miércoles, 28 de junio de 2017

Marco Rubio: El gobierno de Maduro es una empresa criminal

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de Nicolás Maduro no es solo una dictadura, sino una empresa criminal que ha quedado al descubierto, aseguró el senador Marco Rubio durante la apertura del encuentro sobre "Delincuencia Organizada Transnacional en las Américas", celebrado en el Instituto Empresarial Americano (AEI) en Washington DC, el lunes 26 de junio de 2017.

El senador por el estado de la Florida considera que el
el Crimen Organizado Trasnacional no es una amenaza nueva para los Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, pero -definitivamente- es un asunto cada vez más peligroso que hay que atender de manera eficiente y rápida.

Un informe elaborado por el AEI señala que la delincuencia transnacional organizada es una de las grandes amenazas que enfrenta el hemisferio en la actualidad, ya sea por la mortífera crisis de opioides que afecta a las comunidades estadounidenses, por el catastrófico colapso  de Venezuela, un país rico en petróleo manejado por una pandilla debilitada, o la violencia que se experimenta en toda Centroamérica y que ha terminado por colarse en las calles de las ciudades americanas.

De acuerdo al informe de  AEI, "La crisis se pueden remontar a las redes criminales que recogen los billones de la producción de drogas ilícitas, del tráfico humano, y de la extorsión."

Si bien el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional, durante años no ha hecho lo suficiente para hacer frente a dichas amenazas. Tal abandono ha llevado a la muerte y el sufrimiento de demasiadas personas, tanto en naciones de todo el hemisferio como en los EEUU.

Venezuela es una empresa criminal

En su presentación, el senador Rubio se refirió a Venezuela, señalando que el régimen de Maduro ha socavado completamente la constitución democrática de ese país. "Está encarcelando y torturando a los miembros de la oposición, ha matado a los manifestantes con impunidad, ha destruido la economía de la nación", acotó el legislador.

Rubio sostiene que Venezuela es uno de los países más ricos de la región en términos de recursos, ya que es un estado petrolero, que también posee tierras ricas para el cultivo. Sin embargo, tiene un gobierno corrupto y dictatorial que se está quedando sin dinero y no es capaz -ni siquiera- de alimentar a su propio pueblo.

"A medida que esa nación sigue derritiéndose, las crecientes redes criminales transnacionales del régimen están siendo expuestas. El gobierno de Maduro no es sólo una dictadura, sino también una empresa criminal", dijo el senador.

Recordó que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra el Vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami el 13 de febrero de 2017, designándolo narcotraficante bajo la Ley Kingpin por desempeñar un importante papel en el narcotráfico internacional. Junto a El Aissami fue sancionado Samark José López-Bello como su testaferro.

Rubio hizo referencia a lo señalado en el informe de AEI, y que ha sido noticia permanente en Venezuela, "Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a dos de los sobrinos del presidente Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos".

Hace dos años, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. informaron al Wall Street Journal que creían que Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, era jefe de un cartel de la droga, agregó el parlamentario.

Rubio llamó la atención de los presentes al afirmar que es escandaloso que el vicepresidente de Venezuela, los sobrinos del Presidente, el ex presidente de la Asamblea Nacional, están involucrados o han sido acusados ​​de estar involucrados en el crimen organizado transnacional.

Al referirse a Colombia, el legislador dijo que veía con creciente preocupación la implementación del acuerdo de paz con las FARC. "Muchas armas de las FARC siguen desaparecidas y demasiados miembros de las FARC se están uniendo a grupos remanentes y siguen beneficiándose del tráfico ilegal de narcóticos".

"La ayuda externa de Estados Unidos y las relaciones militares y policiales con Colombia deben continuar", aseguró Rubio. Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal 2016, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de $10 mil millones en ayuda bajo el Plan Colombia y estrategias sucesivas.

Considera que los miembros de las FARC que han cometido atrocidades deben ser responsabilizados por el sistema judicial colombiano. Dijo además que Colombia debe extraditar a los miembros de las FARC acusados ​​en los Estados Unidos para que enfrenten la justicia aquí.

Más allá de las FARC, la explosión del cultivo de coca en Colombia es otra preocupación importante y que ha alimentando el escepticismo sobre el acuerdo de paz. Los números de producción de coca en Colombia han aumentado constantemente durante las negociaciones de paz, aumentó en más del 141 por ciento de 2012 a 2016, incluyendo un fuerte aumento a partir de 2015.

Estos acontecimientos son probablemente el resultado directo de la decisión del gobierno de 2015 de poner fin a la erradicación del aérea de las plantas de coca. Rubio cree que fue un error haber aceptado ese aspecto dentro de las concesiones otorgadas a las FARC para lograr un acuerdo de paz en Colombia.

El legislador se refirió además al llamado "Clan del Golfo" que es la banda de drogas más grande de Colombia, al ELN, otro grupo marxista similar a las FARC que se ocupa del terrorismo y del narcotráfico, y otros grupos paramilitares conocidos como bandas criminales o bacrim, que han surgido como los principales beneficiarios de la producción de coca producción. 

Aseguró que el Clan del Golfo controla el 70 por ciento de la producción de cocaína en Colombia, según la propia policía de ese país. Y el ELN tiene un estimado de 1.500 combatientes, lo que es aproximadamente una quinta parte de la fuerza paramilitar de las FARC antes de la movilización.

En México, se ha visto una escalada asombrosa del crimen transnacional organizado. Desde 2006, cuando México comenzó su gran empuje contra esos carteles, algunos estiman que 130.000 personas han muerto. Eso es más o menos igual a la población de Gainesville, Florida. 

El senador afirmó que los carteles mexicanos están luchando para traer drogas a los EEUU que envenenan y matan a nuestra gente. Un número récord de estadounidenses, casi 60.000 personas murieron en 2016 por el consumo de las drogas.

Rubio aseguró que existe una preocupación por el aumento de la producción de la heroína mexicana, la metanfetamina, y el tráfico de fentanilo que se fabrica en China. No obstante, dijo que a diferencia de Venezuela, los EEUU tienen en el gobierno de México un socio dispuesto a trabajar contra las empresas criminales. 

