jueves, 18 de enero de 2018

Conoce las nuevas evidencias que desmienten al fiscal Tarek William Saab en el caso de la deuda de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El documento usado para la presentación del plan de deuda suscrito por Citgo y Citgo Holding con las firmas Apollo Global Management LLC, con sede en Nueva York, y Frontier Management Group Ltd, con sede en Dubai, para refinanciar un programa de deuda adquirida en 2014 y 2015, desmienten nuevamente las declaraciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien anunció en noviembre de 2017, la detención de seis directivos la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, al acusarlos de haber firmado un contrato para refinanciar la deuda de esta subsidiaria sin aprobación del alto gobierno.
De acuerdo a declaraciones públicas de Saab, el contrato fue firmado bajo “condiciones desfavorables” para la petrolera venezolana, y sin permiso del gobierno de Nicolás Maduro.

“Se ofreció como garantía la propia filial (Citgo), comprometiendo el patrimonio de la República”, declaró Saab, al momento de señalar a los directivos de haber cometido “peculado doloso propio”, y de haber incurrido en “concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Nuevas evidencias echan por tierra lo dicho por Saab

Propuesta alternativa de reestructuración de la deuda de Citgo y Citgo Holding con las empresas Apollo y Frontier fue presentada por los ejecutivos de la filial de PDVSA en los Estados Unidos en el contexto de la reunión de la junta directiva realizada en Caracas el 14 de junio de 2017. Los términos de plan de adquisición del nuevo endeudamiento fueron explicados a los directivos de Petróleos de Venezuela, quienes lo sometieron a discusión y posterior aprobación en ese mismo encuentro, según consta en documentos presentados como soporte de esta nota periodística.
En el documento se destaca la información relacionada con los antecedentes de la reestructuración a lo largo del año 2017, donde los directivos de Citgo informaron a la directiva de PDVSA sobre los avances de los planes de refinanciamiento. Por ley, Citgo debía mantener informada a la junta de accionista de la petrolera estatal antes de proceder a firmar cualquier obligación que comprometiera a la empresa.

Cuando el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de los directivos de Citgo aseguró que la decisión del arresto respondía a que los funcionarios habían firmado un plan de refinanciamiento a espalda de la directiva de PDVSA, lo cual según lo demuestran los documentos que hemos publicado en este blog es absolutamente falso.
En el objetivo del plan de estructuración se señala que la propuesta alternativa privada para la reestructuración de la deuda de Citgo y Citgo Holding, "no tiene las restricciones de una operación de mercado pero cumple con los mismos objetivos y parámetros propuestos".

En la página de los antecedentes se señala que el 16 de febrero de 2017 el plan de reestructuración de deuda fue presentado a la junta directiva de PDVSA la cual aprobó primeramente la estrategia para dicha reestructuración de la deuda de Citgo y Citgo Holding en los parámetros propuestos.

Asegura que el 29 d marzo de 2017, se presentó un avance del refinanciamiento a la directiva, incluyendo la matriz para la selección del banco, la estructura del capital, así como el enfoque para los honorarios  para los bancos líderes.

El 17 de mayo de 2017 se informó a la directiva el estatus de la operación de mercado, el cual se encontraba en pausa para ese momento.

Dice el reporte que se informó a la directiva sobre la propuesta privada alternativa que no tenía las restricciones del mercado y que el 1° de junio los fondos privados de Apollo y Frontier propuesta con la cual puede estar lista antes de la operación de mercado.

En la presentación hecha a PDVSA se solicitó autorizar firmar el acuerdo para comenzar las negociaciones de la propuesta con las empresas Apollo y Frontier. En el documento en nuestro poder no aparece la información relacionada a los términos de la deuda ni los parámetros de la misma, ni cómo las mencionadas empresas llegaron a Citgo. Lo que sí evidencia es que el plan de adquisición de nueva deuda fue presentado a la directiva y que el mismo fue aprobado por Petróleos de Venezuela.

lunes, 15 de enero de 2018

Crisis de Venezuela eleva el costo de cualquier programa de restructuración de la deuda de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El pasado 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó en rueda de prensa ofrecida desde la sede principal del Ministerio Público, que los altos ejecutivos a los cuales imputó ese despacho, comprometieron el futuro de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A., Citgo, al haber suscrito un contrato de financiamiento que puso en riesgo a la empresa. Se refería el funcionario al proyecto de reestructuración de la deuda de CITGO-CITGO Holding presentadas por las firmas Apollo y Frontier, el cual según Saab buscaba hipotecar a la compañía.
Acusó el titular del Ministerio Público madurista que el contrato con Frontier/Apollo hipotecaba a Citgo, pues las condiciones de los préstamos resultaban absolutamente desfavorables para la PDVSA al ponerse a filial de petrolera en Estados Unidos como garantía de la propia empresa, con lo que se comprometía el patrimonio de Venezuela. Refirió Saab que este contrato de financiamiento por 4 mil millones de dólares fue suscrito sin el visto bueno del Poder Ejecutivo.

“Pudimos comprobar que la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 16 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management LLC, basándose para la firma de ese contrato en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015, para solicitar por esta vía préstamos en condiciones totalmente leoninas, desfavorables, para nuestra principal industria como es PDVSA y, lo más grave, ofreciendo como garantía, nada más y nada menos, que a la propia filial Citgo”, dijo Saab en esa ocasión.

Refirió que con la firma de este contrato de refinanciamiento se estaba comprometiendo, no solamente el futuro de Citgo, sino también el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, pues este acuerdo contemplaba un financiamiento “por un monto de hasta 4 mil millones de dólares, sin contar, por supuesto, para la firma de este contrato, con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, es decir, lo hicieron con total discrecionalidad, extralimitándose de sus propias funciones, sin siquiera coordinar o comunicar a las más altas autoridades componentes, exponiendo a la filial petrolera a una posible situación de índole penal por incumplimiento que pudiese ocurrir, obviamente, de los diferentes contratos que estos han suscrito”.

Refirió que Citgo es la filial más grande de PDVSA y es  la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos que tiene Venezuela en los Estados Unidos.

Ante tales hechos, el fiscal Tarek William Saab comisionó al fiscal 55 nacional con competencia plena, quien en coordinación con el tribunal tercero de control del área metropolitana de Caracas, emitió órdenes de aprehensión en contra de seis directivos de Citgo a quienes se acusó de los delitos peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación.

Pero a estas afirmaciones del fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, se ven contradichas por el acta correspondiente a la reunión N-2017-17 de la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A.,  que se celebró el día 14 de junio de 2017, en la que se da cuenta de que el cuerpo ejecutivo de la petrolera venezolana sí estaba al tanto de la propuesta de refinanciamiento y conocía todos los pormenores de la negociación, pues con su firma del acta así lo reconocieron y autorizaron. Una suscripción que tuvo lugar luego de que la Consultoría Jurídica de PDVSA hizo la revisión correspondiente del acuerdo y que dio pie al inicio de las negociaciones.

Cabe destacar que la junta directiva de PDVSA para ese momento —es decir quienes avalaron con su firma el contrato de reestructuración de la deuda de Citgo— estaba conformada por Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de PDVSA).

Es menester dejar sentado que luego del paro petrolero del año 2002, Citgo se erigió como la principal fuente de ingresos de PDVSA, al aportar más de 10 mil millones de dólares sólo en dividendos. Por ejemplo, según información emanada de la propia estatal, en el año 2005, Petróleos de Venezuela recibió 88 millones de dólares adicionales en dividendos provenientes de esta filial en Estados Unidos, los cuales correspondían a los balances de octubre y noviembre de 2005, aprobados por la Junta Directiva  de Citgo Petroleum Corporation, según refiere una información publicada en la página web de la empresa 19 de diciembre 2005.

Para ese entonces, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, sostuvo que “los dividendos pagados para el año 2005 reflejan la plena alineación de CITGO con PDVSA y la integración de las operaciones de refinación de Petróleos de Venezuela en el ámbito mundial”. Entretanto, Alejandro Granado, vicepresidente de Refinación de PDVSA, agregó que “con estos desembolsos los dividendos pagados por CITGO a Petróleos de Venezuela en el 2005 alcanzan la cantidad de 785 millones de dólares”[1].

Igualmente, el 19 de mayo de 2013 la misma fuente oficial dio a conocer que Citgo “declaró un dividendo de 461 millones de dólares para el primer trimestre de 2013, monto que se pagará a Venezuela el próximo 20 de mayo. Esta cifra constituye un récord de ganancias para un trimestre desde 2009”[2].

