de inmediato del capital y los bienes muebles de la República Bolivariana de Venezuela y sus órganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

De este modo, el magistrado puso fin a la querella interpuesta por Crystallex International Corporation contra el gobierno venezolano por la expropiación de sus activos en Venezuela por orden de Hugo Chávez Frías.

La decisión advertía que de no encontrarse en Nueva York suficientes bienes venezolanos que poder embargar, Crystallex podía recurrir a procurar otros activos de la República Bolivariana de Venezuela que pudieran ser embargables. La empresa del Canadá quería la reparación específica para embargar los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Con este mismo propósito, Crystallex había pedido a la corte el 30 de junio, autorización para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International plc y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.
Solicitud similar presentó el 5 de julio para emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Como medida preventiva, Crystallex solicitó al tribunal realizar el procedimiento sin que se le participara al deudor previamente a la orden de embargo, para evitar que el gobierno venezolano tomara medidas para transferir o retirar por otras vías los fondos y bienes ubicados en Nueva York y de los Estados Unidos, en general.
Pero…
A pesar de la decisión judicial, Crystallex no logró confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dados los enrevesados trámites administrativos que suponen estos asuntos en los EE. UU.

Los fondos del estado venezolano estaban depósitos en el banco Nueva York Mellon desde 1992 destinados a pagar un contrato de 315 millones de dólares suscrito con la empresa Ingalls Ship building, ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, para el mantenimiento y reparación de fragatas navales.

Cabe destacar que también Ingalls demandó a Venezuela en un tribunal en Mississippi, lugar donde debieron realizarse las obras del citado contrato de mantenimiento y reparación. De hecho, en 2002, había obtenido una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela.

Entonces Crystallex volvió a actuar en virtud de la tardanza de Venezuela en pagar su deuda y por ello pidió a un Tribunal de Primera Instancia determinar si había transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y, de ser así, se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la moción de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017. En consecuencia registró la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Crystallex pidió a la Corte la autorización para proceder a la ejecución contra las propiedades de  Venezuela en el Banco Nueva York Mellon.

El 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia denegó a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, una decisión que abrió la puerta para la ejecución de la orden de confiscar los fondos colocados por el Estado venezolano en el mencionado banco, los cuales pertenecen al  Ministerio de Defensa de la República de Venezuela e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Pero Venezuela no se ha quedado cruzada de brazos y ha alegado que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a través de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco.

Según los estatutos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Venezuela ha querido establecer una diferenciación entre la República de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, pero la empresa se opone alegando que la República es un todo y como tal debe tenerse. Igualmente sostiene que Crystallex pasa por alto el amplio lenguaje legal que otorga inmunidad a los activos utilizados o destinados a ser utilizados con fines militares. El Ministerio de la Defensa pidió al tribunal desestimar la petición de Crystallex.

Por su parte, Crystallex sostiene que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano y que la cuenta se creó con un propósito comercial. Asegura que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

Lo cierto es que tomando en cuenta el nuevo convenio comentado al principio de esta líneas y a lo poco que se conoce respecto a este acuerdo de conciliación alcanzado entre Crystallex y el gobierno venezolano, todas estas acciones legales quedan paralizadas, dado a que ese fue uno de los compromisos de la empresa canadiense. Solamente queda por esperar que Venezuela cumpla con su parte, pues de no hacerlo se expone a que Crystallex retome todas las acciones legales emprendidas para recuperar sus activos.

lunes, 20 de noviembre de 2017

FIFAGATE: Testigo de la fiscalía de NY asegura que empresa Datisa pagó a Rafael Esquivel 2 millones de dólares

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la tercera semana del juicio del caso conocido como FIFAGATE, un testigo de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York dijo ante el jurado que la empresa Datisa -joint venture creado por Torneos y Full Play para pagar sobornos- canceló al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol dos millones de dólares por los derechos de transmisión de la Copa América 2013.

El proceso judicial que se realiza en Brooklyn es contra Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Angel Napout, ex presidente de la Conmebol y José María Marí, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
El testigo del gobierno fue Santiago Peña, ex-contador de los empresarios argentinos Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, dueños de Full Play que ganó los derechos de publicidad para las selecciones sudamericanas en Copa del Mundo, Copa América y Copa Libertadores. 

En el estrado, el testigo explicó al jurado que como estrategia para ocultar los pagos de las coimas a los exdirectivos de Conmebol, en el 2013, sus jefes le ordenaron que no colocara las iniciales de los directivos sino que pusiera nombres de carros, así en la lista aparecía Rafael Esquivel como Mercedes Benz, Carlos Chávez (ex presidente de la Federación de Bolivia) como Volkswagen;  Luis Chiriboga Acosta de Ecuador, como Toyota; Juan Ángel Napout de Paraguay fue designado en la lista como Honda; Manuel Burga de Perú como FIAT; Luis Herberto Bedoya Giraldo de Colombia  como Flemic; Sergio Jadue de Chile, como Kia y José Luis Meiszner  aparecía como Peugeot.


El testigo explicó cómo organizaron la red de pagos de sobornos para los ex-presidentes de las federaciones de fútbol de la Conmebol, ya que él estaba a cargo de llevar los registros de las coimas a los principales dirigentes del fútbol sudamericano.


Peña dijo al fiscal que identificaba claramente a Burga y a Napout como dos de los directivos a que quienes pagaron coimas los empresarios de Full Play, los cuales aparecían en un libro de registro que se entregó a las autoridades.

Asimismo, Peña destacó que en el libro de contabilidad donde aparecían los pagos de sobornos de los ex directivos de fútbol,  estaba escrita una entrada a Honda, referente a la Copa América 2015 por un millón de dólares y otro anexo que decía "Entrada PM" que correspondían a unos 10 mil dólares. Al respecto, Peña dijo que eso era el pago de una entrada a un concierto de Paul McCartney.


Peña dijo que la mayoría de los sobornos se pagaban por transferencias pero que en oportunidades, el exjefe de Conmebol de Bolivia, Carlos Chávez enviaba a su hijo a Buenos Aires a recoger el dinero en efectivo.

En el caso de Rafael Esquivel precisó que pagaron un total de dos millones de dólares por los derechos de transmisión de la Copa América 2013. El primer pago se hizo el 16 de noviembre de 2010 por un monto de US$ 604 mil dólares, luego se completó el pago del primer millón. "El compromiso era un millón al inicio y luego de firmar el contrato se le pagaría a este señor otro millón de dólares" dijo el testigo frente al jurado.

Asimismo dijo que Rafael Esquivel había recibido unos $750 mil dólares por su voto en el Comité Ejecutivo de la FIFA en el 2010 que le dió a Qatar la sede de la Copa del Mundo para el 2022. El código con el que registraban los sobornos para los votos era -Q2022_.