Desde 2008, el Congreso de los Estados Unidos ha asignado $2.8 mil millones para los esfuerzos para combatir a los cárteles.

"La lucha, sin embargo, no se puede ganar sólo con dinero y armas. También debemos brindar asistencia a los tribunales mexicanos, a las fuerzas del orden ya los funcionarios públicos", aseguró Rubio

El informe divulgado por AEI dice que al menos 12 ex-gobernadores mexicanos fueron acusados ​​de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Y destaca que 7 de 10 crímenes en México ni siquiera son reportados.

Si la gente no confía en sus instituciones, desde la policía local de sus vecindarios hasta los fiscales y funcionarios electos, el gobierno mexicano va a poder ganar esta pelea. Es por eso que seguimos luchando desde el Congreso para asegurar los fondos que van a programas que trabajan con otros países para reforzar la aplicación de la ley, el estado de derecho, y la promoción de la estabilidad y la democracia. Estos fondos tienen un impacto directo en nuestra seguridad y son esenciales este año.

Rubio dijo que se debe continuar financiando los programas de seguridad integrales para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el Hemisferio Occidental.

En Venezuela, los chavistas que están en el poder son la raíz del problema. "Y espero que podamos generar presión internacional en todos los foros posibles, incluyendo la OEA y la U.N., además de aumentar las sanciones a cualquiera que en Venezuela oprime al pueblo en todos los niveles", acotó Rubio.

El senador reiteró su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. "Como miembro del Comité de Apropiaciones del Senado, estoy pidiendo fondos para programas de promoción de la democracia. Cuando Maduro y sus compinches sean removidos, habrá fondos disponibles para ayudar a Venezuela a recuperarse de esta larga pesadilla", afirmó.

"En Colombia, necesitamos convencer al pueblo colombiano de que Estados Unidos apoya la implementación de todos esos elementos de seguridad, pero que se exigirán condiciones. El pueblo colombiano tendrá elecciones democráticas en 2018 y tendremos que trabajar con el nuevo gobierno colombiano para asegurar que los crímenes cometidos por las FARC no queden impunes y que las víctimas de las FARC sean adecuadamente compensadas", dijo.
Rubio alentó al gobierno de Colombia a reanudar la erradicación aérea de las plantas de coca. "La amenaza de la heroína también está en aumento, con el cultivo de adormidera ahora presente en Colombia, en Guatemala y cada vez más en México", dijo. 

-Esperamos trabajar con ellos para enfrentar agresivamente ese problema. Los actores malos de las redes criminales transnacionales deben comparecer ante la justicia mediante la utilización plena de todos los instrumentos jurídicos para atacar a los narcotraficantes y sus bienes.

Rubio dijo que en los EEUU debe desalentarse el abuso y la dependencia de las drogas.

Reiteró que los legisladores norteamericanos, el gobierno y sus pares en la región tienen mucho trabajo que realizar para lograr el éxito en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

domingo, 25 de junio de 2017

Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de congresistas republicanos y demócratas solicitaron al Departamento del Tesoro investigar  las actividades de político salvadoreño, José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes en el FMLN. En la misiva advierten las razones por las cuales Merino puede representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 
Merino ha sido señalado en otras averiguaciones federales como socio del actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

En la misiva, los congresistas republicanos y demócratas  informan al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin sobre los esfuerzos que realizan los Estados Unidos para combatir el crimen y la violencia en Centroamérica, para lo cual el país ha invertido más de $1.4 billones de dólares en la región en los últimos dos años. Sin embargo -dicen los parlamentarios- la asistencia financiera externa no es suficiente, "el secretario del Tesoro tiene las herramientos únicas para negar el acceso de criminales al sistema financiero norteamericano".

En la carta -firmada el 19 de junio de 2017- los parlamentarios piden a Mnuchin ampliar averiguaciones sobre el empresario y político salvadoreño José Luis Merino.

Los diputados norteamericanos advierten que diferentes fuentes indican que la estructura financiera controlada por José Luis Merino, quien además es vice Ministro de Exteriores de El Salvador, ha logrado blanquear cientos de millones de dólares provenientes del grupo terrorista colombiano las Farc, así como de elementos corruptos del gobierno de Venezuela y otros grupos criminales que buscan lavar dinero socio.

Señalan que Merino juega un rol protagónico en múltiples organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho de América Latina, constituyendo una amenaza significativa para los EEUU. "Creemos esta investigación está en el interés de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y puede ayudar a las fuerzas del orden  a identificar  y  apagar las actividades ilegales realizadas en el sistema financiero estadounidense".

Los 14 congresistas pidieron al secretario del Tesoro que aplique su autoridad de acuerdo a lo previsto en la "Ley de Designación de Capos Internacionales para investigar los vínculos de actividades bancarias del ciudadano salvadoreño José Luis Merino, conocido también por su nombre de guerra o alias de guerra como Comandante Ramiro Vásquez”.

Merino es uno de los miembros más antiguos del FMLN, asesor del conglomerado ALBA Petróleos, exdiputado del Parlamento Centroamericano y ahora viceministro para la Inversión y el Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Los parlamentarios estadounidenses denunciaron que Merino tiene “relaciones de varios años con redes de crimen organizado transnacionales, que son objetivo de investigación en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.

En la carta, los parlamentarios advirtieron que las operaciones que dirige Merino han resultado en una “riqueza inexplicable”, cómo ha trasladado apoyo a las FARC (guerrilla de Colombia, en proceso de pacificación) y a personas acusadas de corrupción en Venezuela, mientras mueve el dinero a “puerto seguro”.

Otras investigaciones 

Varias investigaciones federales han acumulado evidencias que señalan que José Luis Merino habría supuestamente utilizado una red de bancos en Centroamérica y el Caribe para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, el contrabando ilegal de oro, diamantes y cortan, y de actividades terroristas.  

De acuerdo a datos de los investigadores, Merino ha usado un conglomerado financiero, cuyo capital creció desde el 2006 hasta la actualidad, de una manera inexplicable y que ha llegado a establecer asociaciones con entidades bancarias norteamericanas, para lavar dinero provenientes de la industria criminal.  Gracias a su cargo en el gobierno de El Salvador, Merino tiene el privilegio de viajar con pasaporte diplomático. 