La crisis financiera de los años 2008 y 2009 fue posible afrontarla para Citgo en medio de la vorágine que Estados Unidos vivía para el momento, y de acuerdo a las cifras presentadas para la época la corporación consiguió un plan de financiamiento, que implicó la hipoteca de los principales activos de la filial y que le permitieron soportar los préstamos obtenidos en medio un ambiente financiero muy adverso.

Por otra parte, entre los años 2016 y 2017 Petróleos de Venezuela, S.A., decidió hipotecar las acciones de las filiales madres de CITGO, a saber, PDV Holding y Citgo Holding, en operaciones de bonos y con el financiamiento con Rosneft por solo 1.5 millardos de dólares.

Una nota publicada por el portal Gestión, refiere que PDVSA para obtener dinero solicitó a los tenedores de bonos que cancelaran sus obligaciones negociables que para ese momentos estaban a punto de vencer por títulos a más largo plazo respaldados por una participación de 50.1 por ciento en su activo con mejor desempeño, a saber Citgo, cuyo valor según la estatal petrolera venezolana asciende a los 8 mil 300 millones de dólares, cifra que los especialistas estiman inflada y aseguran que en realidad la filial tiene un valor que llega a apenas la mitad de la cantidad citada.

La información reseña, además, que “en Caracas, el proyecto de utilizar a Citgo como garantía colateral ha generado alboroto en el Congreso, en tanto la oposición acelera los esfuerzos destinados a destituir a Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez. El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, fue convocado para explicar el canje de deuda en medio de exigencias de una investigación más exhaustiva”[3].

Los reportes de filial de PDVSA en los Estados Unidos señalan que la empresa ya enfrentaba una severa crisis de endeudamiento mucho antes de que el fiscal Saab denunciara que los problemas de Citgo obedecían al programa de refinanciamiento de su deuda establecido con las financistas Frontier Group Maganement LTD y Apollo Global Maganement LLC.

La grave situación financiera de PDVSA, en particular, y de Venezuela, en general, han llevado a todas las calificadoras de riesgo a establecer una mala calificación para el país y, por tanto, para sus empresas, entre ellas, Citgo. Expertos refieren que cualquier operación de restructuración de deuda tendrá un elevado precio debido a las circunstancias actuales de la República y que es impensable un programa de préstamos barato como lo reclama el fiscal general de la república, Tarek William Saab.

martes, 9 de enero de 2018

Documento revela que préstamo de CITGO fue aprobado por directiva de PDVSA

Según la evidencia, Delcy Rodríguez, Rodolfo Marco Torres y la junta directiva de la petrolera conocían y aprobaron el proyecto de reestructuración de deuda de Citgo, lo que niega las acusaciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente que asegura que Pdvsa que la negociación se hizo a espaldas del gobierno.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

De acuerdo al acta correspondiente a la reunión N-2017-17 celebrada el día 14 de junio de 2017, la junta directiva de Pdvsa conoció la propuesta alternativa de Reestructuración de la deuda de CITGO-CITGO Holding presentadas por las firmas Apollo y Frontier. En ese encuentro, se notificó a todos los miembros de la directiva de la petrolera y se autorizó firmar acuerdo previa revisión por parte de la Consultoría Jurídica de PDVSA, a los fines de comenzar las negociaciones de la propuesta alternativa privada de reestructuración de la deuda CITGO-CITGO Holding presentada por las dos firmas antes mencionadas y dentro de los parámetros de la propuesta.
La junta directiva para ese momento estaba conformada por las siguientes personas:

Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de Pdvsa).

En acta se lee que una vez culminadas las negociaciones, los términos finales deberán ser presentados a la junta directiva de PDVSA para su aprobación. El acta está firmada por Humberto Perniciar

De acuerdo a las evidencias, el refinanciamiento de la deuda de Citgo con Frontier y Apolo fue debidamente aprobado por los miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela en junio de 2017.

Las evidencias muestran que la directiva de la empresa estatal conocía los términos de la reestructuración. Este caso llevó a la acusación por parte del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, de seis directivos de Citgo, incluyendo el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk y los vicepresidentes de la filial: Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano.

Saab declaró en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio Público en Caracas el 21 de noviembre de 2017, que los altos ejecutivos detenidos "firmaron" contratos que comprometían el futuro de Citgo.

Los cargos que se les imputan a estos altos ejecutivos son peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.

Saab detalló que la alta gerencia de Citgo, "valiéndose de su investidura, firmó un acuerdo internacional con dos empresas financieras".

Según Saab el contrato se hizo para "solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para PDVSA". Añadió que en el referido contrato, se ofreció como garantía la propia filial (Citgo), comprometiendo el patrimonio de la República.

Saab afirmó que el acuerdo permitía un financiamiento por un monto de hasta 4.000 millones de dólares "sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional". No obstante, como se muestra en el acta de la reunión 2017-17 la directiva en pleno de PDVSA conoció el proyecto y solicitó la aprobación del mismo.

La normativa señala que le corresponde a PDVSA como el accionista de CITGO reportar al Ministerio y al Ejecutivo. CITGO  estaba obligado a pedir aprobación a PDVSA.

lunes, 8 de enero de 2018

Crystallex sigue sin recibir pagos de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La transnacional canadiense Crystallex no habría recibido los pagos adeudados por Venezuela  que fueron acordados en un cronograma de 3 años establecido por las parte para pagar las obligaciones generadas por la expropiación de los activos de la corporación durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Crystallex y Venezuela hicieron un acuerdo en base a pagos con montos fijados entre las partes. Así, el país sudamericano debía haber cancelado a la minera $25 millones en noviembre de 2017, $15 millones en diciembre de 2017 y en enero de 2018 otros $10 millones. 
Hasta el 4 de enero de 2018 los pagos no habían sido reportados aseguró una fuente ligada al caso.

Siguen a la espera 

De acuerdo a declaraciones públicas del CEO de la transnacional canadiense, CEO Robert Fung no se recibieron los pagos previsto para las primeras fechas fijadas en el acuerdo de solución del conflicto.

La declaración de Fung  fue hecha durante una audiencia en la corte de bancarrota de Toronto el 20 de diciembre de 2017. El ejecutivo dijo en ese entonces que no habían recibido el primer pago pero que les habían avisado que los desembolsos se habían iniciado desde Venezuela y que por lo general se toman 3 ó 4 semanas. El acuerdo tiene 30 días de período de gracia. Los pagos no se concretaron en diciembre de 2017 y en lo que va del mes de enero de 2018.

Desestimada demanda

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó el 3 de enero de 2018 la demanda presentada por la minera canadiense Crystallex contra PDVSA de Venezuela, que buscaba tomar el control de Citgo, como parte de una larga disputa sobre la nacionalización de los activos de la compañía en 2008 por la nación sudamericana.

Contrario a las esperanzas de Crystallex, el tribunal esta vez se puso del lado de los abogados venezolanos, que argumentaron que PDVSA y Citgo son entidades separadas del país, que fue el demandado en la demanda original.


Crystallex International Corp está tratando de recaudar $ 1,2 mil millones más intereses otorgados en 2016 por un tribunal del Banco Mundial contra Venezuela, que el gobierno de ese país se se ha negado a pagar.

La compañía ha argumentado que las operaciones financieras de Citgo en 2015 y 2016, incluidas las emisiones de bonos y los pagos de dividendos, fueron "transferencias fraudulentas" para evitar que Crystallex recaude el premio.

La 3ª Corte de Apelaciones del Circuito de los EE. UU. aceptó la solicitud del demandado para desestimar la demanda porque la acción legal original de Crystallex es contra Venezuela en lugar de Citgo, que es propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La aspiración de la empresa canadiense Crystallex de cobrar el dinero que le adeuda Venezuela desde el momento en que el fallecido presidente, Hugo Chávez, expropiara la mina “Las Cristinas” en el año 2002, al parecer continuara siendo eso: una aspiración, toda vez que la batalla que desde entonces mantiene a través de diversos flancos para lograr el resarcimiento luego de haber sido despojada de sus activos en el país suramericano amenaza con no llegar a una resolución, por lo menos, en el tiempo próximo.


El tribunal dictaminó que a PDV Holding Inc. (Citgo) no le correspondía ser el blanco de la demanda, en virtud de que el laudo de arbitraje que mantiene la empresa es contra Venezuela y no contra una empresa filial de la estatal venezolana.

Crystallex acusó que entre 2015 y 2016 se llevaron a cabo varias operaciones financieras de Citgo que no eran otra cosa que "transferencias fraudulentas" dirigidas a evitar que el Estado venezolano pagara la deuda que mantiene con la empresa. Venezuela se defendió con el argumento de la demanda debía ser desestimada, toda vez que la filial petrolera —Citgo— no es el objeto de la acción legal emprendida por la minera.