Explicó que  cada presidente de las distintas asociaciones cobraban sobornos. En el caso de la Conmebol, eran seis los que recibían coimas.

La diatriba entre la fiscalía y la defensa de Manuel Burga siguió a lo largo de la jornada de hoy. Vale recordar que durante la presentación del testimonio de Alejandro Burzaco la pasada semana, Burga hizo un gesto que fue interpretado por los fiscales como una amenaza, el hombre se pasó el dedo por el cuello supuestamente en señal de eliminar a Burzaco pero los abogados dijeron que Burga tenía dermatitis y sólo se había rascado el cuello.

Ese incidente ocupó varias horas de discusión la pasada semana, hoy -sin embargo- Burzaco y la fiscalía acordaron con los abogados defensores de Burga no proseguir con el tema. No obstante, el señalado permanecerá bajo vigilancia de las autoridades federales.





domingo, 19 de noviembre de 2017

Las sorpresas del FifaGate: Destrucción de evidencia y pago de primas a Lionel Messi

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juicio que se sigue en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York sigue sorprendiendo por las revelaciones que se han dado a conocer, principalmente durante las 25 horas de declaraciones que ha rendido el expresidente de la empresa Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, convertido en testigo estrella de la fiscalía en el proceso contra los exfuncionarios de la FIFA y el Conmebol, José María Marín, Manuel Burga y Juan Ángel Napout, acusados de recibir coimas millonarias a cambio de otorgar contratos de transmisión televisiva a varias empresas de comunicación. 

Los testimonios rendidos por quien ha pasado a convertirse en el testigo principal de la fiscalía en el juicio que se le sigue a tres exdirectivos de la FIFA en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y que ya es conocido como el “FifaGate”, Alejandro Burzaco, continúan remeciendo los cimientos del organismo regente del futbol internacional.

En el proceso que se les sigue a José María Marín (Brasil), Manuel Burga (Perú) y el ex-vicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout (Paraguay), por haber recibido sobornos por parte de empresas interesadas en obtener contratos millonarios para la transmisión televisiva eventos, torneos, competencia —incluida la Copa del Mundo— se siguen haciendo revelaciones que salpican, incluso, a astros del balompié, como el argentino, Lionel Messi.

El jurado se enteró también que fueron destruidas evidencias de una compañía que pagó millones en coimas a exjerarcas del fútbol.
Burzaco durante el largo testimonio que ha rendido ante el jurado luego de entregarse, declararse culpable y decidir colaborar con la justicia estadounidense, explicó que el gerente de Torneos y Competencias (TyC), quien era la persona encargada de realizar los pagos de los sobornos, destruyó un servidor en el que estaban contenidas las evidencias.

Como hemos señalado, TyC (empresa en la que Burzaco era el presidente), como otras grandes, como Fox Sports, O Globo, Traffic, Televisa, Full Play y Media Pro, pagaron sobornos a jerarcas de organismos como la FIFA y Conmebol, entre ellos los acusados, por el orden de los 200 millones de dólares durante varios años, con el interés de obtener los derechos de transmisión televisiva y marketing de los torneos administrados por los citados entes regentes del futbol internacional.

Alejandro Burzaco indicó ante la jueza del caso, Pamela Chen, que Eladio Rodríguez, quien a saber era el citado gerente de TyC, tenía su despacho en Montevideo, lugar en el que estaba el servidor donde estaban contenidos los registros de las operaciones que se realizaron para hacer los pagos de las coimas a los exfuncionarios del futbol.

El abogado defensor de José María Marín, Jim Mitchell, preguntó a Burzaco:
— ¿Envió Eladio Rodríguez a un ingeniero de Torneos a Uruguay a destruir el servidor tras los primeros arrestos de jerarcas de la FIFA en mayo de 2015?

— Me enteré tres meses después que aparentemente hizo que un tren aplastara su servidor. Esta es una expresión para decir destrucción.

Pero el ex CEO negó la existencia de un plan por parte de la empresa dirigido a la destrucción de las evidencias en caso de que los responsables de la compañía resultaran arrestados o acusados. Sin embargo, admitió que sí habían previsto esconder dicha información y en caso de ser necesario, las computadoras, esto —dijo— con el fin de evitar que información de la empresa cayera en manos de la competencia comercial.

Las primas para Messi

Durante el juicio a los ex-directivos de la FIFA fue posible conocer —a través del testimonio de Alejandro Burzaco, ex CEO de TyC— cómo se efectuaron pagos de primas por cientos de miles de dólares a jugadores como Lionel Messi para que participaran en torneos amistosos.

Refirió que tanto Messi, como otros jugadores de la selección argentina, se beneficiaron de este tipo de pagos que realizó su empresa Torneos y Competencias con el fin de concretar la participación de estas estrellas del futbol en los citados juegos amistosos.

“En el caso de Lionel Messi y otros jugadores de la selección argentina, les pagamos 200.000 dólares por amistosos”, afirmó Alejandro Burzaco al tiempo que indicó que se trataba de pagos o primas adicionales a lo que dichos jugadores recibían por parte de la AFA por participar en dichos partidos.

Cristina Fernández no recibió coimas de TyC pero sí sus funcionarios

Al respecto, explicó que el exdirector para América Latina de la cadena Fox Sports, Hernán López, en 2011, le pidió gestionar una reunión con Cristina Fernández, para entonces presidenta de Argentina, a lo que Burzaco respondió que podía hablar con Julio Grondona y con el secretario legal de la Casa Rosada para la fecha, Carlos Zannini, para ver si era posible llevar a cabo el encuentro. Sin embargo dijo no recordar ni el objetivo ni si tal entrevista se realizó. Lo que sí negó categóricamente fue el haber pagado sobornos a la exmandataria, como tampoco lo había hecho con el actual presidente, Mauricio Macri, cuando los abogados así se lo preguntaron.

Quienes sí recibieron coimas en el gobierno de Fernández, fueron los funcionarios encargados del programa Futbol para todos, Pablo Paladino y Jorge Delhon, pagos que se registraban con el nombre “Cristina en efectivo”, aunque, como lo advirtiera, la mandataria no se hizo partícipe de estos cobros irregulares. Aclaró que tales denominaciones de los registros internos que cancelaba su empresa no eran un asunto que el manejara.

Cabe destacar que luego de que el Alejandro Burzaco hiciera tal señalamiento, Delhon, quien fue asesor de la jefatura de gabinete de ministros de la presidenta Cristina Fernández, se suicidó tirándose a las vías de un tren en las proximidades de Buenos Aires.

El “reino” de Leoz

Durante la cuarta jornada de testimonio de Burzaco también se supo que Nicolás Leoz, de 89 años y expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y exdirigente de la FIFA, convirtió dicho organismo en una especie de “reino” personal.