José Luis Merino ha sido identificado además como uno de los socios más poderosos del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami quien fue incluido en febrero de 2017 en la lista de la OFAC por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional y  el terrorismo islámico, junto a otro de sus testaferros, Samark  José López Bello. A los dos venezolanos les fueron congelados sus bienes en los Estados Unidos, incluyendo lujosos apartamentos y mansiones ubicadas en el estado de la Florida.

José Luis Merino habría permitido que Tareck El Aissami usara la poderosa estructura financiera conformada por uno de los conglomerados bancarios más poderosos de Centroamérica para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, contrabando de oro, combustibles y otros fondos de origen ilegal, según reseña un informe de inteligencia elaborado por agentes federales estadounidenses al que tuvo un acceso parcial.

Se asegura que Merino es asesor de las FARC y está encargado de manejar una parte de las finanzas de ese grupo terrorista. Desde el 2006, Merino está ligado a Alba Petróleo lo que le ha permitido obtener incontables beneficios económicos y una amplia influencia en la región.

La carta fue firmada por diputados de Subcomité de Asuntos Hemisférico del Comité de Asuntos Exteriores: Albio Sires, Jeff Duncan, Eliot Engel, Mario Díaz -Balart, Joaquin Castro, Ileana Ros-Lehtinen, Gregory W. Meeks, Carlos Curbelo, Adriano Espaillat, Christopher, Norma J. Torres, Ted. S. Yuho, Robin L. Kelly y Michael T. McCaul.










martes, 20 de junio de 2017

Juez Paul Crotty fija sentencia de narcosobrinos para el 12 de septiembre de 2017

Flores de Freitas será condenado el 12 de septiembre y su primo Campo Flores el 13 de diciembre de 2017. Las condenas podrían ser diferentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Con la firma del juez Paul Crotty quedó fijada -por ahora- la sentencia de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas para el 12 y 13 de septiembre de 2017 en horas de la tarde, respectivamente. El pasado viernes, las partes aseguraron estar de acuerdo con la fecha propuesta por la defensa que sugirió que la lectura de la condena de los dos hombres hallados culpables de cargos de narcotráfico fuera el 11 de septiembre de 2017, fecha en la que se conmemora el aniversario del atentado terrorista a las torres gemelas y que los neoyorquinos consideran como un día de duelo. 

La defensa tiene 90 días extras para revisar los expedientes de manera detallada, y evaluar las objeciones de la fiscalía de Nueva York. 

La sentencia de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro estaba prevista para ser leída el 26 y 27 de junio de 2017, respectivamente. El calendario procesal final de este caso se dará a conocer en los próximos días.

Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas pidieron a la corte una prórroga el 17 de junio de 2017, argumentando que necesitan resumir y litigar los puntos planteados en los informes ya que los mismos son muy extensos y complejos. 

Los expertos consideran que los sobrinos presidenciales podrían ser condenados a unos 15 ó 20 años de cárcel, aunque podrían ser menos debido a que ambos no tienen récords criminales.  Los dos hombres fueron juzgados como cabezas de la organización criminal a la que pertenecen.

El gobierno de los EEUU solicitó en la acusación original cadena perpetua para los dos sujetos acusados de violar las leyes antinarcóticos de los EEUU. 

La defensa ha adelantado que tiene previsto apelar a la condena que se les dicte a Campo Flores y Flores de Freitas en los 15 días posteriores a la lectura.


lunes, 19 de junio de 2017

Tribunal de EEUU cambia fecha de sentencia de empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los empresarios venezolanos, Roberto Enrique Rincón-Fernández y Abraham José Shiera-Bastidas, acusados de delitos de corrupción y blanqueo de capitales, serán sentenciados el 30 de agosto de 2017. Una vez más, el juez Gray H. Miller dio a conocer un cambio de fecha para la lectura de la condena que estaba prevista para realizarse el 14 de julio de este año.
En un memorando, el juez Miller informa que la investigación de caso Rincón-Shiera se alargó hasta el 28 de julio de 2017. En el nuevo calendario procesal, la defensa tendrá hasta el 11 de agosto para escribir las objeciones o declaraciones finales, mientras que la oficina de la libertad condicional podrá enviar el informe final el 23 de agosto de 2017.

El juez señaló -además- que todas las objeciones  de las partes deben ser presentadas en día lunes antes de la fecha de sentencia que fue fijada, como ya advertimos, 30 de agosto a las10:00 a.m.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a los empresarios Rincón y Shiera de ser los cabecillas de un enorme esquema de corrupción y de haber pagado 1.000 millones de dólares a directivos de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA entre 2009 y 2014. Ambos se declararon culpables de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

Embargo de cuentas

Rincón y Shiera suministraron información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias, que en el caso de Rincón superaba los 93 años de prisión. Gracias a los datos entregados a la fiscalía por los dos sujetos, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción.

Datos bancarios


El 1 de junio de 2017 se conoció que las autoridades de Suiza harán entrega de datos bancarios al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) en el marco de las pesquisas sobre el pago de soborno de altos funcionarios de Pdvsa, por parte de empresarios venezolanos y norteamericanos a cambio de la obtención de jugosos contratos.

De acuerdo al informe de las autoridades helvéticas, al menos “ocho cuentas se han visto afectadas por la transferencia de datos bancarios a EEUU y una de ellas fue bloqueada”.

Suiza congeló más de cien millones de dólares y en octubre de 2016 anunció la transferencia de 51 millones al gobierno de EEUU, dice un reporte de la fiscalía, a la vez que advierte que el resto del dinero depositado en cuentas bancarias suizas “permanece congelado”.

Junto a Roberto Enrique Rincón y a Abraham José Shiera Bastidas fueron procesados por este caso los siguientes individuos:
  • Moises Abraham Millan Escobar
  • José Luis Ramos Castillo
  • Christian Javier Maldonado Barillas
  • Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz
  • Juan José Hernández-Comerma
  • Charles Quintard Beech III. 

En enero de 2017, Juan José Hernández y Charles Beech, ambos empresarios del sector energético, se declararon culpables de sobornar a altos cargos de Pdvsa y también suministraron información al gobierno estadounidense.