De esta forma, la compañía canadiense productora de oro continuará sin cobrar, por ahora, dadas las maniobras emprendidas por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro —sumergido en una cruda crisis e insolvente— pese a que un arbitraje internacional determinó que la administración venezolana debía cancelarle a Crystallex una indemnización por el despojo del que fue víctima.

Una de las acciones que Crystallex adelantaba apuntaba a embargar las acciones de PDVSA en PDV Holding Inc, la matriz incorporada de Citgo en Delaware. Pero tal como se ha informado anteriormente, la empresa canadiense ha emprendido su batalla desde varios flancos, siendo este un caso que se inició en noviembre de 2015 —antes, incluso, de ganar el citado arbitraje en el CIADI por 1,5 mil millones de dólares.

Acciones legales para cobrar

Entre las acciones legales del caso Crystallex destaca una presentada por la transnacional canadiense el 19 de junio de 2017 en el Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware con miras a apoderarse de Citgo, argumentando que esa corporación pertenece a Venezuela (legalmente PDV Holding) con el objeto de poder resarcirse por el daño de que fue objeto con la expropiación. El 21 de diciembre de 2017, el Juez Principal de la Corte Federal, Leonard Philip Stark escuchó la exposición de reclamo de Crystallex, al haber Venezuela incumplido con el pago de 25 millones de dólares establecido un acuerdo al que las partes habían llegado por iniciativa venezolana. 

La decisión sobre esta petición en particular del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, alcanzada con dos votos en contra y uno a favor, estableció que el deudor de Crystallex es la República de Venezuela y no Citgo ni PDV Holding, de acuerdo a los términos del estatuto de Transferencia fraudulenta.

La jueza Marjorie Osterlund Rendell, de la Corte de Apelaciones, dijo que "a primera vista, este caso parece sumamente complejo, con su enredo de deudores, acreedores, subsidiarias, alter egos y transacciones corporativas internacionales complejas (…) Pero cuando uno atraviesa este pantano, la pregunta en el centro de este caso es bastante simple: ¿puede una transferencia por parte de un no deudor ser considerada una ‘transferencia fraudulenta’ según la Ley de transferencia fraudulenta de Delaware (DUFTA)?".

Y agregó: "Estamos obligados a concluir que una transferencia por parte de un no deudor no puede ser una ‘transferencia fraudulenta’ en virtud del DUFTA", concluyó el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, pero amonestó el comportamiento de Venezuela al considerar que "si bien no condonamos las acciones del deudor y del cedente, debemos concluir que Crystallex no ha declarado un reclamo bajo el DUFTA".

En conclusión, para el tribunal Crystallex tenía una querella por 1.4 mil millones de dólares contra Venezuela y no contra PDVSA o PDV Holding, lo cuales no pueden tenerse por deudores en el sentido de la ley y, por ello, podían transferir libremente los fondos sin violar el estatuto de ‘transferencia fraudulenta’".

Cabe destacar que Crystallex no es la única que mantiene este tipo de litigio por transferencia fraudulenta con PDVSA, sino que este también el caso de ConocoPhillips, por lo que una decisión de uno o de otro sentaría jurisprudencia para otras decisiones.

Ahora bien, si la nueva estrategia de PDVSA es no pagar por un viraje en torno a lo establecido en el acuerdo, la nueva decisión del Tribunal sólo serviría para imprimirle bríos a Venezuela en su negativa a cancelar sus obligaciones.


Acuerdo violado

En la cruenta batalla legal y por todos los frentes, sostenida entre la empresa canadiense y Venezuela, esta última había propuesto un acuerdo secreto según el cual Crystallex International y el gobierno de Venezuela resolverían la disputa de 1.2 mil millones de dólares generados por la nacionalización de los activos de la empresa en Venezuela.

Tal acuerdo adoptado el 15 de noviembre de 2017 —que debía permanecer sellado— había sido aprobado por el juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto, Glenn Hainey. Un pacto al que habrían llegado luego de largos meses de negociaciones que terminaron el 20 de noviembre, cuando el director de Crystallex, Harry Near, hizo acuse de recibo de la versión oficial firmada y sellada del Acuerdo.

En este entonces, el directivo de Crystallex manifestó su beneplácito en vista de que "la cantidad de recuperación” que la empresa obtendría en el acuerdo de conciliación era “extraordinaria en comparación con el monto de la compensación”.

Posteriormente, el monitor designado por el tribunal, Ernst & Young, dio a conocer algunos detalles del acuerdo que establecía que Venezuela debería pagar aproximadamente 440 millones de dólares hasta el final de 2020, límite ordenado por el Tribunal acerca de lo que este podría revelar. "De conformidad con la orden suplementaria, este informe suplementario del supervisor solo proporciona la divulgación de pagos en virtud del Acuerdo de conciliación hasta el final de 2020. Hay cantidades pagaderas al solicitante de conformidad con el Acuerdo de conciliación después de 2020", informó el monitor.

Se decía que el gobierno de Venezuela pagaría a Crystallex una cantidad de la compensación más intereses. Se trataría de un pago inicial seguido de cuotas mensuales, para después pagar unas cuotas anuales hasta cubrir la deuda. Sin embargo, las fechas exactas de los pagos eran parte del secreto. Crystallex, por su parte, debía suspender todas las acciones y procedimientos legales emprendidos para hacer cumplir el Laudo.

El calendario de pagos descrito hasta 2020, refería que Venezuela debía pagar 25 millones de dólares en noviembre pasado y 15 millones en diciembre, mientras que en enero el pago debía ser de 10 millones de dólares.

"Crystallex aún no ha recibido el primer pago según el Acuerdo conciliatorio, pero se le informó que el pago inicial fue iniciado por Venezuela", dijo el gerente general de Crystallex, Robert Fung, a través de un Aviso de moción que se conoció el 19 de diciembre de 2017 en el tribunal de quiebras de Toronto reseñado por Latin American Herald Tribuna. "Las complejidades de la ruta para tales pagos pueden resultar en que los pagos de Venezuela a menudo tarden de 3 a 4 semanas en recibirse desde el inicio, y el Acuerdo de conciliación contiene un período de curación de 30 días para que Venezuela solucione cualquier incumplimiento de los pagos programados. Actualmente espera que reciba todos los fondos de la primera cuota dentro del período de recuperación previsto en el Acuerdo de conciliación".

Allí se indicó que Venezuela comenzaría  a hacer "pagos mensuales iguales” que sumaban 262 millones 500 mil dólares para el período comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020".

De igual forma, Venezuela realizaría "cinco pagos adicionales semestrales que comienzan el 31 de julio de 2018, con el primer pago de aproximadamente $ 28,100,000, y cada pago subsecuente se reducirá en aproximadamente $ 1,200,000". De este modo, Crystallex recibiría unos 441 millones de dólares hasta fines de 2020.

Luego de que Venezuela pagara la última cuota, la empresa canadiense suspendería o  concluiría  todas las acciones y procedimientos legales dirigidas a obtener la compensación. "Si Venezuela incumple cualquiera de sus obligaciones de pago en virtud del Acuerdo de conciliación, Crystallex tendrá derecho a reiniciar todas sus actividades de cumplimiento suspendidas por el acuerdo, así como perseguir e iniciar nuevos esfuerzos de cumplimiento y recaudación", dijo Near.

Venezuela debía cumplir al pie de la letra lo acordado, pues de no hacerlo Crystallex recuperaría sus derechos y podría reiniciar todas las acciones legales suspendidas. Esto parecer ser lo ocurrido, por lo que solamente se esperan las acciones que el consorcio canadiense llevará a cabo.

Piden quitar sellos del acuerdo

Entretanto, el portal digital Latin American Herald Tribune solicitó a la Corte del Distrito de Delaware quitar los sellos del acuerdo suscrito entre Crytallex y Venezuela y hacer públicos los términos del mismo.

El medio de comunicación le pidió al juez Leonard P. Stark, eliminar el secreto en razón de que se trata de un contrato de interés público. Crystallex dijo que esto no es posible pues la confidencialidad es una condición exigida por el gobierno de Venezuela.