Dijo que Leoz “a veces confundía sus finanzas personales con las finanzas de la Conmebol (...) Quiero decir que robaba de la Conmebol”.

Profundizando al respecto, Burzaco precisó que Nicolás Leoz robó una indemnización de cinco millones de dólares que la FIFA había destinado a la Conmebol luego de haberse creado el Mundial de Clubes que sustituyó a la antigua Copa Intercontinental en la que se enfrentaban los clubes campeones de Europa y Suramérica. “Un día me dicen desde el Banco do Brasil que Leoz había dado instrucciones a la FIFA, y a la FIFA no le importó mucho, para que depositaran los cinco millones en su cuenta personal en vez de la cuenta bancaria de la Conmebol”.

Extradición de Nicolás Leoz

Cabe destacar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Leoz por corrupción y el juez de garantías de delitos económicos de Paraguay, Humberto Otazú, aprobó el jueves su extradición, una decisión que la fiscalía paraguaya calificó de "éxito parcial".

— Para nosotros es un éxito parcial, pudimos percibir que el juzgado resolvió en consonancia con el criterio sustentado por el Ministerio Público — manifestó el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán.

Se espera que la defensa apele la decisión como en efecto el abogado de Leoz, Ricardo Preda, lo anunció al explicar que acudirían al Tribunal de Apelaciones y si no obtienen la respuesta que esperan de anular la extracción, acudirán al Tribunal Supremo.
Leoz se encuentra en arresto domiciliario desde 2015 en la capital paraguaya, Asunción.

En virtud de que la defensa alga problemas de salud de Leoz, la fiscalía paraguaya consentirá, como lo dijo el fiscal Doldán, en que sea sometido a una evaluación médica antes de que se proceda a la extradición.

Lo que sí aclaró la fiscalía paraguaya, fue que la extradición de Leoz no se encuentra relacionada con el juicio al también paraguayo Juan Ángel Napout.  "Nosotros nos expedimos con respecto a lo agregado al expediente, lo que esté pasando con el juicio de Napout en Estados Unidos no tiene que ver con nuestras decisiones. Leoz deberá ser procesado por los hechos resueltos aquí y pasará por una evaluación médica, previa a la ejecución material de la extradición".

Cuenta conjunta con su hermano

Por otra parte, Alejandro Burzaco, admitió que mantenía una cuenta bancaria en conjunto con su hermano, Eugenio Burzaco, quien funge como secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En dicha cuenta se registraron movimientos por varios millones de dólares entre los años 2008 y 2010. Eso sí, advirtió que su hermano no administraba la cuenta, en la que se depositaron 4,23 millones de dólares en 2008 provenientes de la venta de unas acciones de TyC.

La participación de Eugenio Burzaco, explicó, fue que en caso de morir él (Alejandro Burzaco) “hubiese alguien responsable por esos fondos”.

Investigaciones en Argentina

Las revelaciones de Burzaco han tenido efecto cientos de kilómetros más al sur de Nueva York, específicamente en la Argentina, donde la diputada Graciela Ocaña, anunció que solicitará la detención de Pablo Paladino, así como que se realiza una indagatoria a otros funcionarios y exfuncionarios gubernamentales que han salido a relucir en este juicio.

Para la diputada es imprescindible investigar todos los manejos ocurridos en el programa Futbol para todos.

Burzaco lloró el viernes frente al jurado cuando le preguntaron sí había visto a sus hijos, a lo cual respondió que no. Seguidamente, concluyó su testimonio y se dio paso a otros testigos que dejaron claro al jurado cómo funcionan las instituciones financieras de los Estados Unidos para prevenir el lavado de dinero. 


Solicitan al TSJ en el exilio designar Antonio Ledezma como presidente encargado de Venezuela

En la inusual petición se argumenta que los venezolanos requieren de una cabeza institucional que pueda ejercer -desde el exilio- las atribuciones establecidas en el artículo 236 de la Constitución Nacional.

Por Maibort Petit
@maiborpetit


Una demanda sometida a consideración de los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, basada en un acto inscrito en el derecho a la rebelión del pueblo venezolano, solicita que se designe al ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

En el texto se destaca que el mencionado tribunal puede hacer la designación de Ledezma como jefe encargado del Ejecutivo. Según el demandante- el origen de la autoridad del mandatario estaría consagrado en el poder legítimo que poseen -hasta ahora- los  magistrados que tomen la decisión de denominar al ex alcalde para ejercer la Primera Magistratura del país desde el exterior.

La demanda fue presentada por el abogado venezolano, Carlos Ramírez López y se basa en los postulados de rebelión que se establecen en la Carta Magna del año 1999. 

El documento -que fue consignado ante los magistrados (en el exilio) el 18 de noviembre de 2017- destaca que en los actuales momentos "el pueblo venezolano tiene pleno derecho a la rebelión contra el régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro Moros quien ejerce de facto la primera autoridad nacional usurpando la cualidad de presidente".


El demandante apela a la sentencia de Sala Constitucional del 25 de Octubre de 2017, donde se justifica que el pueblo tiene el derecho a tener un Presidente encargado que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Carta Magna y que el mismo haga todo lo necesario y posible para la restitución de la democracia en Venezuela. 

Ramírez López explica que su solicitud responde a una medida excepcional "fundada en el espíritu de democracia, de libertad, de Estado de Derecho y de defensa a la supremacía de las normas de la Constitución, en especial de sus artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana hasta ahora vigente".

El abogado argumenta que la sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 25 de Octubre del 2017 (en el expediente 001/2017) declara la inmediata activación  de la resistencia pacífica del pueblo venezolano para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución.

En el documento, el jurista recuerda que el 9 de enero de 2017 la Asamblea Nacional dictaminó que Nicolás Maduro Moros quedó en situación de abandono del cargo de Presidente de la República por dejación en el ejercicio de sus funciones, esta declaratoria tuvo fundamento en el artículo 233 constitucional y obligaba a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes lo cual no ocurrió.

Mas adelante señala que mediante un mecanismo ilícito se pretendió dejar sin efecto el pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre este tema. Ramírez López afirma que para burlar la decisión de la Asamblea Nacional "se utilizaron mecanismos engañosos que produjeron una sentencia de interpretación de los magistrados ilegítimos del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional que no puede ser acatada". 

Sostiene que las personas que produjeron la interpretación de la decisión de la Asamblea Nacional, relacionada con la destitución de Maduro de la presidencia, se atribuyeron funciones de la magistratura que no les corresponden ya que fueron nombrados en un procedimiento viciado de nulidad tal como lo ratificó el TSJ (en el exilio) el 14 de julio del 2017,  cuando dejó sin efectos los nombramientos de los magistrados que hoy en día usurpan las funciones en el TSJ en Venezuela.