De acuerdo a la acusación, las empresas de de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

Rincón y Shiera enfrentan cargos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, fraude y declaraciones falsas y por lavado de dinero.




viernes, 9 de junio de 2017

Wilmer Ruperti, el empresario chavista que financió “El vuelo del Turpial”

*La denuncia que presentamos a continuación está soportada por documentos, chats, emails, fotografías y otros datos que el denunciante presentó en un expediente que será enviado a las autoridades federales norteamericanas para su consideración.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de profesionales del mundo del celuloide, contratados por la productora R92 Films LLC para producir el largometraje "El vuelo del turpial", pone sobre el tapete una supuesta estafa colectiva y un esquema de lavado de dinero, que vinculan -inclusive- con el narcotráfico. En el pleito aparecen involucrados los empresarios chavistas Wilmer Ruperti y Edgard Meinhardt, junto a la actriz venezolana Ruddy Rodríguez. Mientras los acusados niegan los cargos, los denunciantes amenazan con llevar el caso a los tribunales federales norteamericanos. He aquí parte de la historia.
El inicio de las denuncias

Desde mediados de 2016 se empezó a escuchar en varios medios de comunicación social de Venezuela una denuncia sobre una supuesta estafa que habría llevado a cabo la empresa de producción cinematográfica Productora R92 Films LLC, propiedad del empresario Edgard Meinhardt, la actriz venezolana Ruddy Rodríguez y su manager Haik Gazarian quien se desempeña como director de cine. Estos personajes habrían contratado a un equipo de trabajo de fama internacional para producir "El vuelo del turpial", una superproducción que buscaba “poner a Venezuela en un sitial cinematográfico que se merece” según advirtió la actriz. 

Una parte del equipo contratado para crear el rodaje ha asegurado por diversas vías que fue objeto de una gran estafa, ya que trabajaron y no les pagaron lo prometido. Uno de los denunciantes va más allá, y asegura que luego de haber investigado lo ocurrido, ha llegado a la conclusión que el megaproyecto habría servido para lavar dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción. La afamada actriz niega todas las acusaciones y se desentiende del asunto asegurando que no tiene deuda con nadie y que la paralización del proyecto se debió a la falta de presupuesto. Aquí puede ver los primeros números que presentó Haik Gazarian.

Un lanzamiento por todo lo alto

La producción fue presentada de manera rimbombante por la actriz y sus socios quienes contrataron un equipo de renombrados profesionales que permitiría conseguir los fondos necesario para desarrollar el proyecto de alcance mundial. 
El guión del largometraje fue escrito por la actriz colombiana Valentina Rendón, esposa del director de cine y accionista de R92 Films LLC, Haik Gazarian. En la propuesta decía que los actores eran los siguientes: Edgar Ramírez, Wagner Mouro, Eugenio Derbez, Alfonso Herrera, Ruddy Rodríguez, Valentina Rendón.
Como productores aparecen en la presentación original: Delfina Catalá y Haik Gazarian  y  como productores ejecutivos: Ruddy Rodríguez y Edgar Ramírez.

Para desarrollar el concepto de la película contrataron a Edgar Jiménez P, quien ahora lleva la voz cantante de las acusaciones por estafa contra Rodríguez y sus asociados.  Los primeros dardos los lanzó a través de una carta publicada en su cuenta de la red social Facebook, donde se dedicó a contar los pormenores de su experiencia en la película que nunca llegó a concretarse y que afectó a numerosas personas que participaron en la preproducción aportando desde talento, tiempo y capital, sin que hasta la fecha ni Rodríguez, Meinhardt, ni Gazarian les hayan dado una respuesta satisfactoria a sus demanda de pago y resarcimiento.

Quien fuera el director artístico del largometraje, acusa a la productora R92 Films de haber armado “una gran burbuja” para llevar a cabo su estafa valiéndose de las ideas con que Jiménez fue construyendo la trama de la película (ideas, personajes, imágenes, escenas, paisajes y ambientación) para convencer a otros talentos y profesionales  que se sumaron al proyecto. 
Refiere que para cumplir su cometido, Ruddy Rodríguez y sus socios utilizaron el  nombre y el prestigio de Sony Pictures y Universal Studios a objeto de captar la atención de inversionistas y hasta gobiernos. Con la referencia a los mencionados estudios cinematográficos hacían creer que la distribución de “El vuelo del turpial” estaba garantizada mundialmente e insistían que sería proyectada en China, Rusia y América Latina, “pero extrañamente nunca en EEUU”. Ver detalles aquí.

Jiménez trabajó durante tres años para ilustrar el guión del film, primero desde Caracas, luego en Los Ángeles y después en República Dominicana, llegándose a reunir un equipo de profesionales conformado por 95 personas que a sólo tres meses de haber iniciado la pre-producción comenzaron a ver fallas en sus pagos, pese a que se incurría en un gran despilfarro en la contratación de empresas costosisimas, suntuosos viajes en jet privado, caras residencias para los directivos y sus familias, entre otros. Una película que aún sin iniciar acumulaba para el momento de redactar Jiménez su carta grandes deudas por varios millones de dólares.
“Nos llevaron a Los Ángeles (LA) a más de 40 personas para dos reuniones y presentar el equipo donde no hicimos nada, y lo que realmente hicieron fue armar un equipo de talentos para una fachada y conseguir el dinero para comenzar a contratar cosas entre ellos los estudios de cine de Pinewood, viajamos a LA un mes y a República Dominicana más de 90 personas, para que en dos meses se perdieran 35 millones de dólares y pidieran más a los inversionistas”.

Cabe destacar que Edgard Meinhardt es el mismo productor de la película “Bolívar, The Liberator” de ingrata recordación en los años 90, la cual tampoco nunca llegó a concretarse pero que también fue denunciada como una gran estafa que, al parecer, lo llevó a figurar en la lista de los cien venezolanos con cuentas de más de 100 millones de dólares en el HSBC de Suiza.
Jiménez se explaya en la narración de una serie de irregularidades, gastos injustificados y excesivos, mientras se producían impagos tanto al personal como a las empresas contratadas, tal es el caso de Estudios Pinewood de República Dominicana que ante la falta de cancelación de la deuda que con ellos se mantenía, terminaron prohibiendo la entrada al personal sin que siquiera pudieran retirar sus equipos y pertenencias personales de las oficinas. En los citados estudios se recrearon escenarios naturales de Canaima bajo el alegato de que habiendo niños en la producción era mejor no correr riesgos en los escenarios naturales. Una excusa si se quiere tonta, toda vez que tecnologías como el croma habrían permitido resolver ese problema. 