Latin American Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— le manifestó al magistrado su preocupación por el hecho de que en fecha 1° de diciembre, la representación legal de minera canadiense presentó un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware en el que violaba las reglas locales para el sellado al no contar con la autoridad para emprender dicha acción judicial bajo sello. En tal sentido recordó que la “autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte” y que "una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

Igualmente, el editor advirtió que luego de entregada la carta el 1° de diciembre debía presentarse una versión redactada como lo reza la ley, lo cual transcurridos once días no había ocurrido. Tampoco se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

El portal reclama que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como por la Primera Enmienda de la constitución, de poder observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

De este modo exigieron que el documento #40 del expediente de Crystallex se abra al público, toda vez que dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del tribunal para que el documento se mantenga bajo sello.

Según el portal, el caso de Crystallex tiene consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos, por lo que deben hacerse públicos sus términos.

Por otra parte, alerta que el acuerdo podría contravenir las sanciones que el gobierno estadounidense que prohíben entablar negociaciones comerciales con ciertos funcionarios venezolanos.

Latin American Herald Tribune informó en noviembre de 2017 la noticia del acuerdo a que habían llegado las partes, pero por una solicitud para aplazar una audiencia en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Venezuela reveló que había cumplido con el pago de los 40 millones de dólares de pago inicial establecidos en el acuerdo y que debieron producirse el 30 de noviembre y el 30 de diciembre.

"El hecho de que Crystallex haya estado de acuerdo con el aplazamiento de la audiencia durante al menos seis meses sugiere que deben haber tenido una garantía demostrada de que los pagos iniciales por un total de $40 millones estaban en camino", dijo Russ Dallen editor de Latin American Herald Tribune y agregó que este hecho "posiblemente podría explicar la caída de $44 millones en las reservas de Venezuela que vimos el 26 de diciembre".

Para Venezuela la confidencialidad es un asunto estratégico, dado que aún tiene que abordar varios casos con otros acreedores a quienes adeuda cientos de miles de millones de dólares.

Estrategia legal de Crystallex

Desde que tuvo lugar la expropiación de los activos de Crystallex en Venezuela, la empresa asumió una agresiva política y estrategia legal contra el gobierno venezolano para reclamar sus acreencias.

En fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC que confirmó y registró el laudo de arbitraje de $ 1.4 mil millones en contra de Venezuela, luego de haber dado tiempo suficiente a Venezuela para apelar, pagar la sentencia o pagar una fianza, dictaminó que Crystallex estaba calificada para iniciar acciones en procura de hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

Después, el 9 de agosto, dicho el Tribunal Federal negó la solicitud de Venezuela para suspender la ejecución de la ley pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2017, el Tribunal Federal de Washington confirmó y registró la adjudicación de 1 mil 400 millones de dólares en contra de Venezuela. "Debido a que ninguno de los argumentos de Venezuela es suficiente para anular o modificar el laudo de la Convención de Nueva York, la Corte concede la petición de Crystallex para confirmar el laudo y niega la moción de desalojo de Venezuela", concluyó el juez del citado tribunal, Rudolph Contreras, al desestimar las objeciones de Venezuela.

El consorcio Crystallex quiso ampliar sus acciones contra Venezuela y por ello introdujo una demanda colectiva contra Petróleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, donde acusó a la petrolera de realizar un conjunto de transacciones fraudulentas  y movimientos accionarios de Citgo destinados a evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense.

Crystallex sostuvo que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advirtió que sus acciones legales proseguirían en los Estados Unidos hasta lograr cobrar las deudas.
Pero, además, Crystallex demandó a PDVSA, PDV Holding y Citgo en la Corte de Delaware por la "transferencia fraudulenta" de miles de millones de dólares de activos de Citgo fuera del territorio de los Estados Unidos. De esta manera, ahora también la rusa Rosneft fue acusada en la demanda en virtud de que una investigación del Latin American Herald Tribune puso al descubierto que Venezuela había hipotecado el 49.9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un préstamo de 1,5 mil millones de dólares.

La victoria inicial

En la razón de la negativa de Venezuela de resarcir a Crystallex luego de la expropiación de sus activos en el país suramericano, la empresa presentó el 16 de febrero de 2011 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El consorcio argumentó para su acción que Venezuela había violado un Tratado suscrito con Canadá para la "Promoción y Protección de Inversiones".

Para abril de 2014, el CIADI sentenció en favor de minera Crystallex y determinó que Venezuela debía pagar 1.202 millones de dólares más intereses, dado el trato injusto e inequitativo de Venezuela y por la expropiación ilegal de la inversión de Crystallex en el proyecto Las Cristinas.

El tribunal determinó que Venezuela había violado los artículos II (2) y VII (1) del Tratado al no otorgar a las inversiones de Crystallex en Venezuela un trato justo y equitativo y al expropiar ilegalmente esas inversiones. El CIADI ordenó a Venezuela pagar 1.386 millones de dólares por daños, calculados sobre la inversión de Crystallex en Las Cristinas de 1.202 millones dólares el 13 de abril de 2008 cuando Venezuela le negó el permiso ambiental.

Se determinó que Venezuela "frustró las expectativas legítimas de Crystallex (...) se involucró en una conducta arbitraria al denegar el permiso y rescindir el [Contrato que había firmado con Crystallex], y cometió varios actos carentes de transparencia y consistencia".

Por todos los flanco

Desde el momento de la expropiación Crystallex tomó la decisión de atacar por todos los flancos a Venezuela.

El objetivo era uno solo: lograr que el país suramericano le resarciera los daños sufridos al ser despojada de sus activos en Las Cristinas. El consorcio canadiense estaba dispuesto a obtener a como diera lugar su inversión en suelo venezolano.

Por ejemplo, en agosto de 2017, Crystallex logró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York sentenciara en su favor cuando aprobó el embargo de unos mil 202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Estos fondos los tenía destinados Venezuela para la repotenciación de unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

El juez Colleen McMahon ordenó a la oficina de Alguaciles autorizar la ejecución del mandato de la corte y tomar posesión del capital y los bienes muebles de Venezuela y sus órganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

La decisión preveía que de no hallar suficientes bienes venezolanos que embargar en Nueva York, Crystallex podía procurar otros activos del país deudor que pudieran ser embargables. La aspiración de la minera era apoderarse de los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Antes de eso, el 30 de junio, Crystallex había solicitado a la corte su autorización para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International PLC y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.

Una acción similar la presentó el 5 de julio con la intención de emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Eso sí, para evitar que el gobierno venezolano transfiriera o retirara por otras vías sus fondos y bienes en Nueva York y de los Estados Unidos, la empresa canadiense pidió al tribunal realizar el procedimiento sin participar al deudor previamente a la orden de embargo.

Pero Crystallex no pudo confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dado que estos estaban protegidos. El dinero, depositado en el banco desde 1992 para pagar un contrato de 315 millones de dólares que mantenía con la empresa Ingalls Ship building, es ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, por concepto de mantenimiento y reparación de fragatas navales.

Ingalls también demandó a Venezuela en un tribunal en Mississippi y en 2002 obtuvo una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela, razón por la cual Crystallex y pidió a un Tribunal de Primera Instancia determinar si había transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia aceptó la moción de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017 y por ello registró la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Para el 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia negó a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, lo cual facilitaba la ejecución de la orden de confiscar los fondos colocados por Venezuela en el del Banco de Nueva York Mellon y que pertenecían al  Ministerio de Defensa venezolano e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Por su parte, Venezuela alegó que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a través de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco. Los estatutos de la cuenta establecen que Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Para el gobierno venezolano, existe una diferenciación entre la República de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, algo que Crystallex niega con el alegato de que la República es un todo y como tal debe tenerse. La minera asegura que los fondos son propiedad exclusiva del deudor que, en este caso, es el Estado venezolano y que la cuenta se creó con un propósito comercial.

Visto los acontecimientos, es de prever que aún sea mucho el camino por recorrer en esta contienda de Crystallex y el estado venezolano.

viernes, 5 de enero de 2018

Mirtha Yépez convierte la artesanía Wayuu en moda para el mundo

Expresiones artesanales de los pueblos indígenas ahora son posible que formen parte de los accesorios de moda disponibles para el público a través de “My Putchi”, un proyecto sostenible que, además, contribuye al bienestar de las comunidades autóctonas venezolanas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La venezolanidad es algo que no se pierde, o mejor, que no se puede olvidar, así entre la patria y el lugar de destino medien 6.534 Kilómetros de distancia, porque el terruño mismo es fuente de inspiración diaria, la razón de la existencia, lo que mueve, lo que motiva. Es el caso de Mirtha Yépez, una venezolano-canadiense que viviendo en Montreal se hace rodear permanentemente del imponente río Orinoco, de tepuyes, del Salto Ángel, de la Guajira y del arte de las comunidades indígenas de la nación suramericana.
Esta mujer cosmopolita se dedica, entre otras cosas, a la promoción del trabajo y las expresiones de los pueblos indígenas de Venezuela desde 1996, a través de OrinoquiArt, que no es otra cosa que “Arte del Orinoco".
A esta inquieta artista, además del arte, le apasiona la moda, el turismo, los idiomas y hasta la administración de empresas, esto último, si se quiere, como la herramienta que le permite incursionar y ser exitosa en tan variadas actividades.