La demanda sostiene que hay un vacío de poder por la vacante en la Presidencia de la República que se generó cuando los magistrados usurpadores anularon el pronunciamiento de la Asamblea Nacional que declaró a Nicolás Maduro fuera de funciones presidenciales. 

En ese sentido, Ramírez López pide el pronunciamiento del TSJ (en el exilio) en razón que se ha generado un régimen inconstitucional con Nicolás Maduro Moros ejerciendo como Presidente de la República sin serlo con el aval de los  ilegítimos magistrados.

A continuación el texto  completo de la demanda:


       DEMANDA DE EJECUCIÓN DE ACTO INSCRITO EN EL DERECHO A LA REBELIÓN



CIUDADANOS
MAGISTRADOS DE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SU DESPACHO.-

Afirmo que el pueblo venezolano todo, sin distingos de ninguna naturaleza, en los actuales momentos está en pleno derecho a la rebelión contra el régimen dictatorial que encabeza Nicolas Maduro Moros quien ejerce de facto la primera autoridad nacional usurpando la cualidad de presidente.

Sostengo que el derecho a la rebelión del que dispone actualmente el pueblo venezolano declarado en sentencia de Sala Constitucional del 25 de Octubre de 2017 implica el derecho darnos un Presidente encargado que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Carta Magna haga todo lo necesario y posible para la restitución de la democracia en Venezuela. 

En consecuencia de los postulados antes enunciados, yo, Carlos Ramírez López, en mi condición de ciudadano venezolano, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad número 2.824.594, inscrito en Inpreabogado con matrícula 8.958, titular del carnet número 1 y para ejecer por ante esa Alta Corte, ocurro en demanda de una medida excepcional fundada en el espíritu de democracia, de libertad, de Estado de Derecho, de defensa a la supremacía de las normas de la Constitución, en especial de sus artículos 333 y 350 en relación con la sentencia dictada por Sala Constitucional en fecha 25 de Octubre del 2017 en el expediente 001/2017 en la cual se declaró la inmediata activación  de la resistencia pacífica del pueblo venezolano para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, todo enmarcado en esta acción de protección constitucional excepcional interpretando y aplicando todo el conjunto normativo de nuestra República se decida lo concerniente a los hechos que seguidamente se exponen:

La Asamblea Nacional declaró a Nicolás Maduro Moros en estado de abandono del cargo de Presidente.-
En fecha 9 de enero de 2017 la Asamblea Nacional dictaminó que el señor Nicolás Maduro Moros quedó en situación de abandono del cargo de Presidente de la República por dejación en el ejercicio de sus funciones, esta declaractoria tuvo fundamento en el artículo 233 constitucional y obligaba a “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes” lo cual no ocurrió, 

Mediante un mecanismo ilícito se pretendió dejar sin efecto el pronunciamiento de la Asamblea Nacional.-
Para burlar dicho pronunciamiento se utilizó el mecanismo engañoso de aparentar una sentencia de interpretación auto atribuyéndose la falsa cualidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, firmado por personas que atribuyéndose funciones de la magistratura que no les corresponde en virtud de que fueron nombrados en un procedimiento viciado de nulidad como luego lo pronunció el Órgano Legislativo mediante Acuerdo de fecha 14 de julio del 2017 al dictaminar sobre el informe rendido por la Comisión Especial que a tales efectos formó y en consecuencia dejó sin efectos dichos nombramientos.

Hay un vacío de poder por la vacante en la Presidencia de la República.-
De manera que nulas las designaciones de las personas que vienen usurpando funciones magistraturiales y quienes sin autoridad alguna pretendieron anular el legítimo pronunciamiento de la Asamblea Nacional declarando a Nicolás Maduro fuera de funciones presidenciales, como consecuencia tenemos un vacío en el cargo lo cual pido sea llenado por ese legítimo Tribunal Supremo de Justicia previa declaración de las referidas nulidades y consiguiente orden de enjuiciamiento penal a los usurpadores.

En razón del desconocimiento en que está incurso tanto Nicolás Maduro como las personas que sin serlo están asumiendo funciones como magistrados, en mi condición de ciudadano venezolano, legitimado para actuar con base a lo dispuesto en el artículo 333 constitucional. solicito que se emita una sentencia que abarque 1. La situación de constitucionalidad en que se encuentra ejerciendo el cargo el señor Nicolás Maduro, 2. También el acto que en forma de sentencia ha publicado una sedicente Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia por la cual firman las personas que el mismo Órgano Legislativo declaró sin efecto sus nombramientos, y por la cual dijeron anular el citado Acuerdo de la la Asamblea Nacional del 9 de Enero de 2017.

Pido el pronunciamiento de ese Tribunal Supremo en razón de que a partir de los señalados actos de los ilegítimos magistrados, se ha generado un régimen inconstitucional con Nicolás Maduro Moros ejerciendo como Presidente de la República sin serlo y de unos  ilegítimos magistrados avalando tales actuaciones. 

Sala Constitucional de ese Tribunal Supremo de Justicia sentenció formalmente situación de Resistencia pacífica del pueblo venezolano.-

Como quiera que en virtud de dicha declaración de la Asambea Nacional que en la práctica significó la destitución del señor Nicolás Maduro del cargo de Presidente, el país está sin un gobierno legítimo, hay una debacle económica, jurídica y de violación a los derechos humanos que ha llevado a la Sala Constitucional de ese Tribunal Supremo de Justicia a declarar la activación de la resistencia pacífica prevista en el artículo 333 constitucional, concretamente este fue el dispositivo de la citada sentencia:

“En fuerza de las consideraciones precedentes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: Primero: Procedente la nulidad formulada por los ciudadanos  Diego Enrique Arria Salicetti, María Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Ceciclia Sosa Gómez, en consecuencia son nulos los Decretos del Ejecutivo Nacional Nº 2830 y 2831 del 1 de mayo de 2017, mediante los cuales se convoca a un proceso nacional constituyente y crea una comisión presidencial dirigida a elaborar una propuesta  de las bases comiciales; así como también son nulas las resoluciones  del Consejo Nacional Electoral Nº 170607-118 y Nº 170607-119 del 7 de junio de 2017, que procedió a sentar las bases comiciales y organiza el proceso que termina en la elección de los constituyentistas, y en consecuencia la ineficacia de la  Asamblea Nacional Constituyente y de todos los actos dictados por ella, por haber ocurrido en fraude constitucional, conforme a las motivaciones precedentes; Segundo: Disuelta la Asamblea Nacional Constituyente de facto, que ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo de convocarla como lo exige el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se hace un llamado a todas las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano, a acatar esta decisión con carácter vinculante; Tercero: Se declara la inmediata activación  de la resistencia pacífica del pueblo venezolano, habida cuenta que todo ciudadano investido o no de autoridad  tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, tal y como lo ordena el artículo 333 constitucional, por lo tanto los ciudadanos civiles y militares tienen el legítimo deber  de desconocer resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta  Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo previsto en el artículo 350 constitucional. Cuarto: Se insta  la Sala de Casación Penal del TSJ,  a determinar la responsabilidad penal que hubiere lugar  contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos, en especial los que ejecutan actualmente los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual se acuerda remitir copia de esta decisión. Quinto: Se acuerda la publicación íntegra de la presente decisión….”