No es menos curioso que habiendo contratado equipos de filmación con excesivo tiempo de antelación al rodaje, no se haya filmado ni un solo milímetro de la película. Tampoco hubo elenco, el vestuario se confeccionó sobre maniquíes, no hubo ensayos. Los tres años de trabajo de Jiménez y el resto de las personas se limitaron a la conformación del equipo y la costosa preproducción.
Para el mes de diciembre de 2015 se tomó una decisión que a ojos de Edgar Jiménez era insólita: se otorgó un asueto navideño para supuestamente reanudar labores a mediados de enero de 2016, lo cual nunca sucedió. Luego les dijeron que en razón a una serie de auditorías llevadas a cabo por los inversionistas, el proyecto debía detenerse hasta agosto de 2016 y en razón de ello cancelaron los contratos. Curiosamente, la paralización del proyecto coincidió con las elecciones parlamentarias venezolanas en las que resultó ganadora la oposición.

Hablamos con el principal denunciante

En una entrevista telefónica, Edgar Jiménez P. aseguró que todo el proceso que vivió desde el inicio del proyecto hasta el presente, lo han convencido que el proyecto fue hecho para lavar dinero y cometer una estafa de talla internacional.

Jímenez nos contó que el empresario chavista Wilmer Ruperti entró a la trama cinematográfica desde el comienzo “en calidad de financista del proyecto, debido a su relación sentimental con la actriz y productora ejecutiva del largometraje, Ruddy Rodríguez. Esa relación data desde 2014”.

Según Jiménez, al momento de iniciarse el proyecto contaban con un presupuesto de 20 millones de dólares que fueron dilapidados en lujos y gastos innecesarios. Cuenta que el presupuesto se agotó en la etapa de Preproducción, es decir, sin haberse iniciado el trabajo de Filmación.
Dice que Ruperti accedió a dar la inyección de otros 20 millones de dólares que se oficializaron en marzo del 2015, en una fastuosa celebración de cumpleaños de Ruddy Rodríguez que tuvo lugar en Los Ángeles “en una casa que alquiló Ruperti para Ruddy, y donde se intentó arrancar con la realización del largometraje”. 

Explica Jiménez que el dinero fue colocado en los sistemas financieros que Edgard Meinhardt ha usado por años lavar dinero. Para ese momento,  se rehizo el guión pero de pronto "inventaron nuevos detalles que hicieron el proyecto inviable por lo costoso del mismo". Así se propuso que se usaran escenarios en República Dominicana, Venezuela y con un equipo de cineastas y personal de la industria del cine de primer nivel de Estados Unidos, México y Venezuela. 
Asegura que se gastó dinero innecesariamente en muñecos robóticos, en el alquiler de tres estudios y oficinas en República Dominicana (cada uno costaba a la semana más $160 Mil), alquiler de aviones, fletes a Shanghái en China, Canaima en Venezuela, Los Ángeles, etc. Finalmente, de manera inexplicable enviaron a todo el equipo de producción de vacaciones, privilegio que no ofrece ninguna productora, con la promesa de regresar en enero del 2016, cosa que tampoco ocurrió. Lo peor del asunto es no pagaron al personal, aludiendo que “se habían quedado sin dinero porque los nuevos inversionistas no entraron”.
Los datos

Uno de los aspectos que llamó más la atención de Jiménez fue la decisión de Wilmer Ruperti de alquilar una casa en Los Ángeles y mover el equipo de la producción a California sin necesidad alguna. "Era para engatusarnos a todos”. Entre derroches de todo tipo, se gastó la totalidad del presupuesto de ese año. 

Rodríguez y sus socios pidieron  al empresario chavista una nueva re-inyección de capital para finales de 2015. En aquel momento, Ruperti habría ofrecido  invertir otros 24 millones de dólares que según sus cálculos recibiría en diciembre de ese año, pero por alguna razón nunca los entregó”.

Cuenta el denunciante que cuando se agotó el presupuesto, Ruperti habría presionado para que se realizara una auditoria, que de hecho se hizo y arrojó resultados negativos. “El empresario se encontró entonces en una encrucijada, ya que si bien no quería poner más dinero para una producción que daba pérdidas, también tenía presiones por su relación sentimental con Rodríguez”, dice Jiménez.

Entre otros aspectos que llamaron la atención de Jiménez fueron los repetidos comentarios del asistente de la actriz, Kenny Castillo Rodríguez “Muchas veces dijo tener (ellos “R92 Films”) una relación muy estrecha con los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores”. 

Afirma además que la afamada actriz venezolana sostiene frecuente comunicación con Flores, y que a ambas mujeres gozan de una buena amistad.

Otros demandantes salen a la palestra

Otra de las personas que ha denunciado a Rodríguez y sus asociados es Eliza Coromoto Zambrano, quien se dedica al negocio de servicios de catering y quien a través de Instagram y Facebook narró parte del calvario por el cual atraviesa luego de casi un año de no recibir el pago por su trabajo. “Si alguien tiene contacto con esta señora Ruddy Rodríguez, por favor díganle que me pague lo que me debe, no estoy cobrando nada que no sea mío, estafó y engañó a la gente de Canaima y dejó a todo el mundo en espera… Pura cara bonita” . 

La bancarrota para muchos

Fueron muchos los correos enviados desde las vacaciones navideñas colectivas de diciembre de 2015 hasta mediados de 2016. Nadie recibió los pagos ni tampoco explicación de lo que estaba ocurriendo, dice Jiménez. 

El 6 de junio de 2016, el denunciante tuvo un accidente en República Dominicana. La productora no tenía seguro médico, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital público donde no había insumos. 