De este modo, cuando se define a sí misma y a su trabajo, lo hace como “emprendedora, viajera amante de la naturaleza, productora, locutora y corresponsal de ‘Sigue la Ruta Destinations’. A través de la lente —otra de mis pasiones— capto hermosas vivencias y puestas de sol en nuevos horizontes. Soy fundadora de OrinoquiArt, donde mis viajes van vinculados con la labor social, un portal del arte indígena venezolano y arte y diseño latinoamericano”.
Al comentar su hoja de vida da cuenta de haber realizado estudios en la Academia Venezolana de Radio, Cine y Televisión del Distrito Federal y Estado Miranda en Venezuela. Igualmente desarrolló una carrera como modelo profesional, con prueba de actuación en mano, en los canales de televisión venezolana RCTV y Venevisión.

En la década de los años ’90 decidió ir a Canadá, específicamente a Montreal, donde cursó estudios en instituciones locales y se integró a diferentes organismos como UNICEF Canadá, la Cruz Roja, Enfant Soleil y Accueil Bonneau.

Para el año 1996 recibió la propuesta de una diseñadora de formar parte de sus modelos en un gran evento de la moda en Quebec, con lo cual se incorporó a esta industria de la mano de firmas y exponentes de la pasarela como Lasalle College, Mariza Minicucci, Jean Airoldi, Mimi & Coco, Grupo Inditex, Zara, Donna Karan New York (DKNY), entre otras.

Asimismo, Mirtha Yépez estudió lingüística en la UQAM y de diseño de joyas en la Escuela de joyería Montreal, esto sin abandonar su pasión por los viajes, el arte, la moda y la cultura latinoamericana. “Arte, Moda y Cultura me definen, porque han sido mis compañeros hasta el presente”.

Dirige Les Collections La Piroquita Francesa Import-Export, La Piroquita Francesa Shop Online.

Sombreros indígenas para la gran moda

Apasionada de la cultura indígena latinoamericana, especialmente la venezolana, Mirtha Yépez decidió que las manifestaciones artísticas de estos grupos merecían y tendrían que darse a conocer en el mundo entero y, por ello, fundó “My Putchi”.

La denominación del proyecto proviene del idioma de los Wayuu, pueblo indígena que tiene su asiento en la Península de la Guajira que ocupa el norte de Colombia y el noroeste venezolano.

En lengua guajira “Mi Putchi" significa "La Palabra", la palabra de los Wayuu, de este pueblo conocido como gente del sol, la arena y el viento.

— En la comunidad wayuu, la palabra hace visible lo invisible y combina el pasado y el presente —comenta Mirtha Yépez al tiempo que se refiere al logotipo que utiliza, una tortuga, la cual representa "La Unión" entre el cielo y la tierra.

Este proyecto busca ofrecer la elegancia ecléctica y la seductora belleza de Suramérica con centro en la cultura popular y las cautivantes manifestaciones artesanales latinoamericanas.

Expresiones artísticas confeccionadas a mano y de alta calidad que merecen exhibirse y formar parte del guardarropa de todo aquel que aprecie la cultura de nuestros pueblos.

Para ella, cada sombrero que pone a disposición del público se convierte en una pequeña expresión del arte wayuu, piezas hechas a mano “que toma diez horas o más de un día confeccionarlos, dependiendo del diseño”.

“My Putchi” cuenta con dos sedes en Canadá, una en Montreal y la otra en la hermosa isla de Terranova ubicada en la zona más oriental de América del Norte.

Yépez refiere que “My Putchi”, “más que una marca es un proyecto sostenible” que puede transformar muchas vidas al respaldar las habilidades tradicionales, genera un ingreso estables para muchas comunidades que enfrentan condiciones de vida desafiantes y oportunidades restringidas.

Para ella es imprescindible preservar en el tiempo todas estas manifestaciones que corren peligro de perderse cuando los jóvenes indígenas se ven obligados a dejar sus comunidades para trasladarse a las áreas urbanas en busca de oportunidades.


Este sombrero me lo obsequió
 la artista en un encuentro que
tuvimos en Montréal Canadá  en
octubre de 2017.
Explica que el 20 por ciento de las ventas se destinan a abastecer a OrinoquiArt y FarmAyuda Foundation con medicamentos, fórmulas lácteas para bebés y útiles escolares para los niños de estas comunidades indígenas en Venezuela.

My Putchi forma parte de FEM International, una organización visionaria sin fines de lucro dedicada a promover la igualdad de género, los derechos económicos y el desarrollo sostenible.

“Nuestra misión es utilizar métodos de producción sostenibles para generar valor económico, social y ambiental, en beneficio de las personas y las comunidades, basados en los valores de calidad, respeto y equidad”, expresa la artista.

— My Putchi nació para compartir nuestro legado cultural con otras personas de todo el mundo, para traer esta "pieza de arte" tejida a mano usando técnicas transmitidas durante siglos de generación en generación. El público merece ver y vestir estos preciosos tesoros y hacerlos parte de su estilo de vida.

jueves, 4 de enero de 2018

Crece drásticamente solicitud de asilos de venezolanos en Curazao

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El número de ciudadanos venezolanos que han solicitado asilo en Curazao han aumentado drásticamente desde junio de 2017 y hasta ahora existen 200 solicitudes registradas en la sucursal de la Organización de Refugiados de ACNUR en la isla, lo que obliga al gobierno caribeño a buscar medidas preparatorias para el alivio de la situación.
En un artículo publicado en Antilliaans Dagblad se asegura que  el Consejo de Ministros de Curazao está trabajando para aprobar un fondo de atención a la crisis de refugiados con un presupuesto de aproximadamente 2.5 millones de dólares (4.5 millones de florines). El proyecto incluye crear campamentos que alberguen a los solicitantes de asilos. Pulse aquí para leer el artículo citado.

El periódico local asegura que la solicitud ya fue presentada al Ministro de Finanzas para su consideración pero que aún no ha sido aprobada. 

En la nota periodística se citan las declaraciones del Primer Ministro  Eugene Rhuggenaath ante Parlamento de la isla durante una sesión celebrada el 3 de enero de 2017. 

Aunque el presupuesto no parece demasiado, para el gobierno de Curazao es un gran problema. En el pasado -en varias ocasiones- el gobierno curazoleño ha explicado al gobierno del Reino Neerlandés que la isla tiene recursos muy limitados para ayudar a proteger a estos refugiados y que la máxima capacidad que tiene para usar sus propios recursos sólo sirve para atender a 250 refugiados. 

El gobierno de Curazao ha argumentado que el asunto de los refugiados sociales y políticos cae bajo la responsabilidad del Reino de Holanda, ya que es el Reino Neerlandés el que está a cargo de los Asuntos Exteriores de los gobiernos insulares (Curazao, Aruba, San Martín). 

Hasta ahora, el Reino neerlandés ha sido reacio a proporcionar ayuda y asistencia para atender este asunto. El tema de los refugiados se debatió ampliamente durante la última deliberación interparlamentaria entre las partes del Reino celebrada en La Haya del 14 al 16 de junio de 2017. 

El gobierno de Curazao todavía está luchando por el máximo apoyo de Holanda, por lo que en este punto sigue siendo un asunto constante. 

Rhuggenaath también ha explicado que el gobierno de Curazao ha asignado un terreno que puede servir para la instalación de los campamentos para refugiados, la organización local de la Cruz Roja se ha puesto a cargo del proyecto. 

El primer ministro también ha declarado que aunque no está claro hasta qué punto los venezolanos han solicitado asilo, las cifras extraoficiales sobre las que fue informado le preocupan. Se refiere solo a las solicitudes presentadas en el ACNUR, cuyas cifras muestran un aumento drástico en relación con el año anterior. 

Representantes del ACNUR han visitado recientemente Curazao y se sospecha que los representantes han instado a los venezolanos indocumentados -que ya residen en la isla- a que se inscriban para solicitar asilo, por lo que se teme que si ese es el caso, esto tendrá una influencia de promoción en aquellos que aún no lo hayan hecho.

Según fuentes consultadas la cifra exacta de refugiados se desconoce pero muchos creen que pudiera superar las 1000 personas.