PETITORIO
Ahora bien, en situación de resistencia legítima como nos encontramos los venezolanos, nuestras actuaciones para reponer el Estado de Derecho no pueden estar limitadas exactamente a los textos legales escritos ya que éstos se han dictado para la actuación en libertad, en democracia, es decir, en situación de normalidad institucional, nada de lo cual es lo que hoy tenemos en Venezuela y fuera de Venezuela, al punto de que hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una Fiscal General en el exilio, así como Alcaldes y Diputados en el exilio y también ilegalmente privados de libertad, es decir, hay un desbarajuste total que impone medidas excepcionales para contribuir en el camino a la restauración del Estado de Derecho, y en ese sentido pido que con carácter de urgencia esa Sala Plena, actuando en comunidad con cada una de sus Salas y en un solo acto del Tribunal Supremo de Justicia, nos dote a los venezolanos de un Presidente de la República, que pueda ejercer las atribuciones que nuestro texto constitucional consagra en su artículo 236, aun desde el exilio, pues necesitamos una cabeza institucional y que mejor origen puede tener esa autoridad para designarlo que ustedes, señores Magistrados reunidos en todas sus Salas que le den tal investidura que expresamente solicito recaiga en un venezolano ilustre, elegido por el pueblo como Alcalde de nuestra capital de la República: Caracas, injustamente privado de su libertad durante tres años hasta que pudo escapar de sus captores hacia la libertad, todo lo cual es un hecho notorio y comunicacional, se trata del político y abogado Alcalde ANTONIO JOSÉ LEDEZMA DÍAZ.

En consecuencia, con base al derecho a la rebelión que es de origen supracostitucional, específicamente en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también a su expresa consagración a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy materializada en la sentencia de Sala Constitucional cuyo dispositivo antes se ha copiado, solicito que se proceda a la designación antes explicada y se fijen los actos para la mas pronta investidura de dicho ciudadano.

Esta acción la califico como de protección al Estado de Derecho y al Régimen Constitucional y la propongo por ante esa Sala Plena conformada por todos los magistrados individualmente y también orgánicamente por todas y cada una de las Salas dada la trascendencia del planteamiento que esta acción involucra, pero, si fuera el caso de que ustedes, señores magistrados, determinaran conocer de forma distinta, así será acatado.

Justicia.,

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
Abogado




sábado, 18 de noviembre de 2017

Edgar Maestre, "El Profe" se declara culpable de delitos de narcotráfico en tribunal de EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

De manera sorpresiva, el narcotraficante Edgar Maestre, conocido como "El Profe" decidió declararse culpable de haber conspirado para traficar cocaína a los Estados Unidos, y no ir a un juicio que estaba previsto empezar el 9 de enero de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Virginia.
En una audiencia frente a juez T. S.Ellis  III, Maestre Martínez bajo supervisión de su abogado Donald E. Harris y la fiscal auxiliar del caso, Mary K. Daly, expresó ante la corte que aceptaba su responsabilidad en el cargo uno de la acusación. 
El narcotraficante venezolano, Edgar José Maestre Martínez -quien según el gobierno de los Estados Unidos es miembro de la Dirección de Inteligencia del gobierno venezolano- es acusado de traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.

Maestre Martínez fue capturado por las autoridades antinarcóticos de Colombia el 15 de octubre de 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2014. A pesar de encontrarse bajo rejas desde el 2013, el acusado por cargos de narcotráfico aparece como trabajador activo en la nómina del Ministerio  del Poder Popular para la Educación y, de acuerdo a la ficha del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ha cotizado de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el 2017. En la imagen siguiente pueden apreciar como Maestre ha cotizado 31 semanas al seguro social de salarios pagados por el Estado venezolano por su trabajo en el gobierno revolucionario.
El caso en los tribunales de Virginia

El caso de Edgar José Maestre Martínez "El Profe"  fue calificado por el juez de la causa T. S.Ellis  III, como "complejo". En el expediente de Maestre Martínez  aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila  "Lucas El Paisa",  Edwin Franco-Arias alias "Camilo", "Chorizo" y "Ladrillos del Caribe" y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias "Cajuche" y "Cajuche Pobre". Los tres co-conspiradores de este caso se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

El gobierno de los EEUU acusa a los cuatro sujetos de haber violado el título 21 Código de los Estados Unidos en su numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y los numerales  959(b), 960, 963  donde se establece como delito poseer cocaína a bordo de un aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de  distribución.

Guerra contra las drogas

Colombia es responsable del  90% de la cocaína que se importa a los Estados Unidos y gran parte de esa droga es producida en laboratorios ilícitos ubicados en el interior del territorio colombiano, y luego transportados a zonas fronterizas, dice la acusación del Gran Jurado contra los acusados. 

La cocaína que sale comúnmente de Colombia es enviada desde Venezuela a lo largo del corredor centroamericano hacia Honduras y, luego a México para su eventual envío a los Estados Unidos. Destaca que no existe un mercado interno sustancial  para la cocaína en los países centroamericanos y en México. La enorme demanda en los EEUU hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes colocarla en territorio norteamericano.

Dice el documento que para transportar esta cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte para incluir aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a franquicias clandestinas ubicadas en las selvas de Honduras, desde donde la cocaína es descargada y colocada en los vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros hondureños para la exportación.

Los envíos de cocaína de Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México donde los cárteles de la droga arreglan para que la cocaína se traslade de manera segura para ser vendida en las principales ciudades a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012  aproximadamente, en Colombia, Venezuela, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir de manera deliberada en intencional cocaína a los Estados Unidos.

Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Fue parte adicional de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Fue también parte de la conspiración facilitar una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad a la pista de aterrizaje.

4) Fue también parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores defendieran los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal.

5) Los acusados y sus co-conspiradores pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo designado por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los  privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) También formó parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores sobornaran a los funcionarios del gobierno de los dos países para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y  la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012,  uno de los co-conspiradores identificado como "UCC 1" hizo un pago parcial de $ 80,000 para un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidenses.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados  inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012,  los acusados pagaron el saldo restante de los aviones y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate,  en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La extradición de Maestre Martínez 

El 12 de noviembre de 2014, el tribunal de justicia colombiano acordó extraditar a Maestre Martínez "El Profe" en base a una solicitud hecha por  el gobierno de los Estados Unidos.