-"Mis amigos lograron reunir donaciones por el orden de los $4 mil dólares para comprar las medicinas y otras cosas que se requerían para mi operación. Aprovechando la convocatoria de mis amistades, Ruddy Rodríguez solo donó $500 dólares y desapareció, desembarazándose de cargar con los gastos de traslado a una clínica privada. De haber tenido el seguro médico al día, como era la responsabilidad de R92 Films para con todos sus contratados, esto no hubiese ocurrido.", lamentó.

Hasta hoy Jiménez permanece en República Dominicana, toda vez que tuvo que buscar trabajo alternativo para mantenerse. El destacado realizador ha terminado viviendo en un ancianato regentado por una monjas de la Sociedad Benéfica Española que lo han estado ayudando gracias a que Jiménez posee el pasaporte europeo.

Sobornos a militares acusados por la DEA

En la misiva publicada en Facebook, Edgar Jiménez hace un señalamiento crucial, al precisar que la productora R92 recibió y dio sobornos por parte de militares venezolanos que han  sido señalados por la DEA y el Congreso de los Estados Unidos de estar incursos en narcotráfico y lavado de dinero. Sin mencionar a los efectivos, asegura que muchos detalles de este tipo lo llevan a deducir que la razón de todo el despilfarro que observó durante el desarrollo del proyecto fallido fue la legitimación de capitales ilícitos. 

En la carta dice: “Donde todo se pone peor es en las relaciones con el gobierno venezolano y la cantidad de sobornos y favores que R92 dio y recibió de parte de importantes cabezas del estamento militar y gobierno de Venezuela. Algunos de estos militares están señalados por la DEA y por el Congreso de Estados Unidos por estar implicados en narcotráfico y lavado de dinero, lo que hace pensar a mas de uno que todo tenga más sentido en cuanto a suponer que el gran derroche y despilfarro no tuviese otro objetivo que el lavado de dinero". 

Dice además que la decisión de  la productora R92 de "no pagar y estafar a todo el equipo, de inflar un proyecto de tal envergadura, duplicar gastos habría permitido lavar el 60% del capital, lo cual es ya ganancia para quien pretende legitimar capitales, incluso más con los fabulosos incentivos fiscales que el gobierno de República Dominicana da a través de la reciente ley de cine”.

Con la quiebra de la producción, los estudios cerraron todo acceso a los mismos y los equipos de trabajo del denunciante se quedaron confiscados junto con el resto de R92 Films.

En la conversación telefónica, Jiménez admitió que Ruperti "ha tratado de negociar con el estudio para que reabrierán la producción sin éxito". Asegura haber visto al empresario chavista "en repetidas ocasiones caminando en los estudios con Ruddy Rodríguez atendiendo reuniones con los abogados".

Una reacción tardía

Cabe destacar que los trabajadores de “El vuelo del turpial” tardaron mucho tiempo en hacer pública sus denuncias, primero, por creer en un proyecto que se dibujaba como una gran producción del cine venezolano que resaltaba el mundo indígena de los pemones en Canaima, y segundo, por respeto a la figura y trayectoria de Ruddy Rodríguez, quien junto a sus socios les formuló múltiples promesas de pago que nunca llegó a cumplir, dijo Jiménez. 

Los trabajadores recibieron correo tras correo en los que, una y otra vez, les anunciaban supuestas fechas de pago que nunca llegaron a concretarse. Luego todos los socios desaparecieron del mapa y no respondieron nunca más los reclamos de pago.

Las mentiras de Gazarian

Otro aspecto criticado por Jiménez es la conducta del director de Cine, Haik Gazarian. "Con el objeto de ganar simpatías y atraer capitales se presentaba como socio-propietario de la empresa Flying Cam (líder en manejo de cámaras de cine a través de drones) y como ganador de un Oscar de la Academia por desempeño técnico". Para comprobar las aseveraciones públicas de Gazarian, Jiménez dirigió unas comunicaciones a Emanuel Previnaire, fundador y CEO de Flying-Cam Group para consultar si esta compañía se responsabilizaría por la deuda de más de 850 mil dólares que Gazarian mantiene con él. 

En la carta se lee: “Me comunico formalmente con Ud. porque estamos buscando al Sr. Haik Gazarian, por robo, fraude y delincuencia por lavado de dinero y narcotráfico, todas estas acciones relacionadas con el desastre de la producción cinematográfica ‛El Vuelo del Turpial’, en la que él y su socia Ruddy Rodríguez han engañado a cientos de personas y empresas de 5 países diferentes, China, Estados Unidos, España, Alemania, Venezuela, México y la República Dominicana”. 

La respuesta de Previnaire fue negar tajantemente tal sociedad. “El Sr. Haik Gazarian no es y nunca fue dueño de FLYING-CAM, él no es y nunca fue accionista o miembro del consejo. No tiene ningún premio de la Academia”.

La punta del iceberg

Comenta Jiménez que si bien al principio era todo un misterio los nombres de los inversionistas, muchos tenían información que el gobierno venezolano habría puesto un monto el dinero inicial para el proyecto, así como otros empresarios de nacionalidad dominicana, estadounidense y venezolana. 

El denunciante fue la primera persona contratada por la productora y desde el principio supo que otra parte del capital inicial fue puesto por Ruperti.

Luego de evaluar los hechos y las circunstancias y de haber hecho una investigación preliminar, Jiménez cree que en definitiva detrás de todo este proyecto se oculta un conglomerado de manejos turbios que tienen por objeto la legitimación de capitales de oscura procedencia, corrupción o malversación. 

La figuración de Edgard Meinhardt dentro del proyecto de “El vuelo del turpial” hace suponer un manejo especulativo de los fondos obtenidos para la realización, toda vez que en 1993 se determinó que los aportes que obtuvo para la filmación de “Bolívar: The Liberator”, los usó para hacer operaciones irregulares en la Comisión Nacional de Valores, por lo que algunos creen que la producción del film se habría quedado sin dinero a raíz de manejos especulativos llevados a cabo en casas de bolsa. Sin embargo de esto no hay pruebas y no son más que especulaciones que no han podido comprobarse.

Ruddy chavista 

No en pocas ocasiones a la actriz se la ha vinculado al chavismo, de hecho, una de sus tiendas de cosméticos mantenía hasta el año pasado, un espacio en el reservado Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa), un privilegio con el que pocos pueden contar en Venezuela, a no ser que mantenga afinidades con el oficialismo y la cúpula militar.