El  citado artículo declara que el presupuesto de 4.5 millones de florines no ha sido aprobado aún y que un plan de evacuación y capacitación se discutirá con el ministro de Asuntos Internos del Reino en los próximos días.

Todo indica que el Reino de Holanda se verá obligado a tomar una decisión sobre la materia.

La policía local ha informado al gobierno de la isla que la presión de lidiar con todo este trabajo extra relacionado con la recogida de refugiados en el mar y la búsqueda de personas indocumentadas en la isla se está volviendo demasiado difícil de manejar y esta es la razón por la cual  el trabajo habitual de la fiscalía se está quedando atrás. 

La capacidad humana actual de la fuerza policial curazoleña no es suficiente para manejar todo el trabajo extra que está causando el problema de los refugiados venezolanos. 

Estos son los problemas de un país de pequeña escala.  

Hasta ahora las autoridades no tienen claro cómo resolver este problema.

La Trata de personas: Un delito que en Venezuela se incrementa por la crisis económica

Sin bien la trata de personas o trata de blancas es un flagelo casi tan viejo como la humanidad misma, las circunstancias imperantes en Venezuela, la grave crisis económica y la inacción por parte de las autoridades, han propiciado que el delito se incremente, tanto a lo interno como a lo externo, dado el cada vez más grande número de personas que huyen del país buscando aliviar la situación ejerciendo el oficio más antiguo del mundo.


Por Maibort Petit
@maibotrpetit

No. Ciertamente esta no es una historia original sino tanta veces repetida que hace que la misma se convierta en una alarma social que debe ser mirada con otros ojos por las autoridades de la comunidad internacional. Existen poderosas mafias de trata de personas o trata de blancas, como también se le conoce, que desde hace décadas opera en Venezuela donde sus tentáculos están firmemente prensados y se lleva a cabo abiertamente con la venia  de los gobiernos locales y, especialmente, de los sectores poderosos de los estados Falcón, Lara, Zulia, Trujillo y Mérida. Es tal el problema de la llegada masiva de jóvenes venezolanas a las islas de Caribe, principalmente a Curazao, que se ha convertido en un asunto de discusión del gobierno local. Y es que a diario llegan a las orillas de varios puntos de la geografía curazoleña los pequeños peñeros que parten de las costas de Paraguaná, o del litoral central y descargan a las mujeres que, en muchas ocasiones, solo visten trajes de baños, para engañar a los guardacostas que vigilan la llegada de extranjeros al país caribeño.
En visita a la isla tuvimos oportunidad de conversar con dos jóvenes que llegaron a la isla por avión. Roxana fue la primera en darnos una entrevista clandestina, en un bar ubicado en una de las zonas más populares de la isla y donde trabajan muchas venezolanas, desempeñándose inicialmente como ficheras.

Una historia que se repite

Roxana nació en Maracaibo y me aseguró que la necesidad económica la llevó a salir del país.  "Esto no es un secreto para nadie, la crisis lleva a buscar solución en otra parte. No es lo más fácil pero es lo que hay", dijo la joven de 25 años.

Roxana tiene dos niños y asegura que sus acciones buscan sobre todo conseguir dinero para poder alimentar a su familia y brindarles la seguridad económica que en Venezuela no puede conseguir.

Asimismo asegura que su familia sufrió una tragedia en Venezuela puesto que se les desplomó la casa. Eso ocurrió como a los cuatro meses de haber llegado a Curazao.

Confesó Roxana —quien es víctima de las mafias de trata— que a ella le ofrecieron venir al país  bajo engaño ya que la promesa fue un trabajo en una barra vendiendo tragos en un bar a la orilla de la playa “y aunque pensé que no todo puede ser fácil, creí que podía ser posible una [buena] oportunidad”, dijo la mujer.

“Vi que la propuesta era la única salida a mano, aunque me preocupaba mucho la seguridad que a todas estas no existe en Venezuela. Pero la realidad es que llegué a Curazao con una deuda inicial de 1.300 florines (LNG)”.

— ¿De dónde se genera esa deuda?

— La gente que te trae aquí te paga el boleto por avión desde Venezuela a Curazao, te alquila los dólares que las autoridades migratorias de la isla exigen a los venezolanos para entrar al país, te busca en el aeropuerto hasta una habitación que te arriendan por un mes y comida. Todo eso cuesta 1.300 florines que es una deuda que debes pagar como punto prioritario del compromiso de trabajo.

Dice la joven que las promesas se desinflan desde el primer día, porque si bien es cierto que cuando llegan al aeropuerto las buscan, las llevan a donde vivir pero no hay comida sino que las llevan a los bares donde tienen que "fichar", “no te explican qué tienes que hacer ni te dan orientación alguna. Nada”.

Explica que una de las mafias de trata de blancas  más poderosa de Venezuela funciona en Punto Fijo, estado Falcón. "Esa persona te entusiasma, te dice que en Curazao se gana bien, y que ella paga el pasaje, allá nos arreglamos y en una semana sales de la deuda, al mes te puedes ir a tu casa y resuelves 6 meses en el país."

— Una vez que llegas a la isla te das cuenta que todo es mentira. Viven 6 mujeres en una habitación donde comparten camas, baños, cocina y todo. Además te obligan a pagar el agua y el servicio de electricidad que aquí es muy costoso.

Explica Roxana que en el aeropuerto en Venezuela los  encargados de la mafia de trata de blancas les dan 1.000 dólares (alquilados) por los cuales deben pagar 100 dólares por servicio de alquiler.

Roxana no ha terminado de pagar su deuda por lo cual no ha podido liberarse de la mafia. Paralelo a ello, se ve obligada a trabajar en una barra, es ilegal.

Mariela es otra de las chicas que trabaja como fichera en el bar de Willemstad. Tiene apenas cinco meses en la isla y dice que su experiencia es diferente a la de Roxana. Nació en Coro, tiene 35 años y fue captada por una agencia en su ciudad natal.

Asegura Mariela que existe toda una organización de trata de blancas en el estado Falcón que, inclusive, coloca avisos en la prensa para captar nuevas víctimas y a muchas las transporta por lanchas desde la Península de Paraguaná hasta Curazao, arriesgando la vida de las mujeres que huyen de la aguda crisis económica que vive el país suramericano.

Explica que los lancheros transportan a personas y mercancía casi a diario. "Conozco a muchos que han tenido esa experiencia. Se montan en las lanchas, pagan a la mafia y los dejan en las costas en la madrugada o en la noche para así violar la vigilancia de los guardacostas".

Dijo que por ahora se queda en Curazao para trabajar en el bar porque no puede regresar, puesto que en Venezuela no tiene ni trabajo ni medios para sobrevivir.

Campo Alegre un prostíbulo amparado por la ley

Situado en un lugar privilegiado de la isla de Curazao, “Campo Alegre” es una enorme edificación que alberga a mujeres que se dedican a la prostitución y que cuentan con el apoyo del gobierno local. 

A pesar de la seguridad, en nuestra visita a Curazao logramos entrar a la edificación y comprobar con nuestros propios ojos los desmanes que viven allí las víctimas las trabajadoras sexuales. Mujeres jóvenes que en su mayoría no pasan de los 30 años permanecían sentadas en las butacas que mostraban los años de uso, se resignaban a jugar con sus celulares esperando la llegada de un cliente que les permitiera junta el monto para pagar la habitación.
Para que tenga una idea de lo que ocurre en ese centro, saquen la cuenta del costo diario del alquiler de la habitación que equivale a 150 florines, más el costo del agua, electricidad, peluquería, comida, etc. Cada cliente paga un promedio de 50 florines por servicio sexual, lo que indica que -mínimo- cada mujer debe tener 3 clientes para el pago de su habitación y otros 3 -al menos- para pagar el resto y lograr algo de lucro. 

El agua es costosa y escasa por lo que cada mujer se le provee de un tobo de agua para sus necesidades, sin derecho a un segundo debido a los elevados precios. 

Aunque no logramos conversar con los administradores del lugar, supimos que en el lugar  trabajan unas 100 mujeres -aproximadamente- que cuentan con la autorización legal del gobierno y son protegidas por los servicios de salud de la isla. También nos enteramos que los clientes que suelen acudir al centro para procurar caricias caras ha disminuido en un 50 por ciento motivado a la aguda crisis económica que vive el país.

Campo Alegre cobra 3 dólares americanos para entrar durante el día y más de 15 en las noches. Por lo general los que entran son hombres. Las mujeres visitantes no son bienvenidas pero ante la ausencia de reglas escritas suelen autorizar la entrada [como fue mi caso], obviamente sin saber que era periodista.