A través de la notificación No.1605 fechada el 8 de agosto de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del venezolano Edgar José Maestre Martínez,  y formalizó la petición en la comunicación diplomática No. 2524 del 6 de diciembre de 2013.

El tribunal colombiano solicitó a la Cancillería de Venezuela el envío del pasaporte a su nombre y cotejo dactiloscópico que reposa en las oficinas de identificación de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los antecedentes judiciales en Colombia y Venezuela, toda vez que, ha sido investigado por conductas al margen de la ley en Venezuela. 

Luego de su extradición Maestre se declaró no culpable de los cargos y decidió ir a juicio. Durante más de 6 meses se preparó toda la documentación y evidencias por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Virginia para probar, más allá de la duda razonable, que el acusado es culpable de delitos de narcotráfico. No obstante, luego de una evaluación hecha con su abogado y los fiscales dos meses antes que el juicio se iniciara, el narcotraficante venezolano acordó firmar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en el cual se declara culpable y se somete a las leyes antinarcóticos norteamericanas.

La próxima cita de Maestre en la corte será el 2 de febrero de 2018, fecha en la cual el juez T. S.Ellis  III decidirá la fecha de la condena. 

viernes, 17 de noviembre de 2017

Juicio FIFA: El entramado de corrupción que crece e involucra a quienes hasta ahora eran intocables

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la medida en que se desarrolla el juicio contra exfuncionarios de la FIFA, salen a la luz más revelaciones acerca del descarado pago de coimas que se estableció como mecanismo para la obtención de los contratos de transmisión televisiva de los distintos torneos y competencias manejados por el organismo internacional para el cual, al parecer, el fútbol dejó de ser el objetivo principal, al ser este desplazado por los intereses de tipo comercial.
El mega caso de corrupción del fútbol internacional, conocido en los predios periodísticos como el FifaGate, se inició en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Allí, sentados en el banquillo de los acusados, están desde el pasado 13 de noviembre, tres exdirectivos de la organización, a saber, José María Marín (Brasil), Manuel Burga (Perú) y el exvicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout (Paraguay).

Estos hombres, ante la mirada atenta del jurado, comenzaron a presentar sus argumentos de defensa a través de sus representantes legales, mientras que el gobierno de los Estados Unidos representado por la fiscalía, da a conocer las evidencias que le sirven de sustento para acusarlos.

Durante los primeros días de juicio, el gobierno presentó como testigo a Alejandro Burzaco, propietario de la empresa Torneos y Competencias, quien explicó que desde el mismo momento en que murió en 2014 el jerarca del fútbol argentino, Julio Grondona, comenzaron a discutirse las nuevas maneras cómo habrían de repartirse las coimas que en vida administraba el presidente vitalicio de la Asociación del Fútbol Argentino. El testigo precisó que estas conversaciones comenzaron en el propio funeral de Grondona.

Esta historia comenzó hace dos años y medio atrás, específicamente el 27 de mayo de 2015, cuando en un hotel de Zurich, Suiza, fueron arrestadas 42 personas —todos poderosos y millonarios jerarcas del fútbol mundial— a petición del gobierno de los Estados Unidos que les acusaba de cometer supuestos hechos de corrupción dentro del principal órgano rector del fútbol a escala internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA, por las siglas en francés de Fédération Internationale de Football Association​). Sin embargo, de todas estas personas, sólo tres —como ya hemos señalado— han decidido enfrentar a la fiscalía de los Estados Unidos al insistir en que son inocentes de los cargos que se les imputa al señalárseles de participar en un extenso esquema de corrupción consistente en el pago de sobornos para favorecer a una empresa de marketing de derechos deportivos para asegurarle jugosos contratos para la transmisión de juegos de fútbol a nivel internacional.

Previo a este señalado día 13 de noviembre, los abogados de los acusados, la fiscalía, y la jueza del caso, Pamela Chen, procedieron a escoger durante cuatro días —partiendo el 6 de noviembre— a los doce integrantes del jurado y seis suplentes encargados de decidir si los imputados son inocentes o culpables.

De las 42 personas inicialmente señaladas por el gobierno estadounidense, 24 se declararon culpables acordaron colaborar con la justicia, dos han sido ya sentenciados y otros 15 bregan desde distintos lugares del mundo para evitar ser extraditados a los Estados Unidos o ya están siendo juzgados en sus respectivos países.

Los abogados de Marín, Burga y  Napout batallan para refutar los hechos presentados por la fiscalía a lo largo de las 236 páginas que comprenden la acusación donde detallan cómo supuestamente cometieron 92 crímenes en 15 esquemas de corrupción llevado a cabo por separados y que les habrían permitido embolsillarse más de 200 millones de dólares en sobornos. Y es que el gobierno insiste en que los acusados son culpables de los cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude bancario cuando recibieron coimas millonarias a objeto de que aprobaran contratos de televisación y marketing de partidos clasificatorios para el Mundial de Fútbol y otros torneos nacionales y regionales.

José María Marín, Manuel Burga y Juan Ángel Napout se encuentran en prisión domiciliaria desde la fecha de su detención, toda vez que tuvieron que pagar fianzas millonarias que les permitieran enfrentar el proceso fuera de las rejas. Marín canceló 15 millones de dólares de fianza, Napout pagó 20 millones, mientras que Burga erogó dos millones de dólares.

El comienzo de la historia

La FIFA es un organismo que genera ingresos superiores a los 1 mil 500 millones de dólares al año y en el que están asociados una gran cantidad de países. En dicho ente rector del fútbol internacional se centraron los ojos de la justicia estadounidense que luego de una serie de investigaciones terminó por emitir una orden de aprehensión en contra de altos dirigentes que firmó el juez Raymond J. Dearie. A esta solicitud dio respuesta la policía federal de Zúrich, la cual procedió a capturar a siete de los nueve altos dirigentes acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. , que señaló a estas personas de establecer una empresa de crimen organizado en torno al balompié, que terminó por apropiarse de unos 200 millones de dólares en las últimas dos décadas.

La fiscal de los Estados Unidos Loretta Lynch dijo en ese entonces, que los dirigentes del fútbol armaron un entramado de corrupción que les permitió enriquecerse mediante sobornos que recibían al otorgar contratos millonarios para la transmisión de torneos, entre ellos la Copa del Mundo.