De Ruddy Rodríguez, incluso, se llegó a decir en 2010 que mantenía una relación sentimental con Hugo Chávez. Pero la actriz se ha encargado de negar de manera reiterada esta versión. De hecho, Rodríguez ha dicho que vió al fallecido mandatario en tres oportunidades, luego de esperar meses para una cita y cumpliendo con los protocolos que exigen este tipo de personalidades.

La relación Ruperti-Rodríguez

Edgar Jiménez da como un hecho la relación sentimental entre la actriz y el empresario, asegurando que los vio juntos a lo largo del trabajo de preproducción del cortometraje. Rodríguez niega rotundamente que sostenga una romance con Ruperti y en entrevistas televisadas ha dicho -inclusive- que está en la búsqueda de un amor. 

Otros aseguran que la relación sí existe

Una fotografía publicada en la cuenta en la red social Instagram de Ruddy Rodríguez en la que aparece con Ruperti, llevó al periodista de farándula, Fabrico Yarica, del semanario Las verdades de Miguel, a insinuar que entre el contratista de Petróleos de Venezuela y propietario del Canal I y Rodríguez, podría haber una relación sentimental.

Cuando la realización de “El vuelo del turpial” se paralizó se supo la identidad del inversionista de la producción, cuando el abogado de Ruddy Rodríguez reveló a los trabajadores que un reconocido empresario vinculado al oficialismo era quien financiaba con el Gobierno venezolano era el que financiaba el proyecto.

El abogado y exfiscal, Abelardo Izaguirre, fue más allá y aparte de dar por sentada la relación amorosa entre Ruperti y Rodríguez, refiere que el monto gastado el producción de “El vuelo del Turpial” hasta el momento en que se paralizó, coincide con la cantidad pagada por el empresario para la defensa de los narcosobrinos: 25 millones de dólares .

“La peliculita esta que costó yo no se cuánto y que era donde lavaban el dinero acá, alquilaron el Hollywood, fueron a la Base Aérea, tenemos todo eso grabado, se montaron en los Sukhoi, salen los generales con la actriz, la película que era de dinosaurios, se llamaba El vuelo del turpial”.

La denuncia hecha por Jiménez pretende llegar a otros niveles, -inclusive- sostiene que los hechos  y algunas evidencias demuestran que una producción planteada en los términos en que se inició, El Vuelo del Turpial, luce como una operación es para lavar dinero que debe ser investigada por las autoridades de los Estados Unidos y de los otros países involucrados.

El denunciante dice que si bien su caso es el más grave, motivado a que tuvo un accidente que le impide movilizarse, lo que lo ha obligado a denunciar la estafa y las vinculaciones de R92 Films y sus directivos con el lavado de dinero, no puede dejarse de lado que  hay cientos de personas y empresas en su misma situación, como son los acreedores desde China, Alemania, México, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y Venezuela  que no han recibido respuesta  a sus solicitudes de pago de los acuerdos contraídos por su participación en la super producción.

Extorsión para que se retracte

Jiménez además de estar limitado físicamente asegura que es objeto de extorsión por parte de personas ligadas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Sebin, que lo quieren obligar a retractarse de las denuncias para poder negociar el pago de las deudas. 

Jiménez asegura que no lo hará y que seguirá llevando el caso a otras instancias hasta que logre el objetivo que los estafadores cumplan sus obligaciones acordadas en documentos legales firmados y autenticados.

Ruddy Rodríguez niega la estafa

Intentamos comunicarnos con la actriz por su correo electrónico y hasta el cierre de esta nota no logramos recibir respuesta a un cuestionario que le enviamos. 

No obstante, Rodríguez se refirió a la denuncia de la estafa durante una entrevista ofrecida en el programa Sábado en la Noche por Globovisión en marzo de 2017. En la conversación, negó que hubiese una supuesta "estafa" con productores de la película "El Vuelo del Turpial" y aseguró que se ha generado una "campaña de desprestigio" en su contra, y que legalmente, no tiene ninguna deuda pendiente. Ver la entrevista aquí.

“Ruddy Rodríguez no le debe nada a nadie (...) eso está en mano de los abogados, yo no puedo hablar por recomendaciones de los abogados (…) Yo sé que están molestos, yo estoy molesta, pero póngase en el lugar, cómo te sentirías si te tergiversan totalmente. Quieren dar algo que no es", aseveró la actriz. 

Aseguró que el proyecto está detenido pero que es tan "luchadora" que logrará completar el rodaje. "Ahorita estamos parados, pero yo que soy tan luchadora y tan guerrera, que yo hago la película porque la hago, además, la idea siempre ha sido agarrar el talento humano venezolano, exportarlo y poner a Venezuela en un sitial cinematográfico donde se merece, y lo vamos a hacer", enfatizó.

Mientras las demandas transcurren entre varios escritorios jurídicos de los países involucrados, el bufete Peñaloza y Asociados de Venezuela envió un documento al denunciante para que lo firmara. Jiménez se negó hacerlo. Lejos de dejar las cosas en el olvido, ahora busca llevar la denuncias a los fiscales federales estadounidenses para que revisen las evidencias y evalúen si las leyes federales estadounidenses se violaron en este caso. 

Aunque nunca llegó a rodarse un solo minuto de El vuelo del Turpial, aún queda por ver cuál será el desenlace de esta truculenta trama en la que figura como protagonista quien durante muchos años se presentó como la “Niña Bonita” de la televisión venezolana.

PD: 
Antes de la publicación de esta nota buscamos la opinión de las partes involucradas. Así, enviamos cuestionarios al empresario Wilmer Ruperti a la dirección electrónica que promociona en su cuenta Twitter ubicada en España, a las direcciones de email personales de la actriz, Ruddy Rodríguez, Haik Gazarian y a Edgard Meinhardt. También consultados a otros afectados, algunos de los cuales dijeron sentir temor de hacer públicas sus denuncias motivado a que han sido amenazados y actualmente viven en Venezuela. Hasta este momento no recibimos respuesta a ninguno de los cuestionarios enviados para complementar esta nota.