En el centro de recreación sexual se venden  bebidas y comidas sólo en efectivo, no se aceptan tarjetas de crédito ni de debito. Las áreas sociales no tienen aire acondicionado por lo que los visitantes padecen del calor y la humedad que caracteriza el clima de la isla.

Esclavas sexuales 

Lejos de ser el lugar ideal para ganar dinero, Roxana y Mariela coinciden en que es un verdadero infierno, y que las mujeres que prestan sus servicios sexuales en ese lugar son una especie de esclavas que son obligadas a pagar todos los servicios que usan y a pelearse por los clientes que cada día son menos y más exigentes.
Roxana cuenta que cuando llegó a Curazao fue a “Campo Alegre” a buscar oportunidad. "Ellos le abren las puertas a otras mujeres un día a la semana. Fui a conocer y a informarme cómo funcionaba y fue cuando me invitaron a trabajar allí."

Las mujeres que trabajan legalmente en “Campo Alegre” son provenientes de Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y otras zonas del Caribe y Suramérica. “No hay venezolanas entre las trabajadoras legales”, dice Roxana y se debe a que las reglas de ese lugar fueron hechas cuando en Venezuela aún no había crisis económica y no existía el exceso de prostitutas que ha surgido en los últimos años.

Dice la gerente del bar donde trabaja Roxana y Mariela que en “Campo Alegre” no hay venezolanas porque no son aceptadas y que solo puede conseguírselas los días martes en los eventos de Ladies Night.

— A las chicas venezolanas se les propone ir los martes a conseguir clientes que suelen estar cansados de las que viven allí (Campo Alegre) y buscan algo diferente, pero que es a la vez ilegal, puesto que esas chicas venezolanas no cuentan con la autorización del gobierno para trabajar. Son ilegales y los hombres que usan los servicios lo saben.

Explica Roxana que los días martes cuando las venezolanas llegan al lugar y consiguen clientes, deben alquilar una habitación por 50 florines a las mujeres que viven en ese lugar, o salir del recinto para irse a otros hoteles de la zona.

Refiere que “Campo Alegre” es un lugar donde hay unas cien mujeres que están obligadas a pagar 50 florines diarios por la habitación, aunado a los servicios de electricidad y peluquería.

— Para colmo, no hay servicio de agua con regadera en los baños y a cada mujer le dan un tobo de agua por día y deben usarlo de una manera cuidadosa, porque no pueden pedir más.

Como son tantas las mujeres que hay, deben pelearse por los clientes, lucir extremadamente sexys para poder captar la atención de los visitantes y así poder ganar dinero.

Cuenta Marina, la gerente del bar, que en una oportunidad fue de paseo y con ella se embarcaron tres muchachas que trabajaban en “Campo Alegre”, y allí supo que deben pagar 1.000 florines de multa si llegan tarde al lugar de trabajo. "Ellas pueden salir desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Si llegan luego de esa hora están penalizadas y deben pagar el monto de la multa".

¿Regresar a un país en ruinas?

Las mujeres que son captadas por las mafias están obligadas a pagar hasta el último centavo de florín para poder lograr su libertad. Con deuda no es posible salirse, y por lo general las deudas se hacen impagables por lo que son abusadas de manera reiterada.

Conversando con Roxana al respecto, la mujer dijo que aún mantiene la deuda con la mafia que la llevó a Curazao. "No es fácil pagarla" aseguró. Dijo que a pesar de ello tiene previsto regresar a Venezuela.
"Tengo que ir porque la persona que tiene a mis dos hijos también quiere inmigrar a Colombia y no lo ha podido hacer, justamente, por estar cuidando a mis niños. Yo voy a resolver, aquí estoy ilegal, no puedo mandar a buscar a mis hijos porque ellos no tienen pasaporte, mis padres no pueden viajar y el padre [de los niños] está muerto".

La mujer asegura que regresará a Curazao, aunque sea en lancha, o se irá a otro lugar, porque definitivamente en Venezuela no se puede vivir con la hiperinflación que acaba con cualquier salario que pueda pagar la empresa privada o el mismo gobierno.

Roxana confiesa que se siente mal cuando piensa en lo que hace, pero luego de reflexionar siente que ella no lo hace porque le gusta, sino por necesidad. “A nadie le gusta dejar a su país, llevándose una maletica, yéndote a un lugar donde te van a humillar, a vivir mal para ganarse algo para mantener a la familia. Aquí así no me quiera vestir con ropa corta, lo tengo que hacer para llamar la atención de los hombres”.

— Si no me visto sexy ningún hombre me va a fichar, no me va a invitar a un trago y yo gano por trago. Se debe llamar la atención del cliente, estar casi desnuda y, a veces, prácticamente rogarle que se acueste contigo. A nadie le gusta eso pero es lo que hay que hacer para ganar dinero para mandarle dinero y la comida a nuestros hijos.

Mariela confirma que al igual que Roxana debe hacer lo posible para atraer clientes que le permitan ganar el sustento de sus hijos. No es fácil, no es una situación deseada, sino una triste realidad que nos ha tocado vivir con la crisis económica que se vive en Venezuela.

Una historia de todos los días

Lo que cuentan Roxana o Mariela, es una historia de todos los días, un mismo cuento que se repite una y otra vez, tal vez con algunas variantes o una pequeña diferencia entre una narración y la otra, pero prácticamente siempre se trata de lo mismo. Mujeres que huyendo la precaria situación que se padece en Venezuela, optan por la prostitución en otras latitudes puesto que ejercer en el país tampoco es negocio, “allí todos están en crisis” y no hay mucho que buscar porque, sencillamente, casi no hay nada que conseguir.

Lo peor es que, como cuentan estas mujeres, lo que encuentran está muy lejos de ser el paraíso o la panacea. Un círculo vicioso las arropa, una deuda que se vuelve eterna, y la cual es casi imposible de cancelar por lo que se vuelve un “contrato a perpetuidad” del que pocas pueden librarse.

Pero hay excepciones, tal es el caso de Belfimar, una muchacha de Punto Fijo que logró escapar de una red de trata de blancas en la isla antillana.

La historia de Belfimar fue reseñada por el portal falconiano Cactus24. Allí, Ben-Hur Camacho, Finlandia de Camacho y Benfilca Camacho —padres y hermana de Belfimar— narraron la historia de esta joven que se fue a Curazao desde el aeropuerto “Josefa Camejo” acompañada de un hombre de apellido Hernández que le ofreció conseguirle trabajo como mesonera a través de una pareja de “amigos”, dueños del restaurante “Bandera Grill”.

“La estudiante de quinto semestre de Derecho en una universidad de Punto Fijo, que no pudo inscribir este semestre por razones económicas, quiso aprovechar la oportunidad de vivir por un tiempo en la isla caribeña y ayudar a su familia. Desde que pisó Curazao, la joven de 20 años mantuvo frecuente comunicación telefónica y comentó a su mamá que la pareja de curazoleños le habían asignado una habitación muy cómoda, pero no se ocuparon de ofrecerle comida. La muchacha también le comentó a su familiar, con extrañeza, que el domingo la dueña del restaurante la cambió a otra habitación pero lo que le causó suspicacia fue que el local tenía espacios utilizados para otro tipo de entretenimiento para adultos, por lo que no quiso quedarse en el lugar”[1].

Lo cierto fue que Belfimar contó con la suerte con que no cuenta la mayoría de las mujeres que acude a la isla a prostituirse, bien con conocimiento de causa o engañadas por hombres como “Hernández”.

Belfimar, al constatar que había sido víctima de un engaño escapó del sitio, cuyos propietarios la denunciaron y la acusaron de haberles robado 2 mil dólares.

Cuando la muchacha le contó estos hechos a su progenitora, esta le advirtió que debía buscar la manera de salir del restaurant, un consejo que Belfimar siguió al pie de la letra y, en cuanto tuvo la oportunidad, “le contó a un cliente lo que estaba sucediendo y éste acudió a la estación policial más cercana al local. La joven logró salir del negocio con la ayuda del ciudadano quien buscó dos agentes policiales, la puso en resguardo con una familia venezolana que intenta establecerse en la isla y la llevaron hasta la estación policial el pasado sábado 15 para que enfrentara la denuncia del supuesto robo de los dos mil dólares”.

Debido a este caso,  las autoridades policiales de Curazao capturaron a la pareja propietaria del restaurant “Bandera Grill”, así como también un policía que estaba presuntamente involucrado junto a los dueños del local en el tráfico de personas desde la península de Paraguaná hasta la isla, reseñó posteriormente Cactus 24, que agregó que para el momento de la publicación “Belfimar Camacho se encuentra retenida en un sitio secreto en condición de testigo bajo la protección de las autoridades, y sus familiares declararon que está recibiendo buen trato por parte de las autoridades y del consulado venezolano quienes facilitaron el viaje de su padre hacia la isla para gestionar el regreso de la joven a Venezuela”[2].