La fiscalía obtuvo un conjunto de pruebas que comprenden grabaciones, rastreos electrónicos y testimonios de cómplices confesos, entre otras evidencias. Uno de los que accedió a convertirse en testigo cooperante fue Charles “Chuck” Blazer, exdirigente de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf), quien hizo registros secretos a varios sindicados a los cuales grabó mientras hablaban de las estrategias financieras para ocultar las comisiones ilegales. De esta manera el gobierno estadounidense cuenta pruebas que refieren  testimonios sobre la apertura de cuentas bancarias en el banco HSBC de Hong Kong, por ejemplo, entidad a la que ingresaron parte de los 10 millones de dólares de fondos estatales con los que Sudáfrica se aseguró la sede del Mundial en 2010.

La investigación comprendió determinar los mecanismos usados por los dirigentes del fútbol para ocultar las riquezas obtenidas fraudulentamente por medio del cobro de coimas, algo que hicieron a través de la creación de empresas fantasmas, falsificación de documentos, usos de cajas de seguridad secretas, compra de inmuebles a través de empresas, entre otros. Así la fiscalía cuenta ahora con facturas, correos y faxes que revelan los fraudulentos manejos.

Gestos de amenazas de muerte

Lo cierto es que este proceso no para en sorpresas, entre ellas la decisión de la jueza de restringir la libertad condicional de Manuel Burga, debido que habría hechos gestos dirigidos a atemorizar al testigo de la fiscalía, Alejandro Burzaco.

La decisión de la magistrada Chen, obedeció a la solicitud de la fiscal, Kristin Mace, quien advirtió que Burga en dos oportunidades, los días  el martes 14 y el miércoles 15 de noviembre, hizo un gesto amenazante al pasarse la mano en línea recta por la garganta insinuando a Alejandro Burzaco su intención de degollarlo.

La jueza Pamela Chen manifestó su "seria preocupación" por este hecho y decidió limitar los movimientos de Burga, quien hasta el final del juicio no tendrá más acceso a una computadora y únicamente podrá hablar pojr teléfono con su abogado. Tampoco podrá salir de su casa sin su representante legal.

El testimonio de Burzaco

El exdirector ejecutivo de Torneos y Competencias, TyC, empresa productora de contenido deportivo hasta el año 2015 —para mayores señas hermano de Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri— fue de los primeros sentarse a testificar en este juicio.

Burzaco formó parte de los primeros acusados de haber pagado millones en sobornos para asegurar a su empresa los derechos de transmisión por televisión de la Copa América.

Pudo rehuir del arresto en el hotel suizo, pero se entregó  semanas después y fue extraditado a los Estados Unidos donde reconoció su culpabilidad, pagó una fianza de 21,6 millones dólares para obtener prisión domiciliaria y en febrero de este año volvió a pagar otra fianza para obtener el beneficio de libertad con restricciones.

El ex CEO de TyC testificó en el juicio contra Juan Ángel Napout, Manuel Burga y José María Marín, llamado por la fiscalía y dijo que por lo menos existían seis empresas vinculadas al pago de sobornos a dirigentes de FIFA y Conmebol para ser favorecidas con los contratos de transmisión televisiva de los torneos y campeonatos bajo jurisdicción de los citados organismos, a saber, Fox Sports, O Globo de Brasil y Traffic, Televisa (México), Full Play (Argentina) y Media Pro (España).

Burzaco dijo que James Ganley, exdirector de operaciones de Fox Pan American Sports, suscribió un contrato falso en el año 2008 para enmascarar el pago de 3,7 millones de dólares en sobornos a dirigentes de Conmebol. Esto lo habría llevado a cabo a través de T&T, empresa que había dirigido Alejandro Burzaco, de la que Fox tenía el 75 por ciento de participación accionaria.  

En primera instancia se habrían beneficiado con las coimas Julio Grondona (AFA), Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol), Romer Ozuna (Bolivia, extesorero de la Conmebol), Eduardo DeLuca (Argentina, exsecretario general de Conmebol), José Luis Meiszner (exsecretario de Cionmebol) y Eugenio Figueredo (Uruguay, exvicepresidente de la Conmebol), quienes obtuvieron "un soborno especial para extensiones" de contratos. Después entraron Luis Chiriboga, Luis Bedoya, Sergio Jadue, José María Marín, Manuel Burga y Juan Ángel Napout.

Burzaco dijo que durante una cena que llevaron a cabo para negociar los sobornos, también estuvieron presentes representantes de O Globo. Allí se barajó como serían repartidos sobornos anuales de 600 mil dólares para dos dirigentes del fútbol de Brasil. Agregó que Televisa tuvo que ver con el pago de coimas para transmitir juegos en Argentina, Paraguay y Uruguay durante cuatro mundiales.

Sobre el funeral del dirigente de fútbol argentino citado al principio de estas líneas y quien, a su modo de ver, actuaba como una especie de catalizador entre todos los involucrados, Burzaco narró que "inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona hubo una reunión, en el funeral tuvieron una reunión", un encuentro en el que comenzaron “a repartir la porción de coimas que recibía Grondona entre los directivos más encumbrados de Conmebol”.

"Grondona había estado apoyando a Torneos, ayudándonos, beneficiándonos, y yo entendí que tanto Torneos como yo quedábamos huérfanos. Tras la muerte de Grondona tuve una reunión con (Juan Ángel) Napout (entonces flamante presidente de la Conmebol) y Marco Polo del Nero (ex presidente de la Federación brasileña y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA). Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicara cuál era el total de coimas que se llevaba Julio Grondona por la Copa Sudamericana y la Libertadores", dijo Burzaco ante el jurado.

Agregó que: "Me dieron un panorama general de dónde enviar los fondos que recolectaba Grondona entre otros ejecutivos de Conmebol. Y resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de la Asociación del Fútbol Argentino, porque Segura me estaba preguntando también cuánto había para él. Ellos me dijeron 'comenzá a pagarle a Segura 300 mil dólares por a.ño, que es lo que sobra'".

Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol; Ricardo Texeira, ex presidente de la Federación brasileña de fútbol; Rómer Osuna, de Bolivia, ex tesorero de la Conmebol; Eduardo Deluca, el argentino ex secretario general de Conmebol, José Luis Meiszner, también ex secretario del ente que rige el fútbol sudamericano; Eugenio Figueredo, el uruguayo ex vicepresidente de la Conmebol, Manuel Burga, ex titular de la Federación peruana, son otros de los nombres que integran la nómina de señalados por Burzaco de haber cobrado sobornos para favorecer a su empresa y a otras a cambio de entregar los derechos de TV de los certámenes más importantes. Y hasta el mismísimo funeral de Grondona, según su declaración, habría servido de sede para el reparto del dinero.

Los detalles

Cuando se volvió a sentir en el banquillo, Alejandro Burzaco, detalló el mecanismo por medio del cual se pagaron los sobornos para hacerse de los contratos para la transmisión de los torneos, reveló quienes eran sus socios y explicó el papel de Julio Humberto Grondona, el finado expresidente de la AFA.

"Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos, accionista directo en 2005, hasta que Grondona murió, en Julio de 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen", dijo Burzaco sobre los sobornos por los que están acusados 41 personas, entre dirigentes y empresarios.

Dijo que se había enterado de que estaba imputado cuando se llevó a cabo el congreso de la FIFA en Zurich y desde entonces decidió —al saberse entre los solicitados por la corte de Nueva York— presentarse ante la justicia, aceptar su responsabilidad y prestar su cooperación para tratar de enmendar en algo la falta cometida. “Me declaré culpable de conspiración y crimen organizado, conspiración por fraude y por lavado de dinero”, expresó.

El delito

Alejandro Burzaco admitió su delito y precisó que “según lo entiendo, la conducta que cometí fue pagar coimas. Pagar coimas, y en particular, pagar coimas a directivos del fútbol. Cuando digo pagar coimas entiendo el acto de pagarle a alguien, pagarle dinero, en este caso a oficiales de fútbol, a cambio de que ellos firmen contratos, contratos nuevos, renovarlos, extenderlos, en ocasiones no rescindirlos, evitar competidores, a veces competidores de buena fe y fuertes, a veces competidores corruptos”.

Añadió que para cumplir con estos objetivos contó con la colaboración de altos funcionarios del fútbol en la región latinoamericana, entre quienes señaló a Juan Ángel Napout, quien recibió sus coimas éntrelos años 2010 y 2015; José María Marín a quien sobornó de 2012 a 2015; a Manuel Burga le emitió pagos ilegales entre 2010 y finales de 2013.

Igualmente enumeró como socios a las empresas Fox Sports (Estados Unidos), Media Pro (España), TV Globo (Brasil), Full Play (Argentina), Traffic (empresa brasileña a través de una sucursal en Miami). El testigo eximió de responsabilidades al grupo Clarín de Argentina.

Los “pagos”

Los pagos de los sobornos a los funcionarios se realizaban por diversas vías y de distintas maneras, siendo el efectivo la preferida.

Se hacía entrega del dinero en bolsas, sobres, por intermedio de choferes, asistentes o secretarios privados.

Igualmente se hacían depósitos en cuentas elegidas por los beneficiarios.
Hizo referencia al poder de Julio Grondona en el futbol argentino, quien tenía siempre la última palabra a la hora de tomar cada decisión en las divisiones. Precisó que, entretanto, en la Conmebol compartía el poder pero era una voz de indispensable consulta. En la FIFA era la mano derecha de Blatter.

A su muerte, Marco Polo del Negro y Juan Ángel Napout  se encargaron de los manejos relativos a los sobornos en la Conmebol.

Igualmente, dio cuenta de los privilegios y prebendas de que disfrutaban los directivos de la FIFA, a quienes debía brindárseles atenciones y un servicio de primera que, muchas veces, debía extenderse hasta sus familiares.

Informó que Leoz recibía 600 mil dólares por edición anuales, mientras que a Eduardo Deluca se le cancelaba la misma cantidad por temporada. Rómer Osuna los igualaba con la suma. Cuando José Luis Meszner sustituyó a Deluca tuvo que conformarse con 300 mil anuales.
Asimismo dijo que para retener los derechos de transmisión televisivos de la segunda división del futbol en Argentina, tuvo que desembolsar coimas a funcionarios de gobierno, entre ellos, Jorge Delhon, del programa “Futbol Para Todos”, así como a Pablo Palladino.
Pagó por los juegos amistosos de Argentina, Copa del Mundo, por los derechos para los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030.
Alejandro Burzaco hizo algunas precisiones y refirió que Leoz recibió 600 mil dólares por edición de la Copa Libertadores, un monto que se elevó a un millón de dólares a finales de los años 2000.
Deluca cobraba 600 mil dólares anuales por la Copa Libertadores y la Copa América.
José Luis Meiszner comenzó cobrando 300 mil dólares por la Copa Libertadores en 2012.
Las coimas de Julio Grondona en 2006 eran de 600 mil dólares por año que cobraba por la Copa Libertadores, una cifra que subió a un millón de dólares a partir de 2012. El monto se elevó a 1,2 millones de dólares anuales hasta el momento en que falleció.
Los sobornos de Televisa y O Globo
Durante su declaración, Alejandro Burzaco continuó haciendo revelaciones, tales como los pagos que habrían hecho Televisa de México y O Globo de Brasil por 15 millones de dólares para obtener los derechos de transmisión de los mundiales de futbol 2026 y 2030. El beneficiario de estos pagos fue Julio Humberto Grondona.
Igualmente mencionó a Fox Sports, Univisión, Direct TV Latin America, Torneos y Competencias (TyC), Mountrigi Management Group Ltd, e Imagina.
Fox Sports y O Globo negaron el pago de coimas.
Cabe destacar que desde el inicio de las investigaciones en 2015, la fiscalía fijo su atención en Televisa y Univisión, además de las ya mencionadas.
El gobierno quería determinar cómo TyC obtenía los derechos de los mundiales o la manera en que Mountrigi consiguió los contratos con la FIFA. Se propuso investigar la relación entre estas empresas y el Grupo Televisa y Univisión. También buscaba establecer por qué Mountrigi/Televisa asumía la venta de los derechos a las demás cadenas como si se tratara de la FIFA.
Comenzó a hilar y dio con un nombre que resultó ser clave: Niclas Ericson. Director de FIFA TV y muy cercado a Joseph Blatter, por cuyos ojos pasaban las decisiones relativas a los derechos de transmisión. Burzaco entable una estrecha relación con él y de allí los tratos que posteriormente llevaron a cabo y que desembocaron en el juicio que se lleva a cabo en la actualidad.
Jérome Valcke, número dos de la FIFA y mano derecha de Blatter, también se convirtió en objetivo de la fiscalía. Un contrato resultó especialmente significativo para el gobierno, el cual fue suscrito en 2010 por el director de FIFA TV y de Valcke. Allí se cedieron los derechos televisivos para transmitir los partidos FIFA a todo el Caribe por tan sólo un dólar.
Para la fiscalía era imprescindible determinar cómo consiguieron Televisa y Univisión los derechos de transmisión del fútbol internacional. En el entramado, Mountrigi es la empresa que se encargó de comercializar sin intermediación de nadie, los derechos cedidos por la FIFA.
Mountrigi es propiedad del Grupo Televisa y a los ojos de la fiscalía de Nueva York no era más que una pantalla del grupo mexicano que posee el 40 por ciento de las acciones de Univisión en estados Unidos. En la misma situación se encontraría Direct TV vinculada a TyC.