Si algunos de los involucrados desea que su opinión se anexe a la nota o quiere ejercer su derecho a réplica, les ruego enviar sus comentarios a la dirección de correo electrónico vinculada a este blog y los mismos se publicarán de inmediato.

Maibort Petit 

jueves, 8 de junio de 2017

Atención: Venezuela y China firman 4 acuerdos energéticos

La Asamblea Nacional desconoce estos acuerdos que comprometen el futuro de la empresa petrolera venezolana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El vicepresidente de Planificación, Desarrollo y director Externo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Ricardo Menéndez, informó que Venezuela y la República Popular China, firmaron cuatro acuerdos estratégicos en el campo de los Hidrocarburos.
El primero se refiere al acuerdo de asociación para la constitución de la empresa conjunta Petrochina / PDVSA Guandong Petrochemical Company Limited; El segundo, los artículos de incorporación de dicha empresa; el tercero, un contrato para el suministro de crudo. Asimismo se firmó  un contrato para la venta de productos de refinería.

Entre los acuerdos alcanzados,  se plantea el desarrollo de la refinería de Nanhai, ubicada en la provincia de Guandong, que tiene como objetivo refinar 400 mil barriles por día de una mezcla de crudo pesado Merey16 y / o Dcom16 de origen venezolano, de Petrourica y Petrosinovensa de la Faja Petrolífera del Orinoco y otras fuentes; con la primera opción de ser transportado por mar por la empresa mixta chino-venezolana CV Shipping PTE, Ltd.

Por medio de una llamada telefónica en el programa Encendidos, emitido por Venezolana de Televisión (VTV), Menéndez explicó que el acuerdo entre PDVSA y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) "sella la ubicación del petróleo venezolano que se refinará en China, que requiere la adecuación de la arquitectura para que el producto sea procesado, desde el punto de vista de los procesos de refinación a nivel nacional e internacional ".

"Esa es la arquitectura de la geopolítica que, los oligarcas y los que no tienen la patria venezolana como su horizonte de desarrollo, nunca entenderán, esto significa usar los recursos de nuestro país para su desarrollo soberano", explicó.

Menéndez también informó que ambas naciones instalaron la Secretaría de la Comisión Mixta de Alto Nivel, antes de la Comisión Conjunta que se llevará a cabo. También destacó que durante la visita al país asiático, las cuestiones estructurales se revisaron desde el punto de vista de la economía y el desarrollo de Venezuela.

En este sentido señaló que una Comisión de Alto Nivel abordará temas relacionados con la producción de hierro, acero, aluminio y todo lo relacionado con el ámbito minero nacional, vinculado al desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana. "Esta agenda se ha visto, en el caso de China, con mucha anticipación, sobre todo por la profunda fe que tienen sobre el futuro de nuestro país", dijo.

Por otra parte, se celebraron reuniones para discutir la cuestión financiera con el Banco de Desarrollo de China, que incluye 700 proyectos en diferentes áreas, incluyendo el sector petrolero.

"Trabajaremos además las líneas de producción y la ubicación de la capacidad excedente de China en nuestro país", dijo.
Fuente
http://www.gulfoilandgas.com/

viernes, 26 de mayo de 2017

Corte de Apelaciones de Nueva York falla a favor de los Bolichicos

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York falló este viernes a favor de Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, conocidos en la prensa venezolana como los "Bolichicos" en el recurso intentado por el exembajador Otto Reich y  Otto Reich Associates, LLC. 
De acuerdo a la decisión el 26 de mayo de 2017 por el panel de jueces conformado por: Dennis Jacobs, Christopher F. Droney y Timothy C. Stanceu la petición del embajador Otto Reich no procede y por tanto se reafirma lo decretado por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York según el cual la demanda no procede porque el tribunal de Nueva York carece de jurisdicción para atender el caso. 

El recurso de apelación fue interpuesto por Reich contra contra Betancourt y Trebbau ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

Los demandados han salido ilesos de todos los casos judiciales que han enfrentado en los Estados Unidos hasta el momento. Ninguno de los acusadores han logrado el objetivo de llevarlos a juicio. La última acción legal en su contra, interpuesta por Reich fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad de Nueva York, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción de ese tribunal. Este viernes, el tribunal de apelaciones neoyorquino reafirma la decisión del juez Oetken.

La demanda de Reich no fue admitida 

La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal. 

Reich contrató abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.

Betancourt y Trebbau fueron acusados de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez a favor de sus empresas estadounidenses, Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation, para construir plantas de energía. 

Según la demanda desestimada, durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses.

Dichos contratos fueron asignados de la siguiente manera: 

Petróleos de Venezuela S.A.:

                30 de abril de 2010 – Las Morochas;

             21 de noviembre de 2012 – El Furrial;

             21 de noviembre de 2010 – El Morichal; y

             23 de noviembre de 2010 – Barinas I.


Por parte de Corpoelec, Corporación Eléctrica de Venezuela: 

                    2 de octubre de 2009 – Picure;

               23 de noviembre de 2009 – La Raisa I;

               30 de noviembre de 2009 – La Raisa II;

               11 de marzo de 2010 – Guarenas I; y

               4 de octubre de 2010 – Guarenas II.


y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

       2009 – Sidor Planta A y Planta B

De acuerdo a la acusación que no será considerada por la corte de Nueva York, el esquema de corrupción de Derwick se basó en el pago de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, encargados de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético. Una vez que los contratos fueron garantizados a Derwick y que el dinero fue transferido a cuentas bancarias en Nueva York, los empresarios se apoderaron de millonarios recursos que luego depositaron en bancos americanos e internacionales. A su vez, Derwick, sub-contrató a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para llevar  a cabo los proyectos de construcción de las plantas que actualmente no funcionan, lo que generado un colapso del sistema eléctrico venezolano.  
Según la demanda de Otto Reich, esos contratos no fueron objeto de un proceso de licitación pública. 

El gobierno de Hugo Chávez nunca hizo público los costos finales de las asignaciones.

Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegaron que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en la mencionada ley RICO. 

La demanda afirmaba que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados. 

La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.

Los empresarios acusados niegan los cargos y hoy consiguieron un fallo a su favor.