Telesur también informó 13 febrero 2017 que la Policía Nacional de Panamá rescató a 37 mujeres de diversas nacionalidades, entre ellas, venezolanas (también colombianas, dominicanas, nicaragüenses y panameñas), en un centro de diversión nocturno y una residencia, ubicados en La Chorrera, a 32 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, las cuales eran víctimas del delito de trata de personas

La oficial de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, Doris Geng, informó que “se detuvo a dos colombianas y una dominicana supuestamente vinculadas con la explotación de las mujeres. Un arma de fuego fue decomisada durante los allanamientos junto con su respectivo proveedor y municiones sin detonar, así como dinero en efectivo que se presume es producto de actividades ilegales”[3].

Pero todas estas acciones sólo son pequeños pasos que se dan frente al vertiginoso avance que experimenta esta actividad delictiva.

En la lista negra

A juicio de algunos, estas acciones de Venezuela son tan pocas que merecen incluir al país en listas negras por estimar que prácticamente no se hace nada por atacar la trata este delito.

Es el caso de Estados Unidos, cuyo gobierno, por tercer año consecutivo incluyó a Venezuela en su listado de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.

“En la ‘lista negra’ del informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. sobre el tráfico de personas en el mundo, publicado hoy, vuelven a aparecer este año Venezuela, Belice, Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria, entre otros. ‘El tráfico de personas es, lamentablemente, tan antiguo como la humanidad. Nuestra esperanza es que el siglo XXI sea el último siglo con tráfico de personas’, dijo el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, en el acto de presentación del informe”[4], reseña una nota de El Cooperante del 27 de junio de 2017

Una acción que fue rechazada por Venezuela a través de un comunicado emitido el 29 de junio de 2017 al advertir que el “referido informe, constituye una valoración sin rigor técnico internacionalmente reconocido, y que el mismo es promovido como matriz mediática que persigue politizar el tema con el fin de calificar a países, según su afinidad, con las instituciones y la agenda política del gobierno emisor del referido informe” y, por considerar que Estados Unidos “continúa entre los países con mayor número de casos de Trata de Personas en el mundo, tanto de nacionales como de extranjeros, sometidos a abusos sexuales y trabajo forzoso”[5].

Fronteras adentro

Pero la trata de personas no opera únicamente más allá de las fronteras venezolanas, pues también en el país esta es una realidad de la que da cuenta el portal Caraota Digital en un reportaje publicado el 28 septiembre de 2017[6] y en el cual se refiere que el narcotráfico, la trata de personas y los asesinatos, son el día a día de la prostitución.

En el trabajo se reproducen las declaraciones de Yonatan Matheus, director de la Asociación Civil Venezuela Diversa, quien advierte que “en Venezuela una persona trans solo tiene dos opciones: o es peluquera o trabajadora sexual”, esto debido a la ausencia de políticas de estado inclusivas que protejan a estas personas de “las vejaciones a las que tienen que someterse”.

El activista hace mención a un informe presentado por la ONG que dirige ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), donde se evidencia que “entre 2013 y 2015 hubo 21 muertes: 19 mujeres y 2 hombres gays. 73% de ellos menores de 34 años, situación que generó gran alarma en la organización”.

Por sus denuncias, Matheus debió salir de Venezuela por la amenaza de fue objeto por parte de bandas dedicadas a la trata de personas, las cuales aseguró que “se han fortalecido con el paso del tiempo, porque cuentan con el respaldo de funcionarios policiales, quienes cobran vacunas por los favores recibidos (…) El tráfico de drogas es el principal negocio de estas bandas. Los jefes de estas organizaciones delictivas usan a sus trabajadoras sexuales como narcomulas, algo grave, pero que cuenta con el respaldo de funcionarios policiales porque ellos son beneficiados. Ellos tienen acceso a la cocaína, heroína, popper y marihuana”.

“La trata es un problema grave, que se repite y con mucha frecuencia. Las líderes de las bandas reciben muchos beneficios por participar en estos delitos. Últimamente se ha escuchado mucho cómo la prostitución de venezolanos en otros países se ha incrementado y esa es la respuesta. En gran parte, son bandas delictivas las que están detrás de eso”, sentenció Matheus en el portal.

Allí también se lee un extracto del informe de la CIDH presentado en 2015 el cual reza: “De acuerdo con un estudio hemerográfico realizado en 13 estados venezolanos, habrían ocurrido 99 crímenes de odio por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género entre enero de 2009 a agosto de 2013. La CIDH recibió la información que hubo un incremento del 55,56% de los asesinatos motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en lo transcurrido del año 2013 (de enero a agosto de 2013) en relación al año anterior. Asimismo, un total de 53 amenazas y ataques contra personas LGBTI habrían ocurrido en Venezuela entre enero de 2009 y agosto de 2013″.

Venta de seres humanos

Aunque advierte que la publicación es sólo la traducción de un texto que reproducen y el cual no necesariamente refleja la opinión ni las políticas del organismo, la página de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por las siglas en inglés de United Nations Office on Drugs and Crime) da cuenta que “la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos”.

Refiere que la ONU en el año 2000 aprobó a través de su Asamblea General la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa esa Convención y que entró en vigor a fines de 2003. En su calidad de único instrumento jurídico internacional que aborda la trata de personas como delito, el Protocolo es el instrumento primordial de que se dispone para prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas y promover la cooperación entre los países a fin de hacer frente a ese delito. Si bien hasta junio de 2012 ya había 150 Estados parte en el Protocolo, y pese a que existe un grado considerable de compromiso político, la aplicación del Protocolo por parte de los Estados es aún muy desigual”.

Allí se define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”[7].

En el escrito de la UNODC se advierte que pese a que los países miembros han incorporado el contenido del protocolo a sus legislaciones nacionales. El delito aumenta exponencialmente y los esfuerzos por combatirlo continúan siendo mínimos.

“La forma más común de trata de personas descubierta por las autoridades nacionales es la perpetrada con fines de explotación sexual. Se calcula que, de todos los casos de trata registrados a nivel mundial en 2006, el 79% correspondió a esa modalidad, en tanto que, al parecer, el 21% restante de las víctimas fue objeto de trata con fines de trabajo forzoso u otras formas de explotación. Cabe observar, sin embargo, que esas cifras no son definitivas y pueden estar distorsionadas, habida cuenta de la importancia y visibilidad de algunas formas de explotación, en comparación con otras. Por ejemplo, puede ser más fácil descubrir a trabajadoras sexuales que son víctimas de la trata que a trabajadores de granjas o fábricas que han sido objeto de trata. Por otra parte, puede tenerse la impresión errónea de que los hombres no son víctimas de ese delito, lo que distorsiona aún más los coeficientes. Según datos más recientes, ha aumentado el número de casos descubiertos de trata de personas con fines de trabajo forzoso y otras formas de explotación”, reseña la página.

En tal sentido, advierten que la trata de personas no debe ser considerada únicamente una responsabilidad de las autoridades, sino de la sociedad en general. “Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema y asegurándose de que la penosa situación de las víctimas no pase inadvertida”.

Se recomienda que las personas se mantengan alertas y denuncien a la policía cualquier caso que les resulte sospechoso. Advierte que la ciudadanía debe informarse acerca de lo que autoridades nacionales y organizaciones no gubernamentales hacen para combatir este flagelo.

“Usted y sus amigos pueden sumarse a la Campaña Corazón Azul contra la trata de personas, dirigida por la UNODC, visitando el sitio www.unodc.org/blueheart. Esa iniciativa internacional actúa sensibilizando a la opinión pública acerca de la difícil situación de las víctimas y obteniendo apoyo político para perseguir a los delincuentes involucrados en la trata de personas. La Campaña Corazón Azul también está en Twitter (http://twitter.com/BlueHeartHT) y Facebook (www.facebook.com/BlueHeartHT)[9].

Pero entretanto, la acción de justicia se hace sentir, la conciencia de las personas las convierte en entes activos contra este flagelo, pero sobre todo, mientras la crisis económica, política y social de Venezuela no sea superada, casos como los de Roxana y Mariela seguirán repitiéndose y llenado las calles del mundo de mujeres que huyen del país para vender su cuerpo con la esperanza de sacar a los suyos de este atolladero en el que país está sumido desde hace casi veinte años.